Antifraude participa en el informe sobre el mecanismo de revisión del Estado de Derecho de la Comisión Europea

La Oficina Antifraude ha elaborado una respuesta que servirá a la Comisión Europea para el primer Informe anual sobre el mecanismo de revisión del Estado de Derecho, que es una de las iniciativas más importantes del Programa de trabajo de la Comisión para 2020

Primer Informe anual sobre el mecanismo de revisión del Estado de Derecho de la Comisión Europea

12 de mayo de 2020. La Oficina Antifraude de Cataluña ha participado en la consulta que se ha hecho para elaborar el Informe anual sobre el mecanismo de revisión del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Este mecanismo debe actuar como herramienta preventiva, es una medida de sensibilización social que servirá para profundizar en el diálogo sobre los problemas de cada Estado miembro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Comisión pondría en marcha un mecanismo para revisar anualmente el "Estado de Derecho" en cada estado miembro de la UE. Para elaborar el informe se ha hecho una consulta a los actores relevantes de cada estado con fecha de 14 de abril, que se cerró el pasado 4 de mayo.

La Oficina Antifraude ha elaborado una respuesta que servirá a la Comisión Europea para el primer Informe anual sobre el mecanismo de revisión del Estado de Derecho, que es una de las iniciativas más importantes del Programa de trabajo de la Comisión para 2020.

Antifraude ha proporcionado información sobre buenas prácticas para corregir los déficits en la prevención y el control de la corrupción, con carácter horizontal (como la red europea de protección de los alertadores NEIWA, el Comité de Ética judicial o mecanismos sectoriales en sectores de especial riesgo, caso del OIRESCOM para supervisar la contratación pública).

También ha trasladado la actividad que lleva a cabo, como decana de los organismos anticorrupción autonómicos: el canal anónimo de denuncias, herramienta pionera para la detección y la investigación de los casos de corrupción; y las recomendaciones al Parlamento y al Gobierno (estrategia anticorrupción, conflictos de interés, publicidad de la financiación de los medios). Como más recientes y específicas, las elaboradas para garantizar la transparencia y buena gobernanza de la crisis del Covid-19.