Analizamos los resultados del Barómetro 2024 La Corrupción en Cataluña: Percepciones y actitudes ciudadanas con la doctora en Ciencia Política Júlia Miralles de Imperial Pujol. Miralles se doctoró en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde también se licenció en Ciencia Política y de la Administración y en Derecho.
Su investigación se centra en el análisis de las políticas públicas y la reforma administrativa. En concreto, en la integridad pública y en la prevención de conductas corruptas. Es investigadora post doctoral en la Universidad de Murcia, profesora asociada de ciencia política en la Universidad Pompeu Fabra, y colabora con entes gubernamentales y organismos internacionales como consultora en políticas públicas y anticorrupción.
Según los datos del Barómetro, los catalanes y catalanas tenemos una percepción asentada en niveles altos sobre la corrupción. Este año, un 82% de las personas considera que hay mucha o bastante corrupción. Aunque la diferencia respecto a 2022 no es relevante nos situamos en valores de 2014. En cambio, en el período de 2016 a 2020 se registró un descenso en la curva. ¿Cómo se explica este repunte en la percepción de la corrupción en Catalunya?
En primer lugar, la corrupción es un fenómeno muy complejo, que se explica por situaciones económicas, sociales e institucionales muy distintas. El Barómetro que hace la Oficina es una herramienta fantástica para entender cuál es la opinión pública, cuál es la percepción social en torno a todo lo que implica la corrupción o conductas que culturalmente pueden estar aceptadas y que son elementos que también pueden facilitar la corrupción. Debemos intentar ver tendencias a medio y largo plazo y no cambios en períodos cortos. En estos dos plazos se ve el cambio que comentabas, y cabe decir que, en ocasiones, la percepción de la corrupción puede estar influida por la situación económica general y las consecuencias sociales que tienen las situaciones de crisis económica. Es decir, una sensación de poca satisfacción personal con la situación económica puede traducirse en poca satisfacción con la situación política e institucional. También puede traducirse en una mayor percepción de corrupción. En pocos años es difícil tener conclusiones de cambios que son lentos. Existe una tendencia estable a una alta percepción de corrupción entre la ciudadanía en Cataluña y España. Ésta es la conclusión que debemos tener presente, y hay que actuar desde los poderes públicos y desde la Oficina Antifraude, desde las instituciones.
Queda mucho trabajo por hacer y la ciudadanía no se equivoca. Si un 80% de la población catalana considera que existe bastante o mucha corrupción es porque hay cuestiones del sistema institucional que no están funcionando bien. También debemos ser positivos porque parece que ha habido cambios normativos en los últimos años y en las últimas décadas que han mejorado la situación de integridad pública. Por ejemplo, tenemos una Oficina Antifraude, que no existía hace 20 años, que es una institución dedicada al fomento de la integridad pública y a la prevención de la corrupción. Es evidente que la normativa de contratación pública y la normativa de financiación de partidos políticos se han convertido en más estrictas y mejores herramientas para luchar contra la corrupción.
Por un lado, existe una cuestión importante que es la percepción del cumplimiento de la norma en general. Tenemos un sistema administrativo en general muy íntegro, tenemos una alta profesionalización en la administración pública. Y tasas muy bajas de pequeña corrupción, por ejemplo, de sobornos a funcionarios. Pero en cambio existe una sensación de que salen grandes casos de corrupción política. Esto hace que exista una percepción de que el cumplimiento de la norma no es generalizado. Estos casos son gravísimos, deben perseguirse y debemos intentar que no se produzcan. Pero a veces esto hace que percibamos por lo general la administración y el sector público como corrupto, cuando en realidad estamos hablando de un tipo concreto de corrupción.
Existe un segundo elemento, la percepción de corrupción puede estar vinculada con la confianza institucional en general. Vivimos un momento de cierto descrédito de las instituciones públicas, del estado. Hay partes de la población que viven en una situación de precariedad y vulnerabilidad. El problema de la vivienda puede acabar traduciéndose en una situación de desconfianza, en un desencanto respecto al sector público. Por tanto, percibo que hay corrupción porque no responden a mis necesidades.
