Actuación de la Oficina Antifraude

La Oficina Antifraude puede actuar sobre las desviaciones ilícitas de fondos públicos y otras conductas irregulares de las autoridades y funcionarios públicos, ya comporten conflicto de intereses, abuso de poder o de influencias o bien el uso para beneficio particular de informaciones de acceso reservado.

Supuestos en los que la Oficina Antifraude no puede actuar

  • No es competente para intervenir en casos de fraude tributario y mercantil, en las relaciones societarias, las que se dan entre empresas y particulares o en los asuntos privados que derivan del comercio y el consumo.
  • No puede cumplir funciones que correspondan a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal, ni puede indagar sobre hechos que sean ya objeto de sus investigaciones.

Información al interesado

  • Información al denunciado: Como regla general la Oficina Antifraude informa inmediatamente a la persona implicada individualmente en un hecho objeto de investigación y le ofrece la posibilidad de que deje constancia de su parecer.
  • Información a la institución: Si una investigación afecta personalmente un alto cargo, funcionario, directivo o empleado la Oficina Antifraude, como regla general, informa al responsable de la institución, del órgano o de la entidad de quien depende o en que presta servicios.

En qué sectores

La Oficina Antifraude puede actuar, con alcance diverso, en los siguientes ámbitos:

El sector público de Cataluña, que incluye:

  • La Administración de la Generalitat: Gobierno y sus departamentos y organismos, agencias y otros entes de derecho público.
  • Los entes locales: ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos comarcales, entidades metropolitanas, mancomunidades de municipios, consorcios y otras entidades integrantes de la Administración local.
  • El Parlamento de Cataluña.
  • Los entes estatutarios y las autoridades independientes .
  • Las universidades públicas y sus entes instrumentales.
  • Las empresas públicas.
  • Los consorcios.
  • Las fundaciones, públicas o privadas, en las que participen organismos públicos.
  • Otros entes instrumentales, de derecho público o privado, vinculados a las administraciones catalanas o dependientes.

Las empresas y entidades privadas y las personas físicas que gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas o reciban subvenciones.