Eva Belmonte es una periodista especializada en análisis y tratamiento de información pública de datos, es codirectora de la Fundación ciudadana Civio junto con el activista David Cabo. Antes trabajó en El Mundo en Barcelona. En 2016 recibió el premio Gabriel García Márquez en la innovación periodística por Medicamentalia, sobre la brecha global del acceso a la salud. En 2019 recibió el Data Journalism Awards por el Portafolio Individual del año. En Civio ha dirigido múltiples investigaciones periodísticas, como el Indultómetro o ¿Quién manda? Y cada día podemos leerla en el blog El BOE nuestro de cada día. En 2015 escribió el libro Españopoly, que explica el funcionamiento de las estructuras de poder en España. Y en 2021 publicó el Diccionario ilustrado BOE-español. Recientemente, Civio ha recibido el Premio Rey de España de Periodismo como mejor medio de comunicación de Iberoamérica.
¿Qué hace la Fundación Civio?
Lo que hacemos es intentar vigilar todo lo público, pero vigilarlo para protegerlo. Lo que queremos es investigar a fondo aspectos públicos que nos afectan a todos como ciudadanía. Queremos dedicarnos a investigar sobre contratación pública, sobre conflictos de interés, sobre acceso a la salud, sobre todos estos aspectos que creemos que ocurren en la actualidad informativa pero que no se tratan a fondo de forma rigurosa.
La Fundación Civio está de cumpleaños, hace 10 años de su nacimiento, casi a la par que la Ley de transparencia. ¿Qué balance hace de estos años de aplicación de la ley?
La ley se quedó corta desde el primer momento porque existen aspectos importantes que no están incluidos, sobre todo en la rendición de cuentas, en el proceso de toma de decisiones. El organismo que debe vigilar no tiene suficiente independencia ni medios suficientes para hacerlo. Después, con las leyes autonómicas se han podido cambiar cosas. En Cataluña, el órgano de control tiene mucho más poder que el Consejo de Transparencia estatal. La ley nació con carencias porque se incluyó un derecho de acceso a la información pública con muchas excepciones y abiertas. Después, en la práctica, hemos encontrado que es mucho peor de lo que esperábamos, que al final estas excepciones tan amplias del derecho de acceso a la información se utilizan de forma masiva y sin dar explicaciones la mayoría de las veces. También el proceso es muy lento. Tardan mucho en responder, tardamos meses o años en poder acceder a una información, incluso después de ir a juicio. Muchas veces vemos que los gobiernos llevan las decisiones del Consejo de Transparencia por defecto a los tribunales porque les sale gratis y no temen llevarlo a juicio. También existe esta complacencia en el gobierno español, piensan: ya tenemos una Ley de transparencia en España, ya está todo hecho. Y no se mejora en cosas tan importantes como las principales carencias que vemos desde Civio. Por ejemplo, el proceso de aprobación de una norma o cualquier decisión pública, los lobbies, la huella legislativa y qué documentos se incluyen. Luego en la parte más privada, ¿qué ocurre con las compañías? ¿Por qué el Registro Mercantil no está abierto? No podemos ver quién está detrás de las empresas.
Hemos avanzado en transparencia, al menos en transparencia formal. ¿Qué nos falta por lograr una transparencia real? Por ejemplo, ¿el régimen sancionador no está desarrollado?
El Consejo de Transparencia no puede imponer sanciones y, la mayoría de las veces, cuando dice que debe darse acceso a la información a alguien, porque tienen razón, los ministerios suelen ignorar la resolución, ni siquiera la llevan a juicio. Pueden pasar meses o años y nunca responden. Pero también en las obligaciones de transparencia porque están obligados a publicar por defecto determinadas cosas que no publican. La ley tiene muchos años y obliga a las empresas privadas que reciben dinero público, a partir de ciertas cuantías, a publicar determinados datos. Ni siquiera tenemos una lista de qué empresas están afectadas ni sabemos si lo están haciendo bien o no. Esto no se está vigilando lo suficiente porque se necesitan muchos medios. Esta capacidad sancionadora podría obligar a que determinadas cosas que ahora no se publican se publicaran. Cuando el Consejo de Transparencia dice que el ciudadano tiene razón, deben darle la información de forma rápida y efectiva. No puede pasar lo que ocurre ahora, que tardan meses en responder. Recurres ante el Consejo de Transparencia, te da la razón y después tienes que esperar meses para tener la información, te lleven a juicio o te ignoren. Al final, si no se puede sancionar esto no va a cambiar nunca.
