13 de marzo de 2023. La Oficina Antifraude de Cataluña se convierte en la primera Autoridad independiente, en el ámbito estatal, que asume plenas competencias para la protección de las personas alertadoras, derivadas de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo , de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que se concretó el pasado 20 de febrero con la transposición de la norma europea al ordenamiento español con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Estas nuevas competencias son una realidad después de que el Parlamento de Cataluña las haya aprobado el pasado viernes, 10 de marzo, en la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público. Concretamente, la disposición adicional 7ª otorga esta responsabilidad a Antifraude, avanzándose a la entrada en vigor de la Ley estatal, que lo hace, precisamente, hoy. Antifraude valora muy positivamente que el Parlamento de Cataluña haya aprobado esta norma y se haya avanzado a la entrada en vigor de la Ley estatal, convirtiéndose en el primer Parlamento de todo el Estado en dar este paso.

La disposición aprobada por el Parlamento catalán también establece que la Oficina Antifraude de Cataluña tendrá potestad sancionadora y potestades de ejecución de las resoluciones sancionadoras en los casos de protección a las personas alertadoras de corrupción.

Por otro lado, Antifraude celebra que el Govern haya tomado el compromiso de impulsar la elaboración de una ley en Cataluña en materia de protección de las personas que alerten sobre infracciones normativas.

El director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno se ha mostrado satisfecho por la apuesta decidida que han hecho los grupos parlamentarios en la protección de las personas alertadoras y ha manifestado que con estas nuevas competencias se cumple la finalidad de la Oficina de proteger a las personas que deciden denunciar y preservar el interés público ante actuaciones corruptas. Gimeno ha añadido que con este reconocimiento legal Antifraude tiene herramientas para poder llevar a cabo lo que los ciudadanos esperan de la institución y que hasta ahora no podía hacer, puesto que no disponía de las competencias.

Gimeno también se ha mostrado confiado en que el Govern sacará adelante la Ley catalana con celeridad y así desplegar el espíritu de la Directiva Europea en el ámbito de Cataluña. Una norma que ha querido que las obligaciones impuestas a los estados tengan como elemento central a las personas, de modo que les obliga a configurar instrumentos normativos y a implementar medidas reales y efectivas que protejan de forma integral a quienes, en el marco de su relación laboral, se arriesgan por alertar de conductas ilícitas en defensa del interés de la colectividad. A menudo estas personas, que en su actuación priorizan el bien común sobre el propio, sufren represalias de distintos tipos: personales, laborales, económicas. En este sentido, la norma europea tiene como voluntad evitar, a través del ordenamiento jurídico y la acción pública, estas actuaciones ilegítimas.