Todos los entes públicos pueden fortalecer su integridad institucional. Pueden asumir un papel activo para fomentar la integridad de su organización, o bien dejarlo en manos de la suerte o de la buena voluntad de las personas que formen parte de la institución en cada momento.

Esta segunda opción, sin embargo, conlleva demasiados riesgos para las instituciones públicas. Genera oportunidades de abusos de la posición pública en beneficio privado, de conductas ilegales o simplemente comportamientos impropios de un servidor público. Riesgos que si se llegan a consumar se traducen en:

  • pérdidas económicas, de eficacia y de eficiencia para las propias instituciones;
  • desigualdades y situaciones injustas para la ciudadanía;
  • merma en la credibilidad de las instituciones públicas y desconfianza ciudadana respecto la res o cosa pública, y
  • bajos niveles de gobernanza que dificultan el progreso en una sociedad democrática.