Un tercer elemento es que debemos seguir avanzando y reforzando el sistema de integridad pública en Cataluña. Una de las competencias que tiene Antifraude es la protección de personas alertadoras, y la generación de canales de denuncia anónima de posibles casos de corrupción. Toda esta protección de personas alertadoras es relativamente nueva y debe seguir reforzándose. Un ejemplo de cosas donde debemos ir más allá: debemos seguir limitando el uso de efectivo, debemos seguir mejorando el sistema de contratación pública, que sigue teniendo agujeros. Hay elementos donde la ciudadanía percibe corrupción porque debemos trabajar con mayor integridad y en mecanismos para la prevención de la corrupción.
Las mujeres perciben más corrupción que los hombres, a menor nivel de estudios más percepción de corrupción, cuanto más anclados en ideologías de derechas y cuanto más jóvenes más percepción de corrupción. ¿Detrás de estos titulares qué realidad hay? ¿Por qué existe esa diferencia entre un colectivo y otro?
Hay datos que llaman la atención. La corrupción es la etiqueta que la ciudadanía da a esta idea de que los poderes públicos no actúan cómo deberían actuar. La definición de corrupción que tiene la ciudadanía es más completa y esmerada que ningún precepto del código penal. La corrupción no es sólo un delito perseguido a través del código penal y de los jueces, sino de calidad de gobierno. Las instituciones deben responder al interés colectivo, y lo que se desvía de ello, de algún modo, es corrupción. Otra cosa es si es tan grave que merece el castigo penal y ya es un delito. En cualquier caso, debemos hablar de si se está desviando la actividad institucional hacia el interés privado y no hacia el interés público. Cuando vemos que las mujeres perciben más corrupción que los hombres, o a menor nivel de estudio perciben mayor corrupción, estamos viendo sectores sociales que sienten que las instituciones no responden a sus necesidades, perciben que deberían ser las obligaciones de la administración. Seguramente con las tres cuestiones, con menor nivel de estudio, con la gente joven o con las mujeres, vivimos situaciones de mayor precariedad laboral.
Las mujeres lo sabemos. Aunque existen avances en feminismo, cada vez que salen cifras vemos que por el mismo trabajo las mujeres cobran menos que los hombres. La situación de precariedad de los jóvenes es indudable, el acceso a la vivienda es mucho más difícil que hace décadas. A más nivel de estudio normalmente mejores condiciones laborales y, por tanto, mejores condiciones de vida. Deberíamos ver que es una situación de cierta pérdida de confianza y de legitimidad de las instituciones públicas, y a las instituciones democráticas que no responden a las necesidades que tiene una parte de la ciudadanía. Esto la ciudadanía puede explicarlo como: hay corrupción, porque las instituciones no se están preocupando de lo que me pasa, porque se están preocupando por otros intereses privados. Por un lado, apunta a la pérdida de confianza con las instituciones y por otro, que existe una falta de sintonía entre la definición de corrupción, la más punitiva y la que entiende la ciudadanía. La ciudadanía seguramente entiende de forma más amplia el concepto de corrupción.
Sorprenden las cifras con el colectivo de jóvenes, que considera que existe mucha o bastante corrupción en un 90%, pero en cambio una conducta que forma parte de la definición de corrupción, como por ejemplo que un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite, lo ve bastante aceptable un 42% frente a un 12% general. Trate de poner un poco de luz a esta contradicción.
Sí, es muy interesante detenernos sobre estos datos de la población joven porque, efectivamente, la falta de confianza institucional hace que la gente traduzca esto al percibir mayor corrupción. Cierto es que en el caso de los jóvenes empezamos a ver un conjunto de actitudes políticas, de cultura política que puede ser más preocupante. Vemos una cierta pérdida de legitimidad general del concepto de todo lo colectivo. Estas percepciones bastante laxas que tiene la población joven podrían indicarnos la importancia de la percepción de la acción colectiva. La comunidad y el colectivo debe actuar con un interés comunitario y no con una suma de intereses individuales.