De la justicia se dice que no es justicia si es lenta. ¿Ocurre lo mismo con la transparencia?
Tiene que haber consecuencias si no se responde en tiempo, debe cambiarse la ley. Por ejemplo, la ley dice que hay un mes de plazo para responder, que puede ampliarse en determinados momentos, de hecho, se amplía muchísimo. Pero el plazo no es desde el día en que el ciudadano pide la información, el momento entre que el ciudadano pregunta hasta que llega a quien debe responder no está regulado. Pedimos que se regule ese tiempo, que el plazo sea desde el día en que se formula la pregunta y no desde que llega al destinatario. Y si no se cumplen los plazos tenga alguna consecuencia, que ahora mismo no tiene.
En el barómetro bianual de Antifrau, la percepción de la transparencia ha mejorado en los últimos años, pero un 59% de los encuestados considera que las instituciones catalanas son poco o nada transparentes. Un 67% cree que las instituciones tratan de forma privilegiada a las personas o instituciones cercanas al gobierno ya la pregunta de por qué no pediría información a las instituciones públicas en un 41% dice que es muy complicado, un 33% porque la administración no responde y un 27% dice no saber que se puede pedir. ¿Qué falla?
Fallan muchas cosas. Cuando la gente sospecha que las administraciones públicas tienen trato de favor con determinadas personas creo que es normal, porque si hay una opacidad absoluta en la toma de decisiones -en las que hay detrás las empresas que acceden a contratos públicos- es normal que si te esconden algo sospeches, porque si no ¿por qué lo esconden? Si no hay suficiente información sobre con quién se reúne un consejero para aprobar una norma, o para tomar decisiones, y lo están escondiendo, sospecho que algo no están haciendo bien. Es normal que la gente desconfíe si usted no tiene la información. Es bastante comprensible y humano.
Que la gente no conozca la Ley de Transparencia y cómo se puede acceder a ella creo que tiene mucho que ver con que se habla de transparencia como una palabra vacía, de esas que utilizan los políticos siempre que les va bien. En la práctica no se hace efectiva esta venta teórica de la transparencia. Cuando se han aprobado las leyes de transparencia ha habido mucha campaña al principio. No ha habido una campaña constante con una guía sobre qué puedes preguntar, cómo preguntar... Cuando se aprobó la ley española se hizo una campaña muy corta que ponía el foco en saber el sueldo de los alcaldes. Si esto es lo más importante de la transparencia tenemos un problema. De hecho, el sistema para realizar una solicitud de información es bastante complejo, según a qué organismo quieres preguntar hay cuarenta sistemas diferentes. Pero se han centrado en campañas para decir que se ha aprobado la ley, que ya somos transparentes, en vez de explicar al ciudadano cómo hacerlo.
Parece que hemos mejorado en gobierno abierto, pero faltaría profundizar en el concepto de transparencia. Usted ha dicho que no existe una transparencia real con los grupos de presión, no tenemos una huella normativa que explique por qué y cómo se han tomado ciertas decisiones. Podemos saber las reuniones que existen, pero no el contenido.
En Cataluña tiene una parte de la agenda en su ley. Pero en la ley estatal y en la de la mayoría de comunidades autónomas no hay una agenda pública, que es lo que pedimos. En las declaraciones de diputados y consejeros dicen tener acciones en empresas, pero ¿no en cuáles? Porque igual existe un conflicto de interés, falta mucha información para conocer a fondo si están haciendo su trabajo pensando en el interés general y no en el propio. Por eso necesitamos toda la huella legislativa: necesitamos saber con quién se reúnen, qué documentos facilitan y qué impacto tiene en la norma final. Nosotros hemos hecho lobby con la Ley de Contratos, enviamos nuestras enmiendas como si fuéramos un partido político, se publicaron y algunas entraron directamente. Sabemos perfectamente qué impacto hemos tenido, cualquiera puede leerlo porque publicamos todos los documentos sobre el proceso, pero eso no lo hacen los lobbies. Para mí es mucho más importante con quien se reúnen para reformar una ley que su sueldo. Ésta creo que es la parte importante de la transparencia y la que es útil. Tengo la sensación de que cuando hablamos de transparencia el ciudadano entiende que son cuatro datos blandos no muy relevantes, pero porque se ha utilizado para publicar información no compleja, no perjudicial. A veces desde las administraciones públicas se excusan diciendo que esto la gente no lo entendería, una respuesta que me molesta muchísimo.
