La transparencia es uno de los elementos relevantes desde el punto de vista de la gobernanza. Por «gobernanza» entendemos el proceso mediante el cual el conjunto de las instituciones económicas, políticas y sociales de un país participa del ejercicio del poder. Se da «buena gobernanza» cuando la elaboración de las políticas es abierta, previsible y transparente; cuando el aparato burocrático actúa conforme a la ética profesional; cuando el ejecutivo responde de sus acciones; cuando una sociedad civil reforzada participa en los asuntos púbicos, y todo ello sucede en el contexto del Estado de derecho.
Los mecanismos destinados a garantizar la buena gobernanza son tres: en primer lugar, la existencia de normas y controles internos; en segundo lugar, la participación ciudadana; y en tercer lugar, la creación de las condiciones para que exista competencia en el sector privado. Así pues, en la consecución del bien común no solo se implican los poderes públicos, sino también otros actores decisivos, como los económicos, y la misma sociedad civil.
En este sentido, corresponde también a la Oficina Antifraude impulsar iniciativas orientadas a favorecer una participación responsable del sector privado en las políticas públicas.
Iniciativas destacadas
