Simona Levi es una mujer polifacética, es directora de teatro, dramaturga y bailaora de tangos, como a menudo se presenta. Levi es activista y cara visible del colectivo Xnet. Tiene muchos frentes abiertos: trabaja para la defensa de las libertades civiles, la soberanía digital, el derecho a saber y lucha contra algunas de las amenazas de nuestros tiempos, las fake news y la corrupción. Y lo hace desde una perspectiva poco convencional y disidente, la de no culpabilizar a la ciudadanía, sino hacer responsable a instituciones y corporaciones
La Directiva Europea, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, debería ser transpuesta el 17 de diciembre. Por el momento está transpuesta en dos estados miembros, Dinamarca y Suecia. ¿Los estados se toman en serio la protección de los alertadores?
Existe una diferencia muy grande entre la cultura anglosajona cuando se habla de alertadores. La palabra whistleblower existe desde 1776, tienen una cierta costumbre. Hay estados que no son de cultura legal anglosajona, que aún deben cambiar muchas cosas y complica bastante los poderes. Porque está claro que se debe facilitar la alerta, se debe poder denunciar algo desde dentro, se debe facilitar y pocas estructuras sistémicas tienen la capacidad de entender que esto es algo bueno.
¿A qué cree que se debe esa lentitud en la transposición de la Directiva?
Se está estableciendo una tradición en España de dejar pasar los plazos que da Europa para transponer las directivas, de modo que pueden hacerla por decretazo, con la excusa de que vayamos tarde y pueden sancionarnos... Tienen mucho trabajo y no siempre pueden llegar a todo, pero comienza a ser una costumbre. Dudo que lleguemos, pero es posible que haya también intereses para hacerlo. Porque la Directiva deja un cierto margen de movimiento en los Estados, creo que, en un estado como el español, con mucha corrupción y con muchas relaciones clientelares entre partidos políticos y patrocinadores diversos, para los partidos es importante blindar que la Directiva sea lo menos buena posible. Que el resultado de la Directiva sea el que dé menos dificultades a sus redes de clientes. A cada uno le interesará reducir el efecto de la directiva de una u otra forma.
¿Cree que no veremos la transposición de la ley el 17 de diciembre? ¿Y en los próximos meses?
Sí, creo que sí la veremos.
¿Y en Cataluña? Compareció en el Parlamento en octubre de 2019 para presentar una proposición para proteger a los alertadores, que hicieron suya todos los grupos políticos menos el Partido Popular. ¿Qué ha sucedido con esa propuesta?
Nosotros empezamos a trabajar con alertadores hace mucho tiempo, teníamos un buzón nuestro, ayudábamos a alertadores, hemos contribuido a enmendar la Directiva Europea durante su creación. Esta propuesta era antes de que se acabara la Directiva, la hicimos porque encontrábamos que en Cataluña había mucha más sensibilidad para proteger a los alertadores, y era una oportunidad para hacerlo. Efectivamente, todos los grupos políticos la apoyaron menos el Partido Popular. Entiendo que es importante ver qué proponía la Directiva antes de las enmiendas que introdujimos. Nosotros las introdujimos para que esta ley fuera adecuada a la normativa europea. Ahora que se está hablando de la transposición de la Directiva se están reactivando los contactos desde instituciones, para revisar y reanudar este documento, a la vista de lo que ocurrirá con el estado español.
¿Es decir que ustedes continuarán la tarea en el Parlamento de Cataluña introduciendo enmiendas para la transposición de la Directiva en Cataluña?
Para ejemplificar, nosotros propusimos una transposición de la Directiva en Cataluña y a nivel estatal. En Cataluña, tanto antes como después de la transposición, ha habido mucho interés por parte de las instituciones. Y hay una diferencia sustancial entre lo que ocurre en el nivel de estado y en Cataluña. Aquí el Parlamento ha dado un apoyo importantísimo. Por parte del Gobierno también se nos ha contactado a la vista de la directiva para ver cómo podemos colaborar, partiendo de este documento de una gran calidad con la supervisión de los expertos internacionales de la red WIN (Well Being In The Nation / Bienestar en la Nación), de la que somos miembros. Partiendo de aquí podemos ver cuál puede ser la posición de Cataluña al respecto, estamos trabajando en ello.
