Finaliza la fase de participación de la Carta de Servicios de protección de las personas alertadoras de la Oficina Antifraude de Cataluña con 115 aportaciones online y casi 30 personas en presencial
Una vez finalizada la fase participativa, el personal técnico de la Oficina analizará las propuestas recibidas para redactar un informe de retorno
19 de junio de 2026. Este lunes ha finalizado la fase participativa del proyecto para la elaboración de la Carta de Servicios de la Oficina Antifrau, que también ha contado con un grupo de participación de personas expertas.
Un proyecto pionero en su ámbito
El proceso participativo de la Carta de Servicios de protección de las personas alertadoras de Antifraude es un proyecto pionero en su ámbito, que nace con una doble finalidad: por un lado, comunicar de forma clara y transparente el funcionamiento del servicio y, por otro, incorporar la voz ciudadana en el documento final de la Carta de Servicios.
El proceso preveía la posibilidad de participar online, mediante la plataforma Decidim Antifrau, hasta el 15 de junio, y también presencialmente en dos sesiones que tuvieron lugar el 2 y 3 de junio en los centros cívicos Can Felipa y Pati Llimona de Barcelona, respectivamente. Estas sesiones fueron diseñadas por una empresa dinamizadora a través de una metodología específica: los participantes, distribuidos en pequeños subgrupos, debatieron en torno a dos ejes principales: los servicios de protección y los derechos y deberes de las personas alertadoras, analizando las diferentes fases y roles que intervienen a lo largo del procedimiento.
Adicionalmente, con el objetivo de debatir sobre las diferentes aportaciones realizadas por la ciudadanía durante el mes en el que permaneció abierta la fase participativa, el 16 de junio se celebró una sesión dirigida a personas de perfil experto de diferentes ámbitos.

La Directora adjunta de Antifraude, Olinda
Anía, interviene en la sesión de expertos.
Imatge: Antifrau
Las personas que participaron en la citada sesión, aportaron conocimiento desde diferentes ámbitos profesionales: Andrea Conte, Responsable de asesoramiento en materia de Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya; Maria Jose Rodríguez Puerta, investigadora y docente en derecho penal, criminología y justicia restaurativa de la Universidad Autónoma de Barcelona; Òscar Capdeferro, investigador y docente en derecho administrativo de la Universidad de Barcelona; Paco Pérez, abogado laboralista del Colectivo Ronda; Oriol Solé, periodista en el Diario.es; Raquel Montaner Fernández, investigadora y profesora de derecho penal y compliance en la Universidad Pompeu Fabra; y Xavier Uriós, jefe del Área de la Asesoría Jurídica de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT).
La participación en cifras
Hasta el momento, el proyecto ha sido un éxito gracias al elevado grado de participación en ambas modalidades. Así, la modalidad presencial ha contado con 29 participantes, mientras que la modalidad online ha registrado un total de 115 aportaciones, aunque el volumen real de propuestas es superior, ya que algunas de estas aportaciones recogen varias de forma simultánea.
En las sesiones presenciales han participado principalmente personas usuarias del servicio pero también responsables de sistemas internos de alertas, profesionales del ámbito del cumplimiento normativo y de integridad, así como ciudadanía en general.
Todo el desarrollo y la ejecución de esta fase ha contado con la supervisión de un Grupo Motor, un órgano integrado por nueve miembros formado por personal de la Oficina Antifraude, técnicos de la empresa dinamizadora y especialistas independientes en participación, transparencia y activismo.
Una vez finalizada la fase participativa, el personal técnico de la Oficina analizará las propuestas recibidas para redactar un informe de retorno que justificará de forma motivada cuáles se descartan y cuáles se incorporan. Está previsto que este documento se publique durante el mes de septiembre, de forma conjunta con la nueva Carta de Servicios de Protección. Este instrumento de calidad reunirá en un único documento los servicios disponibles, las condiciones de acceso, los estándares mínimos de calidad, los derechos y deberes de las personas usuarias y los mecanismos para presentar quejas o sugerencias.