La Oficina Antifraude puede actuar, con alcance diverso, en los siguientes ámbitos:

El sector público de Cataluña, que incluye:

  • La Administración de la Generalitat: Gobierno y sus departamentos y organismos, agencias y otros entes de derecho público.
  • Los entes locales: ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos comarcales, entidades metropolitanas, mancomunidades de municipios, consorcios y otras entidades integrantes de la Administración local.
  • El Parlamento de Cataluña.
  • Los entes estatutarios y las autoridades independientes.
  • Las universidades públicas y sus entes instrumentales.
  • Las empresas públicas.
  • Los consorcios.
  • Las fundaciones públicas o privadas, en las que participen organismos públicos
  • Otros entes instrumentales, de derecho público o privado, vinculados a las administraciones catalanas o dependientes.

Las empresas y entidades privadas y las personas físicas que gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas o reciban subvenciones.