La Oficina Antifraude puede actuar en caso de presuntos usos o destinos ilegales de fondos públicos y otros aprovechamientos irregulares derivados de conductas que comporten conflictos de intereses, o uso en beneficio particular de informaciones derivadas de funciones propias del personal al servicio de las administraciones.

Supuestos en los que la Oficina Antifraude no puede actuar

  • No es competente para intervenir en casos de fraude tributario y mercantil, en las relaciones societarias, las que se dan entre empresas y particulares o en los asuntos privados que derivan del comercio y el consumo. Tampoco en materia de Seguridad Social y en conflictos laborales.
  • No puede cumplir funciones que correspondan a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal, ni puede indagar sobre hechos que sean ya objeto de sus investigaciones.

Información al interesado

  • Información a posibles implicados: La Oficina Antifraude, una vez determina la posible implicación individual en hechos objeto de investigación de una persona (alto cargo, funcionario, directivo, miembro o empleado de una institución, de un órgano o de una entidad) le informa inmediatamente y le ofrece la posibilidad de que deje constancia de su parecer.
  • Información a la institución: Si una investigación afecta personalmente a un alto cargo, funcionario, directivo o empleado la Oficina Antifraude informa al responsable de la institución, del órgano o de la entidad de quien depende o de quién presta servicios. Estas comunicaciones pueden ser diferidas en los casos que exigen mantener el secreto absoluto de las actuaciones.
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