La implicación del sector privado es decisiva para una buena gobernanza, y orienta a la consecución del bien común. El esfuerzo que los operadores privados destinan a garantizar la integridad en sus operaciones se considera un verdadero activo para las empresas, ya que, a parte de prevenir la corrupción en el sector público, permite mejorar la competencia leal en un marco de igualdad y garantizar los derechos de los consumidores.
Por eso queremos promocionar las buenas prácticas empresariales, impulsar mecanismos de autorregulación —como las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), los estándares éticos o los mecanismos de transparencia—, las actividades de sensibilización y las acciones de formación de los cuadros directivos más expuestos a riesgos de corrupción.
