La integridad de un ente público es el resultado de la actuación diaria de todas y cada una de las personas que trabajan dentro o para aquella organización: desde la persona que ejerce la máxima representación (consejero, alcalde, presidente, director...), hasta cualquier empresa privada que ofrezca un servicio público por cuenta de aquélla, pasando por cualquiera de sus empleados. Cuanto más coherencia y consistencia haya entre todas estas actuaciones y los principios, valores y normas del ordenamiento jurídico, más integridad institucional encontraremos.

Por tanto, la integridad institucional es algo más que aprobar una política anticorrupción o redactar un código ético. Se produce cuando el funcionamiento operativo de la institución (políticas, procesos y procedimientos, sistemas de trabajo...), los estándares éticos y las estrategias de prevención de la corrupción están plenamente integrados para permitir alcanzar los fines (el interés general) para las que la institución fue creada.