La Oficina Antifraude tiene encomendada, entre otras, la función de estudiar, promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en relación con la transparencia en la gestión pública y en la prevención y la lucha contra el fraude en la administración pública que coadyuven a la mejora de la calidad en la prestación del servicio público.

Las tres áreas de estudio que se han abierto hasta ahora son las siguientes: