El director de Antifraude ha puesto de relieve que una de las primeras cuestiones que se planteó la Oficina fue valorar los riesgos de corrupción, "dar herramientas para detectar dónde había un riesgo, gestionarlo y reaccionar si dejaba de ser riesgo y pasaba a ser una realidad"
También ha remarcado que a lo largo de su mandato se han incorporado los derechos humanos a la lucha contra la corrupción para que las personas sean conscientes de las lesiones que se producen con este fenómeno
Sobre la protección de las personas alertadoras, Gimeno ha señalado que es uno de los hitos más relevantes que ha logrado Antifraude, pero ha asegurado que "la lucha contra la corrupción, la protección a las personas alertadoras, se hace también en el ámbito preventivo, creando una cultura de la alerta desde las instituciones públicas y privadas"
Otro aspecto que ha destacado es el incremento exponencial de denuncias y lo ha asociado a la aceptación de las denuncias anónimas, entre otros aspectos, poniendo de relieve que en 2016 se recibían unas 160 denuncias al año y, este año, ha avanzado que se superarán las 2.000
Por otra parte, ha enfatizado que en los últimos años la ciudadanía confía más en Antifraude: "todo ciudadano que se acerca a la oficina sabe que le daremos una respuesta, que no siempre será la que él quiere, pero que en todo caso la tendrá"
También, haciendo referencia a varios proyectos desarrollados durante la pandemia de la COVID, ha remarcado "la Oficina ha tenido mucha capacidad de adaptación a las circunstancias, al contexto"
Por último, sobre el futuro de Antifraude ha dicho: "Queremos que la Oficina esté adaptada a la sociedad a la que está sirviendo"
¿Qué balance hace de los 9 años de su mandato?
Nueve años dan por mucho, hay que hacer una síntesis con algunos de los logros conseguidos. El primero coincidió pocos meses después de mi toma de posesión como Director de la Oficina Antifraude, fue la admisión de denuncias anónimas, hay un antes y un después por el número de denuncias que llegan a la oficina. Pero también existen otros aspectos.
Hemos hecho un cambio cualitativo que se debe al trabajo que han hecho las personas que trabajan en la Oficina, a las que se debe agradecer todos sus esfuerzos por mejorarla. En 2016 partíamos de una situación anómala, que todo el mundo conoce y no vale la pena profundizar en ella. En estos nueve años se ha mejorado porque se ha hecho un esfuerzo, en el que han participado todos los miembros de Antifraude.
Otro de los hitos importantes es el cambio paradigmático en el planteamiento frente a los riesgos, hemos pasado a realizar un planteamiento de prevención de aquellas situaciones de riesgos y de la integridad. Se trata de que haya un cumplimiento normativo de las actividades que realizan las entidades públicas y privadas, pero vamos más allá. Cada entidad pública tiene también una integridad y valores. El primero queda incumplido si no se hace el segundo, éste es el salto que hemos dado.
Después, en el 2023, ocurrió algo muy relevante, que es la aprobación de la Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la ley estatal. Luego el Parlament dio a la Oficina Antifraude las competencias como autoridad independiente. La protección a las personas alertadoras es otra meta, todavía en construcción, porque hemos partido de cero, y estamos construyendo doctrina. Estamos convencidos de que habrá que realizar alguna modificación de la ley para perfeccionarla, porque ahora somos conscientes de muchas de las cosas que pasan con su aplicación.
También hay otro hito importante, en realidad dos, uno tiene que ver con introducir en el trabajo de la oficina los derechos humanos, como uno de los aspectos fundamentales. Hagamos una lucha contra la corrupción en el tamaño que afecta a los derechos humanos, que las personas sean conscientes de las lesiones que se producen.
Y, finalmente, después de 9 años era evidente plantearse cómo queremos que sea la oficina del futuro, porque la oficina de hace 9 años respondía a una sociedad determinada, a unos medios técnicos determinados, y ahora estamos en otra época. Éste es un mensaje para nosotros, para la ciudadanía, pero básicamente para los responsables políticos que son los que deben modificar las normas para que nosotros podamos actuar de otra manera.
Ha hablado de protección a las personas alertadoras, ¿considera que es uno de los proyectos más relevantes de este mandato?
Si no de los más relevantes, como es el último, para nosotros es de los más importantes. Luchamos para que saliera esta ley, que es una transposición de una directiva europea, pero el Parlamento español se estaba durmiendo y ya pasaba más tiempo de lo que formalmente debía. Evidentemente, nosotros empezamos al día siguiente de tener competencias. De hecho, diría que antes. Éste es un proyecto importante porque es la clave del funcionamiento de este sistema de denuncias hechas desde el ámbito interno.
Pero no sólo eso, la ley es más completa. La lucha contra la corrupción y la protección a los alertadores se realiza también en otros momentos, en el ámbito preventivo, creando una cultura de la alerta desde las instituciones públicas y privadas, que todas están obligadas a tener los canales internos, las empresas de más de 50 trabajadores y todas las instituciones públicas. No es cierto que lo tengan en un porcentaje de implantación muy alto. En Catalunya, creo que estamos más avanzados que en el resto del Estado. Este conjunto de medidas contribuye de forma decisiva a la integridad pública: no se trata sólo de proteger a los alertadores de manera individual, sino de fortalecer el sistema en su conjunto.
Esta ley es una transposición de una directiva europea que, una vez aprobada a nivel estatal, el Parlamento de Catalunya otorgó las competencias a la Oficina Antifraude de Catalunya, ¿qué competencias nuevas tiene ahora la Oficina Antifraude?
Además, de las que ya tenía ahora es también la autoridad independiente externa, que es la que puede recibir todas las denuncias que se realizan en determinadas circunstancias. Circunstancias que tienen que ver con la persona que alerta, que informa, denuncia. Es una persona que se encuentra dentro del círculo laboral, mercantil o de la institución. Por eso se crean también los canales internos, es decir, que tendrían unas competencias similares a las que tiene la oficina en esta parcela, pero que se realizan dentro de cada institución o empresa. Por eso insisto en que todas las empresas e instituciones deben tenerlo. No lo tienen. Nosotros somos los supervisores de esos canales internos. Por tanto, somos los que debemos recibir la comunicación de quién es el responsable y debemos ver si la política que hacen es adecuada a lo que dice la ley.
La otra competencia es que nosotros recibimos las denuncias que se pueden realizar en el canal interno o en la Oficina Antifraude. De éstas también tenemos muchísimas.
Y por último, ¿Cómo se protegen los alertadores? Hay distintos sistemas. Lo primero es que en el momento en que se cumplen unas determinadas condiciones, a la persona alertadora, le otorgamos esta condición. Luego puede exhibir que la oficina le ha dicho que efectivamente es una persona alertadora. Lo que hacemos habitualmente es dirigirnos a la institución o a la empresa para decirle que esa persona es una persona alertadora y está bajo nuestra protección. Siempre que realicen algún tipo de actuación que pueda modificar o pueda resultar en prejuicio de esta persona, deben comunicárnoslo. Para que podamos saber si es una represalia o no por las denuncias que hizo en su día. Después, si existe un tipo de actuación que está condicionado por esta denuncia y, por tanto, si es una represalia, nosotros podemos entrar en la fase sancionadora, que sería posterior.
¿Los canales internos, los sistemas internos de alerta, también están obligados a proteger a las personas que alertan de forma interna en una empresa o en una administración pública?
También. Lo que carecen de facultades sancionadoras, pero también.
Ahora explicaba que Antifraude es canal externo. Hace unas semanas presentó la memoria de los nueve años de su mandato en el Parlament de Catalunya y dijo que existía una explosión de denuncias. Esta explosión, ¿a qué se debe? ¿A qué son canal externo o existen otros factores?
No sólo, es un factor que influye. Podríamos analizar estos nueve años desde 2016 hasta 2023, antes de ser autoridad. También existía un incremento notable de actuaciones. Las denuncias anónimas, que la Oficina siempre responde, a veces tarda algo, pero siempre responde. Y si no es competente para hacer lo que se le ha pedido, traslada la denuncia o le da los datos a la persona para que se dirija a la autoridad competente.
Todo ciudadano que se acerca a la Oficina sabe que le daremos una respuesta, que no siempre será la que él quiere, pero que en todo caso la tendrá, y si no le diremos a dónde debe ir. Entra en vigor la Ley 2/23, de protección a las personas alertadoras, este canal externo permite que se amplíe el abanico de tipos de denuncia. Por tanto, se presentan también denuncias que no son propiamente de corrupción, sino de otro tipo de irregularidades. Estas también debemos admitirlas y hacer un juicio de verosimilitud. Si nosotros apreciaos que lo que explica es verosímil, la remitimos a la autoridad competente para resolverla.
Si es un ámbito corruptivo, nos la quedamos nosotros por ser la autoridad en esta cuestión. Ya se había incrementado exponencialmente también antes de entrar en vigor esta ley, pero es que en 2016 recibíamos unas 160 denuncias al año. El pasado año recibimos 1.291, pero este año se superarán las 2.000.
¿Y esto es fruto de que los catalanes somos más corruptos?
No, más corruptos no. Ahora optan por denunciar más y saben que tienen una Oficina, que seguramente no es plenamente satisfactoria en todas las respuestas que se dan, pero que tienen un sitio donde esto se mira, y que se remueve el azúcar, no se queda allí al fondo, nosotros lo movemos. La Oficina ha ganado visibilidad y creo que estima, diría que la gente tiene un grado de confianza. En los barómetros que se han hecho, en todos, y en los últimos especialmente, la confianza en la Oficina está muy por encima de otras instituciones. Por tanto, algo se ha hecho bien. Lo que ocurre es que esto es hacerlo todos los días. Nuestra legitimación está en hacerlo todos los días, porque si dejamos de hacerlo, a poco que sea, se perderá todo lo que hemos conseguido.
Ahora hablaba de percepción a raíz del barómetro que hace la Oficina Antifraude de Catalunya. ¿Qué evolución ha tenido la percepción de la corrupción en Catalunya? ¿Qué creen los ciudadanos?
Desde 2010 que se hizo el primer barómetro, se hace cada dos años, hasta 2024 que fue el último, la percepción de cómo era la corrupción en Catalunya ha sido muy alta. En 2010 era del 78% de catalanes que pensaban que la corrupción era alta o muy alta en Catalunya, y esta cifra se ha convertido últimamente en un 82%. Es verdad que en medio tuvimos un bajón que nos puso muy contentos, porque veíamos que la cosa estaba funcionando, pero tampoco era para tirar cohetes, porque estábamos por encima del 60%.
Son cifras siempre lamentables. Percepción sabemos que no es realidad pero en algo tiene razón la percepción. Será más intuitiva, pero tiene razón, porque realmente recordamos cosas que ocurrieron hace 20 años en materia de corrupción, últimamente estamos viendo cosas, las hemos visto el año anterior y las hemos visto los últimos años, con instituciones políticas, sobre todo con partidos o personajes políticos. Por tanto, la percepción no va desencaminada, es una buena fotografía de la realidad, que es posible que sea incrementada, que en la percepción la reacción es más fuerte, pero hay un fondo que es cierto.
Hemos escuchado alguna vez como dice usted que la percepción es realidad, no del todo, pero que es realidad, y también situar más la corrupción en el ámbito político que funcionarial. ¿Es esto así?
Sí, al menos la que se ve es más en el ámbito político, o de cierto nivel político. En el ámbito funcionarial, sobre todo lo que es de cara al público, el funcionario que recibe, hace muchos años que estos conceptos de corrupción habían desaparecido. No se ven estas cosas. Ahora, en el ámbito político, aquí debería incluirse también el ámbito económico y empresarial, porque se plantea una cuestión interesante. Primero, porque nosotros ponemos el foco en el ámbito político, el ciudadano pone el foco porque son sus representantes y quiere que sean honestos. Esto no es exclusivo de ellos, ni mucho menos. Cuando uno cobra, hay uno que paga. Por tanto, esto lo debemos tener en cuenta. Y no está legitimado a sobornar.
Solemos olvidar a quien corrompe. ¿Qué ocurre con los que corrompen si están condenados?
Si están condenados, ocurre lo mismo. Lo que ocurre es que, como ellos no viven en el ámbito político, la inhabilitación que también se le pone es para ejercer su función empresarial, la que sea. Pero esto no se nota. El político, en cambio, se nota más, y debe ser así.
Volvemos a la Oficina Antifraude. Para combatir esta percepción, esta realidad, ¿cómo han evolucionado la estrategia y las herramientas de Antifraude a lo largo de estos nueve años?
La Oficina ha tenido mucha capacidad de adaptación a las circunstancias, al contexto. En primer lugar, nos adaptamos sobre una posición de riesgo. Siempre ha sido una política de la Oficina intentar llegar antes, también ser reactivo. El riesgo es que la corrupción todavía no ha pasado, pero había riesgo de que ocurriera. Si nosotros ponemos medidas que den la alerta, tendremos herramientas para evitarla. Cuando ha pasado, lo que debemos hacer es ser reactivos, y por eso también están los jueces, están las sanciones, porque si no, la idea de impunidad es demoledora. El ciudadano, una de las cosas que no entiende, es que no ocurra nada.
