Todo ente público es creado para alcanzar unas determinadas finalidades de interés general. Para cumplirlas, le son otorgadas determinadas potestades y recursos (materiales, personales, económicos...). La gestión profesional implica que:

  • la organización diseña y comunica unas políticas donde establece los objetivos que persigue en su ámbito de actuación, todo contrastando su encaje con sus destinatarios y con el interés general;
  • asigna los recursos disponibles en función de aquellas políticas;
  • dispone de procesos y sistemas de trabajo que garantizan que la operativa se ajusta al marco legal y a los principios y valores públicos;
  • planifica la manera más eficaz, eficiente y económica de alcanzar los objetivos previstos;
  • evalúa el grado de cumplimiento y la calidad de los resultados y establece las mejoras necesarias, y
  • rinde cuentas a la ciudadanía de manera activa e inteligible.

Esta profesionalidad condiciona el funcionamiento operativo de la institución: el grado de eficiencia y legalidad tanto de los bienes y servicios públicos ofrecidos o las funciones públicas desarrolladas por la institución, como de la gestión de sus recursos humanos. Y resulta trascendental para la institución, porque muchas de las brechas a su integridad (conductas ilegales o simplemente faltas de ética) o las oportunidades de corrupción, se producen precisamente por falta de eficiencia, déficits de planificación, de comunicación dentro de la organización o entre instituciones, etc.

Gestión profesional de los recursos humanos

La forma en que se gestionan los diversos subsistemas de recursos humanos (selección, promoción, dirección de equipos de trabajo, formación, evaluación del cumplimiento, remuneración, reconocimiento...) incide directamente sobre la profesionalidad y el talento del equipo humano de una organización.

Los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad en la selección y la promoción profesional buscan garantizar que el mejor personal accederá a las diversas posiciones y cargos de la organización y por lo tanto garantizar el buen funcionamiento de la institución.

Se dirigen los equipos de trabajo para garantizar el buen funcionamiento y detectar y corregir deficiencias o desviaciones? Se garantiza la correcta gestión de los potenciales conflictos de interés de autoridades y personal (por segundos puestos; por recibir regalos y atenciones diversas al ocupar el cargo o lugar de trabajo; en el momento de dejar el cargo público para ir al sector privado, etc)?.

Gestión profesional de los servicios y funciones publicas

Todo ente público tiene encomendadas determinadas atribuciones; puede tener funciones reguladoras, de provisión de determinados servicios públicos, funciones inspectoras o de supervisión, de fomento de determinadas actividades consideradas necesarias para el interés general, sunciones sancionadoras...

La profesionalidad con la que se gestionan estos servicios y se ejecutan sus programas (como se planifica, como se ejecuta, como se evalúa y como se introducen las mejoras necesarias para garantizar la eficiencia y calidad), así como su grado de transparencia y el rendimiento de cuentas son claves desde el punto de vista del fomento de la integridad y la prevención de la corrupción.

La explicación es que buena parte de las “oportunidades” de abusos de la posición pública en beneficio privado, conductas ilegales o impropias, vienen dados por ineficiencias en la ejecución de estos servicios y funciones públicas (plazos demasiado largos, oferta de servicios claramente inferior a la demanda social, criterios de decisión pública desconocidos, procesos opacos…). Cómo se miden y gestionan en su organización todos estos indicadores de su gestión pública?.