Se conoce como Sistema Nacional de Integridad (SNI), siguiendo la terminología de la organización Transparency Internacional, al conjunto de las instituciones y prácticas que definen la gobernabilidad de un país en el marco de una democracia avanzada. El control de la corrupción se considera una parte de esta aproximación integral ya que los países con mayor gobierno, -más democráticos, transparentes, participativos e igualitarios- presentan los índices de corrupción más bajos y los índices más altos de confianza de la gente en las instituciones y cargos públicos.

El buen gobierno se entiende como la forma de ejercer el poder orientada al interés general mediante una gestión íntegra de los poderes públicos para un desarrollo sostenible. Comporta la participación ciudadana en las decisiones públicas e implica un adecuado rendimiento de cuentas, vertical y horizontal. Tan importante es el control de abajo a arriba, a cargo de la sociedad civil, como un adecuado juego de pesos y contrapesos entre instituciones, mediante la vigilancia recíproca y la responsabilidad compartida, que asegure que el poder se dispersa y nadie tiene el monopolio.

Las doce instituciones que identifican como más significativas en este terreno son: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, el sector público, las agencias de aplicación de la ley - fiscalía, policía, agencias anticorrupción- los partidos políticos, el tribunal de cuentas, el defensor del pueblo, las juntas electorales, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector empresarial. Efectivamente, un sistema bien articulado debe tener un gobierno que trabaje por el interés general y no por intereses particulares de determinados sectores o élites y una administración profesional y eficiente. Pero también debe contar con entes de control independientes y eficaces, con unos partidos políticos al servicio del juego democrático, con medios de comunicación libres, con empresas responsables y con una ciudadanía bien informada y comprometida, capaz de ejercer un control social efectivo.

Incluso cuando la corrupción es endémica hay un componente de debilidad sistémica y es preciso poner énfasis en las reformas estructurales más que en la culpa individual.

Esta fórmula holística, basada en el estudio del funcionamiento e interrelación de los pilares o fundamentos que conforman el SNI de un país, permite comprender mejor sus fortalezas y debilidades y, sobre todo, ayuda a enfocar correctamente las reformas necesarias. Los cambios pueden afectar al marco de legalidad, que nos protege de la arbitrariedad y los abusos y las reformas legales son imprescindibles, pero habrá que acompañarlas de ajustes organizativos y burocráticos, de nuevos códigos de liderazgo o de reformas civiles.

La Oficina Antifraude trabaja con alguno de los ejes que, transversalmente, afectan a los pilares descritos. Mediante el asesoramiento normativo, es decir, sugiriendo modificaciones a leyes y normas de diverso rango, persigue la mejora del marco normativo desde el punto de vista de la integridad. Vela, por ejemplo, para que las instituciones dispongan de mecanismos de control suficientes y correctamente diseñados y buenos instrumentos de participación, para que quede garantizado el principio de igualdad o se defienda la imparcialidad en los procesos.

Actualmente centra sus esfuerzos en promover la transparencia del sector público, garantizar el acceso a la información pública e incidir en la educación de los jóvenes, con programas específicos para la secundaria y las universidades. También lleva a cabo acciones diversas de sensibilización y estudia las actitudes y percepciones de la ciudadanía.