Antifraude analiza los retos de los Sistemas Internos de Alerta (SIA) y la protección de las personas alertadoras
En un seminario online con 290 participantes en el marco del plan de formación de Antifraude para reforzar la integridad institucional
10 de diciembre de 2025. La Oficina Antifraude de Catalunya ha organizado hoy el seminario online 'Cuestiones controvertidas en la implantación de sistemas internos de alerta (SIA) y protección de personas alertadoras'. La sesión, dirigida a responsables y gestores de SIA del sector público y privado, ha contado con la participación de 290 personas.
La jornada ha empezado con Òscar Roca, Director de Prevención, que ha subrayado la coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción, recordando que los SIA y la protección de los alertadores están íntimamente relacionados con estos valores.
"La corrupción y las amenazas para la integridad son tan vigentes como siempre, bajo otras formas, y continuarán siéndolo mientras no seamos capaces de construir sistemas de integridad institucional robustos que aborden el fenómeno de manera sistemática, desde una perspectiva netamente preventiva y no reactiva", ha advertido el Director de Prevención Òscar Roca.
Implantación de los SIA
A continuación, Lourdes Parramon, Jefa de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación, detalló las funciones de las direcciones de Investigaciones y Prevención, subrayando el papel de la Oficina Antifraude como autoridad independiente de protección de las personas alertadoras. Parramon ha remarcado que "la implantación de los SIA y la protección de las personas no son compartimentos estancos, sino universos conectados".
Lourdes Parramon ha presentado los datos del Registro de responsables de los sistemas internos de información, que evidencian un cumplimiento insuficiente: 3.610 entidades han notificado nombramientos o ceses, de los que 3.077 son privadas y 486 públicas. También ha expuesto las denuncias recibidas en relación con la supervisión de los SIA: 52 entidades (56% públicas, 44% privadas), con motivos como la falta de sistema interno, vulneración de la confidencialidad, deficiencias en el anonimato, responsables no idóneos o conflictos de interés.
"La Oficina ha activado un servicio de consultas muy diverso, con más de 400 respuestas", ha añadido, mostrando ejemplos de las cuestiones más frecuentes.
Protección de las personas informantes
Posteriormente, Àlex Madariaga, Jefe de la Unidad de Protección de las personas informantes, ha analizado las controversias de la Ley 2/2023 y los retos en la protección de los alertadores. Ha advertido que todavía persiste "una cultura organizativa que no tolera el hecho de que las personas presenten denuncias o alertas. Esto es una práctica que estamos viendo continuamente: cada vez que alguien presenta una denuncia o una alerta, la reacción por parte de la organización es, en primer lugar, buscar quien ha sido".
Según Madariaga, el Barómetro de Antifraude muestra un dato “demoledor: el 81% de las personas encuestadas no informarían sobre corrupción”, principalmente por miedo a represalias y por la dificultad de reunir pruebas. Ha señalado que todavía falta un marco institucional que garantice la suficiente seguridad para alertar.
Madariaga ha puesto de manifiesto una primera controversia: "La persona que presenta una denuncia en Fiscalía queda fuera de los sistemas de protección. Esta controversia, nosotros, como Oficina Antifraude, hemos instado al gobierno, que está tramitando un anteproyecto de ley de protección de los alertadores, que esto lo corrija". Ha añadido que es un contrasentido que "un testigo, de acuerdo con la Ley 2/2023, no esté dentro del sistema de protección", y ha indicado que Antifraude ha pedido al gobierno que lo incorpore al anteproyecto.
"Las represalias no son tolerables. Y lo primero que debemos luchar es para que haya una cultura organizativa que esté en contra", ha sentenciado Madariaga. También ha advertido que otro punto controvertido es el plazo de protección, que en la actualidad es de dos años. Por último, ha apuntado otra petición al gobierno: "si la Oficina insta a la nulidad, que sea obligatorio que el otro inicie la nulidad".
Formación
Por último, Jordi Tres, jefe de Formación, ha presentado el plan de formación sobre SIA y protección de personas alertadoras, en el que se enmarca este seminario: "Este webinario es el inicio de un programa que continuará durante todo el 2026", ha explicado, adelantando que el primer semestre incluirá talleres con responsables de SIA del sector público y privado.