Una de las primeras cuestiones que planteamos fue valorar los riesgos, dar herramientas para detectar dónde existía un riesgo, gestionarlos y reaccionar si dejaba de ser riesgo y pasaba a ser una realidad. Con los cumplimientos normativos no era suficiente. Debíamos introducir el concepto de integridad, que son los valores que deben tenerse en el sector público y en el privado. Es el complemento perfecto que existe para estas cuestiones. Esto es prevención, pero necesita liderazgos políticos, liderazgos de personas de referencia.
En el ámbito de las herramientas, a todos nos ha ocurrido. Empezamos, los que tenemos ya cierta edad, cuando los ordenadores eran muy voluminosos, que utilizábamos sólo para escribir, y ahora vemos que tenemos muchas herramientas informáticas que permiten muchas cosas. La sociedad ha cambiado. Antes íbamos con un escrito a mano, y esto ha cambiado. Nosotros hemos tenido que adaptarnos también a este aspecto y tenemos un equipo que se creó en 2021 de Análisis de Datos, que tiene una potencialidad tremenda para analizar datos y detectar riesgos.
Detectan patrones.
Patrones de comportamiento, esto es muy importante. Pero la capacidad de adaptación la demostramos en momentos difíciles, sobre todo con la Covid-19, en el 2020. La Oficina debe adaptarse a aquella situación, y lo hace internamente. Con el teletrabajo se trabaja diferente, lo que nos obliga a varias cosas. Una, que la formación debía ser online, y comenzamos una etapa de formación a través de medios de este tipo, que hemos continuado. Y la consecuencia es que podemos llegar a muchas más personas, muchos más funcionarios públicos. Pero hay algo que es para mí muy relevante. Desde que se decretó el cierre en todo el país, detectamos exactamente cuáles eran los riesgos que se daban en estas circunstancias. Esto era consecuencia de nuestros estudios, de comparar lo ocurrido en lugares donde ya habían tenido algún tipo de pandemia. Nos planteamos si el dinero se estaba gastando en las personas que lo necesitaban de verdad o en otras cosas. Si por la falta de garantías que se exigía en la contratación por ser urgente, se hacían contratos de emergencia con los asuntos que tenían relevancia para la enfermedad o se hacían también para terceras cosas.
La Oficina hizo todo un relato de situaciones y llamó la atención que había muchos grupos sociales que tenían la capacidad para hacerse conocidos, hacer demandas que llegaban a la opinión pública, a los mandos y al ámbito político. Pero había grupos sociales que estaban totalmente marginados y que no tenían ni la capacidad de dar ese grito de auxilio. La obligación de las administraciones era saber que esto sucedería, que si no pedían no era porque no necesitaran, sino sencillamente porque no tenían la capacidad de hacerlo, unificarse, etc. Por eso pedimos al Parlament de Catalunya que se creara una suerte de comisión tutelada por el Parlament donde estuvieran todas las autoridades que fiscalizaban el gasto público. Para saber si la enorme cantidad de dinero público que se estaba aportando estaba bien gastado. Era ser eficiente en el gasto, porque si se gastaba en cosas que no eran las fundamentales, estaban fracasando. Esta comisión no se constituyó. Pero la Oficina la planteó y fue reconocido públicamente por instituciones y grupos parlamentarios.
El segundo hito fue inmediatamente después cuando surgieron los fondos Next Generation. Optamos a ayudar a que llegaran y se gastaran bien. ¿Cómo? La comisión de la Unión Europea era muy rigurosa con los requisitos, pero para nosotros no era demasiado problema encontrar estos requisitos, porque habíamos trabajado durante años con la integridad como pieza fundamental. Nosotros hicimos una guía de integridad adaptada a los gastos que venían de la Unión Europea a los fondos Next Generation. Con un mensaje muy claro: Si cuando el dinero viene de la Unión Europea ponemos todos estos requisitos y estas garantías, ¿por qué no con los nuestros?
Por tanto, nuestro mensaje fue integridad con el gasto procedente de los fondos Next Generation, pero integridad también con el gasto de nuestros impuestos. Un mensaje que ha calado bastante, porque recuerdo alguna reunión en el ámbito de la administración general del Estado, donde los funcionarios decían: ¿Por qué sólo debemos aplicarlo a este tipo de fondos, y no lo aplicamos también a los demás?
Hicieron una guía de cómo hacer planes de medidas antifraude por estos fondos Next Generation ...
Sí, esa fue la consecuencia. Y era una guía que estaba adaptada a ese tipo de instituciones que no tienen capacidad de hacerla ellos mismos. Era una guía que servía básicamente para los ayuntamientos o instituciones más pequeñas. La hicimos y la pusimos a disposición de todos.