No puedes tratar al ciudadano como si fuera un niño pequeño porque somos quienes pagamos tu sueldo. Es al revés, deberíamos ser tus jefes y los políticos quienes deben rendir cuentas. La rendición de cuentas en todo el proceso de aprobación de normas se ha dejado fuera de la transparencia, intentando que la gente se fije en temas mucho menos importantes y relevantes para su vida diaria.
En Cataluña se publican las agendas, pero el contenido de la reunión o los documentos empleados no.
A veces se llama temática general, por ejemplo: mercado laboral, pero quizás están hablando específicamente del cierre de una planta o de si quieren cambiar determinada normativa. A mí me gustaría saber, cuando se aprueba alguna ley, quién ha influido en esta norma, no sobre qué temática han hablado. Quiero saber si existe un impacto específico en normas concretas.
En Civio trabaja con personas que tienen un perfil puramente tecnológico. Antifrau ha apostado por una estrategia de análisis de datos propia. Permite tener sistemas de alertas, estudiar patrones y procesar con mucha rapidez miles de documentos, pero ¿su aplicación también puede acarrear riesgos? ¿Dejar la transparencia en manos de los algoritmos puede comportar riesgos?
Existe un riesgo importante si sólo se deja a las máquinas, debe haber dos niveles. Es lo que se hace con los sistemas de alerta con las famosas banderas rojas, que nosotros utilizamos cuando investigamos contratación pública. Usted no puede ir contrato a contrato, como hacen muchos organismos como el Tribunal de Cuentas, por eso sólo estudian una muestra muy pequeña. Miran más la burocracia que si hay un caso de corrupción detrás. Sirve para realizar un filtro, que debe avisar a un ser humano para que revise estos contratos. Lo que no podemos es dejar en las máquinas realizar todo el proceso, porque la toma de decisiones es muy importante. Lo que podemos hacer es filtrar para intentar no estudiar una muestra aleatoria, así es muy difícil, y todavía encuentran cosas. Es importante que nos dejemos ayudar por las máquinas para realizar este filtro y tener las alertas, pero siempre debe haber una segunda mirada humana, porque una máquina al final nunca podrá conectarlo todo, hay una parte que deben hacer las personas. Las administraciones públicas deben utilizar algoritmos, máquinas para ayudarnos a tomar decisiones, pero que no las tomen solas. Llevamos muchos años en los tribunales porque vino el código de aplicación que dice si tienes derecho al bono social o no, porque creemos que el texto de esta aplicación es igual de importante que el reglamento de una norma, porque elige a quien se le concederá. No hay ningún funcionario que medie en el proceso, es directamente la máquina. Por eso este texto debe ser público y nos están diciendo que no, que es seguridad nacional. Hay decisiones en las que es muy importante el peso de la máquina para tomar una decisión final, en todo caso, las de las administraciones públicas deben ser abiertas y transparentes porque si no estamos haciendo trampas.
Usted participó en plena pandemia en un webinario de Antifrau y comentó que han recibido presiones para realizar su trabajo. ¿Qué presiones reciben?
Somos nosotros quienes demandamos a las administraciones, en este caso también, denunciamos nosotros, hemos estado en cinco o seis juicios a lo largo de nuestra historia. La mayoría son juicios en los que nosotros pedimos una información, nos dicen que no y vamos a juicio porque no nos la dan. Nosotros hemos llevado a juicio al Ministerio para que nos dé ese código. Ha ocurrido alguna vez que el Consejo de Transparencia nos ha dado la razón y entonces el gobierno ha demandado al Consejo de Transparencia, no a nosotros. Nunca nadie nos ha llevado a juicio, pero nosotros hemos llevado a juicio a la administración pública muchas veces.
¿Qué otro tipo de presiones recibe una organización como Civio?