"En Cataluña ha habido mucha expansión de los buzones que hemos promovido y se han naturalizado con mucha facilidad, cosa que no ocurre fuera de Cataluña"
Por tanto, ¿podría tener Cataluña una ley de protección de los alertadores propia?
Estratégicamente debe verse qué es lo que interesa. Por ejemplo, en Cataluña ha habido mucha expansión de los buzones que hemos promovido y se han naturalizado con mucha facilidad, algo que no ocurre fuera de Cataluña, aquí estamos bastante más avanzados en este tema. Y, efectivamente, no queremos una transposición que sea inferior a lo que ya estamos haciendo en Cataluña, que no es maravilloso pero que es mejor que lo que se está haciendo en otros sitios.
Volvamos a la Directiva, ¿hay elementos que consideramos que aunque no esté transpuesta ya serán exigibles porque son aplicables directamente, como los canales internos de denuncia, cree que hay voluntad de aplicar y asumir estas obligaciones que son exigibles?
¡Sí, eso ya es exigible! La cuestión es que ahora existe una proliferación increíble de empresas que ofrecen buzones de canales de denuncia interna, porque son obligatorios. Es normal que haya un negocio en torno, pero han puesto unos precios increíbles, y dando herramientas que creemos que la mayoría no son seguras. ¿Qué es una herramienta segura? Debe ser segura para la persona que denuncia, debe garantizar el anonimato. Con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la que colaboramos, dicen: Yo no quiero saber quién es el alertador, para realizar el trabajo de investigación prefiero no saberlo. Es posible que si conozco a la persona me vea obligada a revelar el nombre, por lo que es una protección general del sistema, de quien investiga y de quien aporta pruebas. Estas condiciones debemos implementarlas en la transposición de una manera clara, porque si no se deja la puerta abierta a unos canales que no son de buena calidad.
¿Qué consejos le daría usted a las instituciones u organizaciones que piensen que es costoso establecer un canal interno?
Hay un problema, ¿por qué las instituciones siguen simulando que la sociedad civil no existe? Todo lo que hemos conquistado como civilización, el voto de la mujer, el fin de la esclavitud, lo ha hecho la sociedad civil, las instituciones deberían normalizarla. Siguen siendo una élite, pero pueden pedir a la sociedad civil cómo se hacen las cosas cuando no saben hacerlas. Porque si el buzón nuestro, que somos cuatro 'pelagatos' sin grandes presupuestos y con recursos mínimos, hemos podido tener y gestionar un buzón que ha hecho muchas cosas, puedo asegurar que no es un problema costoso ni complicado. Queremos que las instituciones hagan su trabajo y dedicarnos a otras cosas.
Además, nosotros nunca cobramos, porque existe en código abierto desde el grupo GlobaLeaks, que es un grupo italiano. Las dos únicas formas de tener buzones seguros usables son GlobaLeaks y SecureDrop. Funcionan en muchas instituciones desde hace mucho tiempo, lo implementamos en una institución por primera vez en Cataluña, en Barcelona, después se ha replicado en más de 15 instituciones, como la propia Oficina Antifraude de Catalunya, la de Valencia, … Ésta ha sido una colaboración entre sociedad civil, que tenía una herramienta poco costosa y que funcionaba, e instituciones que se toman en serio su trabajo. Trabajamos para que una herramienta activista pudiera funcionar en las instituciones, y esto es poco costoso. Efectivamente, se necesita una infraestructura segura, pero una institución que lucha contra la corrupción la necesitará igualmente. El buzón en sí mismo cuesta, a lo sumo, 4.000 euros, y si tienen un informático bueno dentro de la institución le cuesta cero euros, o el sueldo que cobra el informático. Es mentira que sea complicado.