Pasados estos nueve años de mandato, siempre existe algún proyecto que no ha podido ser. ¿Cuál sería el suyo?
Sí, efectivamente. Y más de uno. Recuerdo uno que habíamos trabajado muchísimo al principio, en 2016 y 2017, que fueron los conflictos de interés. Hicimos un informe importante, que lo presentamos en el Parlament de Catalunya en una gran sesión. Vinieron autoridades francesas también, que nos felicitaron. Pero claro, en los conflictos de interés, una de las bases existentes es detectarlos antes. Y no se trata de que lo digamos, sino que debe hacerse. Todos los funcionarios públicos tenemos la obligación, por lo menos los que tenemos cierto nivel, de poner nuestra actividad y patrimonio, a disposición. Pero, tal y como estaba establecido, lo ponías en papel, en un sobre que iba a algún buzón, ¿pero alguien lo miraba? Planteamos que esto debía hacerse de forma informática, utilizar las herramientas normales, para que se puedan cruzar los datos para saber si es verdad o no y, sobre todo, para cuándo se acabe realizar la comprobación final.
Ésta es una de las cosas que finalmente no cuajaron. Queríamos ser la autoridad que tuviera las competencias para pedirle a todo el ámbito político, deme usted su actividad, su patrimonio, y nosotros miraremos si esto es cierto o no, y además, sabremos de dónde viene. Por tanto, cuando usted tome una decisión que tiene un efecto patrimonial, se puede mirar si esta decisión tiene que ver con lo que usted ha dicho antes, y esto tendría una incompatibilidad. Eran herramientas para mejorar, pero también para facilitar la vida a los funcionarios.
Hemos repasado un poco los nueve años de mandato al frente de la Oficina Antifraude. ¿Cómo ve la Oficina Antifraude del futuro? ¿Cómo debe ser?
Buena pregunta. Nosotros hace dos o tres años nos dimos cuenta de que la sociedad corría mucho, de que las herramientas tecnológicas que se disponían iban mucho más allá, y de que, en cambio, las herramientas normativas, las normas, las leyes, se quedaban en otro momento. Cuente que la ley de la Oficina Antifraude es del año 2008. Por tanto, teníamos que adaptarnos. Pero no sólo con las herramientas sino también con los conceptos. Cada vez debemos dar un paso adelante en la fortaleza de las instituciones, es uno de los retos. Para que una institución sea firme, respetada y tenga la legitimación, debe tener un cumplimiento de las normas y de la integridad. Debemos estar encima, debemos facilitar las cosas.
Después, ya en el ámbito de las herramientas, creamos la Unidad de Análisis de Datos, para impedir que se produzcan los hechos. Si no, con la complejidad de la economía, el ámbito político, el gasto público, será imposible. Nos pasarán por delante las cosas y no nos daremos cuenta, y nosotros queremos darnos cuenta y decirlo. Hemos hecho un diseño que se presentará en el Parlament de Catalunya para que tome las medidas que quieran, porque nosotros no escribimos el diario oficial. Quienes escriben el diario oficial son los parlamentos. Nosotros intentamos que esto se adapte a la realidad. Queremos que la Oficina esté adaptada a la sociedad a la que está sirviendo.
¿Qué mensaje quiere transmitir a la ciudadanía y a los profesionales que día a día trabajan por tener una sociedad más íntegra y transparente?
Primero, permítame que agradezca a las personas que tengo más cerca en la Oficina Antifraude, gracias por el esfuerzo y por el trabajo que han hecho. Esto es una elaboración en conjunto de todos los que forman parte de esta Oficina. Es un agradecimiento a todos ellos.
El mensaje que quisiera dar a la sociedad en general es lo más simple posible: Merecemos una sociedad honesta, una sociedad íntegra, pero la corrupción es un cáncer que cuando te descuidas va avanzando. La lucha debe ser constante, con pequeñas cosas. No es que sea algo muy complejo, sino que en el momento en que dejas de mirar, efectivamente, esto crece.
Por tanto, hay un aspecto de transparencia, exigimos que las instituciones sean lo más transparentes posibles. Deben ser íntegras, sensibles, que se hagan entender, y deben pensar que están prestando un servicio. Todo esto podemos verlo desde muchas perspectivas, pero piensen que se está hablando del derecho a una buena administración. Se está hablando de derechos fundamentales, se está hablando de derechos humanos, y esto es nuestro. No renunciamos en modo alguno, que no renuncien en modo alguno.
