Cuando un ente público regula un ámbito de la vida pública, social o económica, existen riesgos de corrupción; cuando un administración fomenta una actividad de interés general (subvenciones, premios, patrocinios ...), hay riesgos de corrupción; cuando se compran o contratan bienes o servicios, hay riesgos de corrupción; cuando se otorgan licencias, autorizaciones, permisos, certificaciones, hay riesgos de corrupción; cuando se realizan controles o inspecciones administrativas, hay riesgos de corrupción; cuando se sanciona, hay riesgos de corrupción ...

Todas las funciones públicas son intrínsecamente vulnerables a los riesgos de corrupción, es decir, el riesgo de que alguna persona abuse de su cargo o posición pública en beneficio propio o de un tercero. Por ello, en la construcción de la integridad institucional es indispensable asumir un papel activo en la prevención de la corrupción a través de la gestión de riesgos de corrupción así como con el establecimiento y aplicación de mecanismos de detección y respuesta ante conductas corruptas, ilegales o impropias.

Gestión de riesgos de corrupción

Las instituciones públicas actuales gestionan todo tipo de riesgos; los riesgos laborales son un buen ejemplo. El ordenamiento jurídico actual no establece todavía obligaciones para gestionar de similar manera los riesgos de corrupción, pero es bastante evidente la necesidad de hacerlo dadas las graves repercusiones que tienen para las propias instituciones y para la sociedad.

Están identificados en su organización las principales áreas de riesgo de corrupción; las más probables, las más graves? Se han previsto medidas preventivas para reducir la probabilidad de que estos riesgos ocurran? Quién es responsable de estas medidas? Y si a pesar de todo se acaban produciendo, se han previsto medidas contingentes para reducir la gravedad de sus consecuencias? Cuándo se pondrán en marcha cada una de estas medidas? Quién será responsable?

Mecanismos de detección y de respuesta

Estos mecanismos son herramientas claves de prevención de la corrupción si existen, están bien comunicados y gestionados, y las personas que forman parte de la organización perciben que está "bien visto" usarlos. No sólo porque ayudan a detectar conductas irregulares y responder con la mayor celeridad y con el menor perjuicio para la institución y para el interés general, sino porque si se aplican correctamente actúan como instrumentos disuasorios.

Su institución tiene los mecanismos necesarios para detectar conductas corruptas, ilegales o impropias? Y los instrumentos de respuesta adecuadas a cada caso? Se utilizan? Son efectivos? Son proporcionales? Cómo se miden y gestionan actualmente?

 

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