Probablemente se explica porque estamos construyendo una cultura social, política en general, que es más individualista, que es menos empática con la situación del resto y que tiene menos en cuenta la necesidad de mecanismos colectivos para dar respuesta a las necesidades del conjunto de la ciudadanía. La población más joven ha crecido bien entrada la crisis del estado del bienestar, con crisis económicas que han tenido un impacto muy notable en la presencia de los servicios públicos, en la calidad de los servicios públicos y en la presencia del estado en las esferas económicas y sociales. Esto hace que haya más individualismo en la sociedad, que se percibe más en la población joven, que ha crecido en esta cultura más individualista y tiene menos en cuenta la necesidad de pagar impuestos. Sacrificarnos algunos, los que mejor estemos, para que el colectivo esté mejor es la base de una idea del estado del bienestar que se basa en la acción colectiva, en el capital social.
La población joven, seguramente, acaba priorizando el interés privado en algunas conductas concretas, en algún caso aceptando que se pueda pagar dinero a un funcionario para que responda como quieres. Son conductas que hacen que este individualismo se acabe traduciendo en mayor tolerancia a la corrupción. Esto es preocupante, para corregirlo la ciudadanía debe percibir que las instituciones públicas generan unos servicios públicos que dan mayor bienestar a todos, y los pagamos con impuestos entre todos. Debe ver que el colectivo y las instituciones públicas sirven de algo, es la forma de convencer de que este individualismo es negativo para todos.
El individualismo del sector más joven afecta a la población en general. Por ejemplo, un 28% no ve corrupción en que un empresario pague por obtener un contrato público. En el Barómetro anterior, en 2022, era un 21,9%, y en 2020 el porcentaje era de un 7,5%. ¿Puede también explicarse por el individualismo? ¿Cómo el caso de los jóvenes?
Sí, pero debemos tener cuidado con los datos, debemos tener tendencias largas en el tiempo y diferentes encuestas... Pero es cierto que la tendencia es muy notable y preocupante. Los datos indican que aumenta bastante la tolerancia a una conducta corrupta y mayoritariamente delictiva. Por tanto, puede estar vinculado a esta desafección ciudadana con la política, a esta desconfianza con las instituciones y a esta cultura más individualista.
Cada vez hay más gente que justifica pagar por conseguir un contrato para una empresa, aunque esté perjudicando al colectivo, a la institución pública y a los recursos que hemos pagado con nuestros impuestos. Es preocupante y hay que estar muy atentos y actuar, porque puede que continúe esta tendencia que puede acabar con un impacto muy negativo sobre la integridad pública en Cataluña. Porque podemos tener leyes, podemos tener normas, podemos tener instituciones como la Oficina Antifraude, pero al final Catalunya es también el comportamiento de los catalanes y las catalanas cada día, sobre todo.
Tenemos un comportamiento ambivalente entre el ámbito privado, en el que aceptamos en un 42% empadronar al hijo en casa de los abuelos para que vaya a la escuela que queremos y, en cambio, somos desconfiados con los partidos políticos, con instituciones financieras, ayuntamientos o incluso medios de comunicación. ¿Por qué los catalanes toleraremos en nuestro ámbito privado ciertas conductas que no son aceptables, que son corruptas, y en cambio somos tan desconfiados con la política?
Esto es una tendencia que sobrepasa Cataluña. Lo vemos recientemente, los discursos populistas en contra del estado y en contra de las instituciones públicas están ganando cada vez más terreno. Esto se traduce no sólo en las instituciones públicas, sino en los partidos políticos, percibidos como el centro de esta corrupción. Pero que podrían ser percibidos como el vehículo fundamental, en democracia, los partidos políticos son el principal vehículo de la representación política. No quiere decir que la percepción negativa de la ciudadanía carezca de una base fundamentada, porque han salido casos de corrupción en financiación de partidos políticos. Pero es preocupante, porque son una de las instituciones centrales de la democracia y que se está viendo tan poco legitimada frente a la ciudadanía.
Esto es parte de toda esa cultura de desafección, de desconfianza y también de antipolítica. Son muchos los proyectos políticos de todas partes que apuestan por reducir las instituciones públicas, por tener un estado más adelgazado, menos presencia del estado en la economía, en la sociedad. Al final es un pez que se muerde la cola, cuanta más hegemonía ganan estas posiciones, cada vez tenemos menos herramientas para deslegitimar un estado. Estas tendencias sólo pueden revertirse con instituciones públicas que sean útiles a la ciudadanía. No se trata de ganar relatos, de realizar batallas dialécticas, sino de mostrar en hechos concretos y en mejoras concretas por qué tiene sentido que tengamos unas instituciones públicas íntegras, que respondan a las necesidades del conjunto de la población. Una sociedad más individualista, con menor presencia de lo público, es una sociedad más desigualitaria. Puede incluso llegar a ser una sociedad menos democrática. Por tanto, puede haber más o menos presencia del mercado que de las instituciones públicas en la economía, pero debemos entender que el mecanismo para mejorar la igualdad social y para fortalecer la democracia son las instituciones públicas que construimos entre todos y todas.
Hay una creciente voluntad de la ciudadanía de luchar contra la corrupción, y una de las principales herramientas que toma la ciudadanía es la denuncia. ¿Considera que esta tendencia nos indica que vamos por el buen camino para asentar esa integridad institucional que reclamaba y apuntaba que es tan necesaria?
Efectivamente, creo que está bien mirar todo el conjunto, mirar los matices. Es importante ver que percibimos que también existen mecanismos institucionales que están funcionando, que hay información que llega a la ciudadanía y que ven qué mecanismos tienen, por ejemplo, para denunciar posibles conductas corruptas. El sistema de protección de las personas alertadoras viene de una directiva europea que está transpuesta en España y también en Cataluña ha tenido su traducción. Por ejemplo, en los buzones anónimos de denuncia. De hecho, la Oficina Antifraude fue pionera en la apertura de un buzón anónimo. Es importante aprovechar estas tendencias. No dejemos que la ciudadanía se desencante, si conoce maneras para denunciar una posible conducta corrupta o tiene menos miedo a represalias de la que tenía hace unos años, es porque sabe que hay buzones anónimos que protegen a las personas denunciantes.
Es importante que reforcemos estos mecanismos, que acaben de implementarse. A nivel español tenemos la transposición de la directiva, pero todavía no tenemos la Agencia de Protección de Personas Alertadoras. Es indispensable que esta agencia exista cuanto antes y que haya una buena coordinación con las agencias autonómicas. Vivimos en un mundo con una ciudadanía pragmática, que tiene dificultades en su día a día y necesita ver actuaciones concretas y materiales de la administración. No se trata de ganar relatos teóricos y de decir que hemos aprobado leyes, se trata de que, si la gente un día tiene un caso por denunciar, vea que el buzón anónimo funciona, que no recibe represalias y que existe una administración y un sistema de integridad pública que es efectivo, que hace que posibles conductas corruptas puedan ser perseguidas. Con protección de las personas que dan este paso, que es un paso de valentía, y que muestra una cultura política que es la que debemos fomentar.
La transparencia sigue siendo un elemento algo crítico, ya que un 68% considera que las instituciones son poco o nada transparentes. Disponemos de una ley de transparencia de hace más de 10 años. Parece que la ciudadanía no acaba de confiar en esta herramienta, ¿cuál es su percepción?
Con la transparencia han pasado varias cosas. Por una parte, la transparencia en el conjunto de España y en Cataluña no ha funcionado muy bien. Eso sí, tenemos elementos muy positivos. Por ejemplo, la web de publicación en la contratación pública a nivel catalán es bastante accesible. Pero después tenemos muchos ejemplos de que la transparencia ha funcionado de forma regular, sobre todo cuando uno pide información a la administración. Las instituciones no responden o lo hacen tarde. Esto puede llevar a una percepción de que la transparencia no es cómo debería ser. Por ejemplo, vemos ayuntamientos muy pequeños, con pocos recursos, que deberían recibir más apoyo para tener unas webs de transparencia y respuesta activa de la administración ante las preguntas de la ciudadanía.
