El derecho a saber

La Oficina Antifraude de Cataluña nació como institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público en Cataluña.

Por transparencia entendemos una manera de ejercer el poder que resulta visible para los ciudadanos para que éstos tengan acceso a las informaciones que los poderes públicos manejan o generan con ese ejercicio.

La exigencia de transparencia no obedece a una moda pasajera ni puede depender de la voluntad más o menos aperturista que pueda tener el gobierno de turno.

Sólo las personas informadas estarán en condiciones de participar con madurez en el debate público y de ejercer un saludable control del ejercicio del poder. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la misma credibilidad de la democracia.

Es desde esta perspectiva que la Oficina quiere contribuir, con esta ventana abierta en nuestra web corporativa, a la difusión del conocimiento sobre este instrumento de calidad democrática 

Derecho de acceso a la información pública y transparencia (Informe).

Ley de transparencia

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno regula y garantiza la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de los ciudadanos a la información y la documentación públicas.

La ley también crea un portal de transparencia, un registro de grupos de interés y la comisión de garantia del derecho de acceso a la información pública;regula el silencio administrativo positivo y el ejercicio del derecho de acceso a la información a partir de los dieciséis años; fija en un mes el plazo para resolver las peticiones, y establece un sistema de garantías y reclamaciones y un régimen sancionador, que incluye, por ejemplo, multas de hasta 12.000 euros y la destitución de altos cargos por infracciones muy graves. Al mismo tiempo, otorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i la Oficina Antifraude la facultad de velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos que establece.

La iniciativa es aplicable a la Generalitat, la administración local, el Parlamento y los órganos estatutarios, las universidades, los grupos de interés, las personas físicas y jurídicas que prestan servicios públicos o que reciben fondos públicos, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas que reciban subvenciones. La Resolución PRE/398/2015, de 3 de marzo, designa el órgano departamental al que se atribuye la condición de unidad de información en materia de transparencia y información pública del Departamento de la Presidencia.

La Oficina Antifraude de Cataluña ha participado en la Proposición de ley de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno, con intervenciones en el espacio Escó 136 y con un seguido de recomendaciones y propuestas que ha dirigido al Parlamento. Ver el documento con las aportaciones de la Oficina Antifraude

La 'Oficina Antifraude ha elaborado un documento de comentarios y consideraciones sobre la aplicación de la normativa vigente sobre transparencia en Cataluña y la relación que tendrá con la normativa estatal. Ver los comentarios de la OAC sobre la aplicación de la Ley de transparencia

Por otro lado, las entidades municipalistas de la ACM y la FMC han publicado una guía para la implantación en los ayuntamientos de la Ley de transparencia, elaborada por el catedrático de Derecho Constitucional, Rafael Jiménez Asensio.

Derecho comparado

Legislación internacional

Legislación en España

Jurisprudencia

En este caso la asociación Access Info Europe solicitó al Consejo de la Unión Europea acceso a una información en relación a la propuesta de enmiendas o nuevas redacciones por varios Estados Miembros al reglamento del Parlamento y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. El Consejo concedió un acceso parcial al documento solicitado incluyendo las propuestas pero sin permitir identificar qué Miembro había formulado la propuesta concreta, y esto en base a que su divulgación perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones (fundamentado en el art.4 ap.3 pág.1 del Reglamento nº1049/2001). El Tribunal destaca que el Reglamento tiene como objeto garantizar el acceso más completo posible a los documentos y todavía más cuando una institución actúa en su capacidad legislativa. El Tribunal llega a la conclusión que, en un sistema basado en el principio de legitimidad democrática, el Consejo no demuestra suficientemente, fáctica ni jurídicamente, que la divulgación de la información relativa a la identidad de los autores de las propuestas perjudique gravemente el procedimiento legislativo ni la necesidad de preservar la identidad de las delegaciones o autores.

El Sr. Turco solicitó al Consejo acceder a los documentos mencionados a la orden del día de la reunión del Consejo «Justicia y Asuntos de Interior», entre los que figuraba un dictamen de su Servicio Jurídico relativo a una propuesta de directiva del Consejo por la que se establecían normas mínimas relativas en la recepción de los solicitantes de asilo a los Estados Miembros. El Consejo denegó la solicitud fundamentándose en que, por un lado, la divulgación del asesoramiento jurídico podría dar lugar a dudar de la legalidad del acto legislativo, y de la otra, que dicha divulgación sistemática podría comprometer la independencia de su servicio jurídico. El Tribunal de Primera Instancia denegó el recurso del interesado, dando la razón al Consejo en su interpretación de la excepción al acceso (Art.4, ap. 2, del Reglamento nº 1049/2001). Por el contrario, el Tribunal de Justicia interpreta la excepción del art.4 en el sentido según el cual su objeto es proteger el interés que tiene una institución al solicitar asesoramiento jurídico y recibir dictámenes sinceros, objetivos y cumplidos. Y ante las dudas de legalidad, el Tribunal señala que es precisamente la transparencia el que contribuye a conferir más legitimidad a las instituciones a los ojos de los ciudadanos europeos. El Tribunal establece que la invocación general y abstracta no es suficiente y no puede servir de base para denegar la divulgación de los mencionados dictámenes.