Cómo usted decía el buzón de la Oficina Antifraude bebe del buzón de Xnet y nosotros también defendemos el anonimato, ¿qué les diría a los escépticos sobre el anonimato en las denuncias?
Cuando empezamos la primera traslación de este buzón activista a una institución fue con el ayuntamiento de Barcelona, al principio, la gente que trabajaba, pensaba que con el anonimato todo el mundo empezaría a denunciarse unos a otros… y no es así. Ahora, por lo que sabemos todo el mundo está mucho más tranquilo, porque si alguien quiere dañar a otro lo que le interesa es que llegue a la prensa y, en todo caso, si es una denuncia falsa le interesa que circule mucho y que se cree un run-run. Existe una diferencia que es muy importante entre denunciante y alertador.
Diga la diferencia...
Nosotros hemos luchado mucho porque no se utiliza denunciante, hay un error en la traducción al castellano, porque wisthleblower es traducido como denunciante. Hemos tenido muchas conversaciones al respecto, se ha aceptado a nivel del Estado español, por lo que supongamos que se traducirá como alertador. Esto es importante porque denunciante ya está definido en la legislación española, denunciar a otra persona por delitos privados, de otro ámbito. Pero hablamos de alertador cuando no son delitos privados, sino una cuestión sistémica. Si me encuentro con una información que es una noticia criminis, puedo darla a una entidad como Antifrau, que gracias a mi intervención investigará, y hará la denuncia, o irá a Fiscalía. Y no voy a estar toda la vida vinculada a un caso de corrupción, que es gigante para una persona individual. El anonimato es muy importante porque podemos destapar cuestiones sistémicas y es muy importante que lo defendamos. Porque, como Antifrau tiene la experiencia, llega el doble de información, como mínimo, respecto a la que llegaba cuando debía darse el nombre, aunque hubiera confidencialidad. Esto significa que estamos sacando el doble de cosas sistémicas que debemos arreglar para dejar de ser sociedad con abusos, con diferencias, con injusticias y con corrupción.
"Existen muchas sanciones para las personas pero muy pocas para las instituciones. Tenemos alguna herramienta, pero pocas para que sea costoso para una institución no ser transparente"
En el buzón de la Oficina Antifraude, cuando no había ese anonimato teníamos una media de 160 denuncias al año, éste cerraremos con unas 400, es decir, el anonimato para los alertadores es una garantía y proporcionar esta protección es una asignatura pendiente. Parece que no lo es tanto el derecho a saber, ¿cuál es su visión sobre el ejercicio de ese derecho? ¿Qué peticiones haría para que fuera realmente efectivo?
Todavía es muy complicado, porque hay algo básico. Por ejemplo, existe un montón de información que debería ser pública y no lo es. Si es pública es en unos formatos que debería dedicarse toda una vida para leerlos. Esto no puede ser, el problema aquí es sancionador. Existen muchas sanciones para las personas, pero muy pocas para las instituciones. Tenemos alguna herramienta, pero pocas para que sea costoso para una institución no ser transparente. Lo mismo ocurre con los trámites de petición de información. Explicamos una y mil veces que en una petición de información debes pensar todas las casuísticas posibles porque si te olvidas de decir algo, no te dan la información. Empieza a ser dramático que estos trámites administrativos no funcionen, y no sólo para la ciudadanía.
Si tuviéramos una digitalización menos que aplicar cosas digitales sobre sistemas obsoletos, todas las trabajadoras y trabajadores de las administraciones, que hay un montón de personas con dedicación y que le gustaría hacer bien su trabajo y ser parte de una sociedad mejor, estarían más confortables. Creo que gobierno tras gobierno se ha ido mejorando a nivel de transparencia, se está teniendo más atención, y cada vez hay más departamentos en los que realmente se está trabajando la transparencia con competencia. Esto está bien, pero vamos lentos, sería mejor ir más rápido.