Por otra parte, existe otra cuestión que es la transparencia como herramienta de integridad pública. No es sólo publicar muchas cifras, sino hacer que éstas sean accesibles a la ciudadanía y los investigadores. El periodismo ha sido en muchos países un elemento central para descubrir grandes casos de corrupción, pero por eso necesitamos una transparencia que sea ágil, que sea completa, que realmente vaya al tipo de datos que es interesante tener. A menudo la transparencia no ha sido suficientemente útil. Si se publican las declaraciones de bienes e intereses de los cargos electos, normalmente se publican tarde y no siempre están completas. Pero si, además, se publican en formato PDF, no servirá para investigar de forma masiva cuál es la evolución que ha tenido el patrimonio de un cargo electo.
Por tanto, debe ser una transparencia que utilice las herramientas tecnológicas actuales para generar mecanismos de rendición de cuentas ante la ciudadanía y de control ciudadano de la corrupción. Que la ciudadanía, el periodismo y muchas entidades del tercer sector que se dedican al fomento de la integridad puedan utilizar esta transparencia como herramienta contra la corrupción.
¿Usted cree que la inteligencia artificial puede ayudarnos con la integridad pública y a luchar contra la corrupción?
Sí, la inteligencia artificial tiene aplicaciones muy diversas y es cierto que deberíamos analizarlas con mucho detalle. Es importante ver si la inteligencia artificial sólo analiza datos o toma decisiones en nuestro nombre, aquí serán diferentes las aplicaciones, los riesgos y las capacidades. En relación con la corrupción, la inteligencia artificial tiene una capacidad muy concreta, que es positiva. Las herramientas de inteligencia artificial actuales pueden analizar inmensas cantidades de datos, detectar patrones, hacer saltar alertas rojas de peligro, quizás de casos de corrupción. Es una herramienta que no teníamos y que puede mejorar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción. Hoy tenemos herramientas que nos permiten analizarlo todo, cada contrato que se hace en Cataluña, herramientas que pueden ver tendencias y que nos permiten realizar un análisis de riesgos.
¿Existe alguna cifra del Barómetro que le haya sorprendido de las que no hemos comentado?
Sobre todo, me sorprendió la cuestión de los jóvenes, es preocupante esa mayor tolerancia a la corrupción y, por otra parte, también me parecía muy positivo que la gente tenga mucho más claro cuáles son los medios para denunciar la corrupción. Para tener una nota positiva es importante ver que aquí se está haciendo un buen trabajo, seguramente desde la parte de la prevención y que es hacia dónde trabajar. Se debe trabajar en una prevención integral, por tanto, en herramientas institucionales. Es decir, que existan los mecanismos para denunciar de forma anónima, por poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo con herramientas culturales, pedagógicas e informativas para el conjunto de la ciudadanía, creo que justamente esta cifra muestra una combinación de ambas.
¿Por qué es importante que una sociedad sepa cuál es la percepción de la corrupción? Por otra parte, ¿esa alta percepción de la corrupción qué coste tiene para la sociedad?
Porque si queremos luchar contra la corrupción es importante que conozcamos cuál es esa realidad. Conocer una realidad, en cualquier sociedad democrática, debe incluir también conocer qué opina la ciudadanía, cuál es el sentido de la ciudadanía con respecto a las cuestiones y con respecto al problema de la corrupción. La corrupción siempre se ha vinculado a un problema en el desarrollo económico. Evidentemente, la corrupción tiene un impacto económico y está demostrado que dificulta el funcionamiento de la actividad comercial y económica en los países. Esto no me parece el elemento más preocupante. Un segundo elemento que se ha comentado bastante es el impacto sobre la calidad de la democracia. La alta percepción de corrupción genera menos confianza, mayor desafección en las instituciones, y hace que la gente también se involucre menos, participe menos en política y acaba perjudicando al sistema democrático y a la legitimidad de la democracia.
Finalmente existe un tercer elemento del que se ha hablado menos, que es la igualdad. Una sociedad más corrupta es una sociedad más desigualitaria, donde para acceder a los servicios públicos que posibilitan una educación de calidad, una sanidad de calidad accede primero la empresa que paga más o la persona que paga un cohecho. Esto hace que no sean los criterios del interés público que garantizan que los recursos públicos se dediquen a sanidad, educación, acción social para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, la corrupción tiene impactos sobre la democracia, sobre la economía, pero también sobre la igualdad social. Y debemos tenerlos muy en cuenta para seguir luchando contra la corrupción.