El tema de las amenazas funciona mucho con otros medios, con nosotros no, a veces nos han llegado algunas amenazas, no muchas, pocas. Es muy complicado presionar sobre organizaciones pequeñas e independientes de verdad, porque no pueden hacer presión sobre publicidad, sobre ayudas o similares, porque no recibimos subvenciones públicas. No hay muchas formas de presionarnos porque somos una organización pequeña con un presupuesto pequeño. A veces amenazan con que nos denunciarán por protección de datos, que ahora lo utilizan para todo. O cuando hablas con gabinetes de prensa de administraciones públicas, se enfadan contigo y te regañan. Pero todo lo que publicamos lo tenemos tan atado, tardamos tantos meses en cerrarlo todo, en entenderlo perfectamente, en tener las fuentes, los documentos, y lo publicamos todo. Al final es muy difícil presionarnos.
Existe una fricción entre dos derechos: el derecho a saber y el de protección de datos. ¿Parece que en esta fricción la carrera le encabeza la protección de datos ante la transparencia? ¿Cómo debería solucionarse?
Siempre que existe una lucha entre los dos gana la protección de datos, también la ley que la regula tiene un estatus mayor, porque es ley orgánica, la de transparencia no. Éste es uno de los problemas más importantes, se deben proteger los datos especialmente protegidos, pero no tiene sentido cuando hablamos de transparencia que datos como el nombre de una persona, el sueldo, el cargo, que no son datos especialmente protegidos, no se puedan publicar. Estos datos suaves, que no hablan de dónde vive, de la familia, de problemas de salud, temas religiosos o pensamientos. Llevamos años pidiendo los nombres de los asesores de los ministros, porque no se publican los nombres del personal eventual, a dedo, de fuera de la administración pública, que trabaja directamente en los gabinetes de las administraciones. Cada año debemos pelearnos durante meses para que nos den los nombres, y siempre dicen que hay un problema de datos personales. Estamos hablando de gente que trabaja en los gabinetes de ministerios, es una locura. Se utiliza la protección de datos por no decir el nombre de los asesores de los ministros.
Aprovechando que hace poco fue 8 de marzo, ¿considera que en la transparencia existe un elemento de género? Según los Sellos Infoparticipa de la UAB, son más transparentes los municipios con alcaldesas, en referencia a la transparencia activa de las webs. Por el contrario, según los datos de transparencia de la Generalitat tan sólo un 31% del acceso a la información lo piden mujeres. ¿Cuál es su impresión?
No sé por qué somos una minoría haciendo preguntas o recorriendo decisiones públicas, creo que existe una relación con que los ayuntamientos con alcaldesas sean más transparentes porque ahora también hay más municipios con alcaldesas mujeres, y muchas de ellas son gente más nueva en la política, con propuestas más novedosas, que traen una visión más fresca y moderna. Al final existe una barrera muy importante para la transparencia, que es la tradición y la cultura. Existe esta cosa en la administración de decir: yo trabajo aquí, todo esto es mío, éste es mi despacho. Como cuando se va un presidente del Gobierno y se lleva todo lo que hay en el despacho en su casa. ¡No, perdona, eso no es tuyo! Esto está cambiando con muchas personas nuevas que entran en política y que no tienen esa cultura en la cabeza.
¿Qué futuro le ve a la transparencia?
Me gustaría ser optimista porque creo que hay mucha gente atenta y cada vez hay más interés por ir más allá de lo que se entendía por transparencia hasta ahora. Hay más gente que tiene interés por saber cómo se hacen las cosas de forma detallada, saber qué pasa allí detrás, y no quedarse con el caso de corrupción puntual, sino mirar por qué ha pasado. Tengo la sensación de que esta política que vivimos en los últimos años, donde estamos en campaña electoral constante, hace muy difícil que se hable de transparencia más allá de las proclamas y de las promesas que después no se utilizan. No soy muy optimista si no cambia un poco el clima político y si de verdad no nos sentamos a mejorar las cosas. Inevitablemente este cambio con gente nueva en la política, con gente que viene de movimientos sociales, que están más abiertos a cambios, puede ayudar a que las cosas se hagan de otra forma. A nivel de estado, se está planteando una reforma de la Ley de transparencia, pero temo que se quede de nuevo en la superficialidad de los sueldos y cuatro datos más, nosotros presionaremos mucho para que no sea así. Y que no entren a fondo en lo que de verdad es importante, que es rendir cuentas a los ciudadanos, que somos quienes mandamos al final.