Los actores solicitaron información relativa a un proyecto de deforestación que iba a llevar a cabo el gobierno chileno que podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir el desarrollo sostenible de Chile, solicitud que fue denegada sin justificación, según los demandantes. La sentencia declara que no hay que exigir al solicitante de información que acredite una afectación directa o interés específico y que es necesario para garantizar la protección al derecho de acceso a la información un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información.

La demandante, una asociación de información a los consumidores, solicitó a la Comisión una autoritzación para consultar el expediente administrativo de una decisión que consideraba determinante a la hora de defender los intereses de los consumidores. En la sentencia se analiza si de la totalidad de documentos que se soliciten hace falta valorar de forma concreta e individual la aplicabilidad de las excepciones al derecho de acceso en relación a cada uno de los documentos, con tal de escoger qué información se dá acceso y a cuál no.

En este caso, el demandante alegaba sufrir una enfermedad como consecuencia de su exposición a productos químicos durante las pruebas llevadas a cabo en Porton Down. El tribunal determinó que existía una obligación positiva de aportar un procedimiento accesible y efectivo que permetiera a los demandantes acceder a toda la información «relevante y apropiada».

Esta sentencia resuelve un recurso de casación presentado por el Consejo de la Unión contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas por el cual se anulaba una decisión del Consejo de denegación de acceso a la Sra. Heidi Hautala a un informe de un grupo de trabajo. El Tribunal de Justicia confirma la sentencia de Primera Instancia, en el sentido que el Consejo no ha alegado ningún motivo para justificar que una institución pueda mantener el secreto de los elementos de información contenidos en un documento que no esté amparado por las excepciones del art.4, ap.1, de la Decisión 93/731.

En este caso, la demandante quiso tener acceso a las actas de una reunión sobre impuestos especiales que fue denegada por la Comisión basándose en que la divulgación de documentos controvertidos podría suponer un perjuicio por la protección de la confidencialidad solicitada por las personas jurídicas que habían proporcionado la información. En esta sentencia, el Tribunal reitera su jurisprudencia sobre la interpretación restrictiva que hay que llevar a cabo de las excepciones recogidas a la Decisión 94/90 que tienen que ser ser interpretadas y aplicadas de forma estricta. La sentencia entra a valorar el momento en que se presentó la solicitud y si en aquel momento se podría producir un perjuicio a los actores participantes a la reunión que dieron sus puntos de vista.

Esta sentencia resuelve un recurso de anulación promovido por los Países Bajos junto con el Parlamento Europeo contra el Consejo de la Unión Europea. El recurso de anulación era en relación a la Decisión 93/73/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativa al acceso a los documentos del Consejo y otra normativa de acceso a la información. Puesto que el legislador comunitario todavía no había adoptado una normativa general sobre el derecho de acceso del público a los documentos que abren en poder de las Instituciones comunitarias, estas tienen que adoptar medidas que tengan por objeto la tramitación de estas solicitudes en virtud de sus facultades de organización interna, a pesar de que estas tengan efectos erga omnes.

Caso en el que los demandantes solicitaron información a las autoridades sobre los riesgos sobre la salud y el bienestar resultantes de la contaminación ambiental y en que se condenó a Italia por no informar sobre factores de riesgos y sobre cómo actuar en caso de un accidente químico a una fábrica situada en la región de los demandantes.

Caso en el que un ciudadano británico solicitó el acceso a archivos que contenían información que las autoridades calificaban de «confidenciales» en relación a las familias de acogida con las que había convivido y de las que había recibido maltratos. El Tribunal considera que las personas en la situación del demandante tienen un interés vital, protegido por la Convención, al recibir la información necesaria para conocer y entender su niñez y su desarrollo inicial y que el procedimiento en el caso concreto para garantizar este acceso a la información en Reino Unido era deficiente.

 

Transparencia en el sector privado

La transparencia es uno de los elementos relevantes desde el punto de vista de la gobernanza. Por gobernanza entendemos el proceso mediante el cual el conjunto de instituciones económicas, políticas y sociales de un país participan del ejercicio del poder. Acontece “buena gobernanza” cuando hay una elaboración de las políticas públicas abierta, previsible y transparente; cuando el aparato burocrático actúa conforme a la ética profesional; cuando el ejecutivo responde de sus acciones; cuando una sociedad civil fortalecida participa en los asuntos públicos, y todo esto sucede bajo el estado de Derecho.

Tres son los mecanismos destinados a garantizar la buena gobernanza: primero, la existencia de normas y controles internos; segunda, la participación ciudadana; y tercera, la creación de las condiciones para que haya competencia al sector privado. Así pues, en aquella consecución del bien común se implican no sólo los poderes públicos sino también otros actores decisivos cómo son los económicos y la misma sociedad civil.

En este sentido, corresponde también a la Oficina Antifraude de Catalunya impulsar iniciativas orientadas a favorecer una participación responsable del sector privado en las políticas públicas.

Iniciativas destacadas

Opinión