Tenemos una transparencia en algunos casos poco transparente, a veces poco activa, y quien las hace activas son figuras como la del periodista de datos, que ordena estos datos públicos y acaba investigando, por ejemplo, casos de corrupción o irregularidades. ¿Cómo cree que está el papel de la prensa en cuanto a libertad de expresión? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos ido atrás? ¿Nos hemos estancado?
Las cosas han cambiado mucho con el digital, el periodismo ha recibido un golpe bueno y un malo, en el sentido de que antes decidían lo que teníamos que pensar, porque eran la única fuente de información. Apenas se podía contrastar la información. Tenemos un caso como el 11M en el que queda muy claro. Esto ha mejorado porque se ha desintermediado. Podemos informarnos de una manera más soberana. Pero al mismo tiempo ha perdido muchísimo la profesión, y los sueldos se han caído, ya no hay casi periodistas con trabajo fijo. Es un problema para la profesión, por la precariedad, y es un problema para la sociedad, porque necesitamos personas dedicadas, remuneradas para investigar. Aquí debemos trabajar organizaciones de la sociedad civil, periodistas e instituciones para ver cómo reestructuramos este ámbito, que debemos seguir democratizando y, al mismo tiempo, debemos mantener una cierta profesionalización. La investigación es igual que la ciencia, si como sociedad no queremos pagar esa vigilancia que deberían hacer los periodistas, y fomentamos un periodismo escandaloso, polarizante, porque es lo que vende, tenemos un problema, y es lo mismo que ocurre con la ciencia. Si en la ciencia investigamos sólo cosas que reporten millones, nos dejaremos cosas importantes y nos quedaremos atrás.
Podría haberse incluido la figura del facilitador de la Directiva Europea, que ampara y protege la labor de los periodistas, ONGs, abogados, etc. De hecho, existen instituciones a nivel internacional y europeo que están pidiendo que estas figuras, que en muchas ocasiones están detrás de la publicación de casos de corrupción, queden amparadas y protegidas.
En la propuesta que estamos haciendo de transposición sí que se utiliza la figura del facilitador, y se aclara que puede serlo cualquier persona: un periodista, una organización de la sociedad civil, un abogado, un familiar, … Tenemos experiencia concreta en ayudar a alertadores, vemos que muchas veces van donde se sienten seguros, porque tienen miedo a toda la maquinaria que les puede venir encima. Hay una intención política muy fuerte de acotar, acotar y acotar a la Directiva, que no es perfecta, pero hemos conseguido con las enmiendas corregir muchas de estas cosas. Al mismo tiempo, hay otros que utilizando la propia Directiva pueden plantearse en una transposición unos estándares más altos, como es en este caso. Es como el anonimato, no está prohibido ni permitido, pues puede prohibirse, y eso está permitido por la Directiva. Debemos intentar realizar transposiciones que cubran los más altos estándares, al menos desde el punto de vista de los derechos humanos.
¿Qué sería necesario que ocurriera en un futuro para que no tengamos que conmemorar un Día Internacional contra la Corrupción?
Se debería reformar el sistema de partidos políticos, debería tenerse una democracia representativa en la que los partidos sean unos mediadores entre las soluciones que encuentra la sociedad civil, que siempre es líder en la historia de la humanidad, y se deben aplicar estas soluciones a las instituciones y a la gobernanza común. Esto implica desmantelar a los partidos políticos en el formato actual, que son empresas privadas con intereses privados, de supervivencia, como cualquier empresa, con clientes y proveedores que deben satisfacer. Esto es un problema para que dediquen el tiempo necesario a hacer lo que sería su función, que es la gobernanza. El problema que tenemos para reformar a los partidos políticos es que necesitamos de los partidos políticos, y/o de muchas fuerzas ciudadanas. Hemos logrado avanzar mucho en transparencia gracias a muchos esfuerzos de la ciudadanía. Necesitamos seguir presionando también en momentos en los que no existe un sentimiento generalizado lo suficientemente fuerte para que como sociedad podemos obligar a los partidos a cambiar de tendencia.
