Entrevistamos a la directora adjunta de la Oficina Antifraude de Catalunya, Begoña Ballvé, que tomó posesión del cargo el pasado mes de abril. La toma de posesión coincidirá con la decisión del Parlament de Catalunya de otorgar a la Oficina Antifraude las competencias como Autoridad independiente de protección de las personas alertadoras. Unas competencias que se derivan de la Directiva Europea del año 2019 y que se han transpuesto al ordenamiento jurídico con una ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero. Una ley que también otorga a la Oficina Antifraude de Catalunya las competencias, entre otras, de la responsabilidad del registro de sistemas internos o de ser el canal externo de alerta.
¿Qué representa para la Oficina Antifraude haber asumido competencias en la protección de las personas alertadoras?
Para la Oficina éste ha sido un momento muy importante. Piense que Antifraude llevaba tiempo reivindicando estas competencias, sobre todo en la persona del director. En este sentido agradecemos muchísimo que el Parlamento, en cuanto se aprobó la ley, otorgó estas competencias directamente a la Oficina Antifraude. Nuestras normas internas sí lo preveían, ahora tenemos estas competencias plenas y estamos ya como otras instituciones, que hacen un trabajo como el nuestro en todo el territorio estatal –en referencia a las otras agencias y oficinas antifraude de otras comunidades–, que sí tenían estas competencias porque tienen leyes más recientes.
¿Y cómo han organizado estas nuevas competencias desde que tienen la protección de las personas alertadoras?
Esta ley nos ha otorgado las competencias en protección a las personas que alertan. El Parlamento nos ha atribuido esta competencia, pero lo que no se ha hecho por el momento es una atribución de personas y recursos para poder llevarlo a cabo. En cualquier caso, la Oficina Antifraude se ha reorganizado internamente. Como directora adjunta, uno de los primeros trabajos en la organización ha sido la creación de un área específica, altamente especializada, sobre todo por la sensibilidad de lo que representa la protección de las personas alertadoras, y muy diferenciada de otros ámbitos de la propia oficina, como son la prevención o investigación de infracciones. Estamos trabajando para dar esa prestación a las personas de la forma más eficiente y eficaz.
¿Quién puede recibir esta protección? ¿Qué características deben cumplirse para venir a Antifraude y pedir esta protección?
La ley lo que hace es proteger a las personas que alerten en su ámbito laboral y en sentido amplio, porque la ley hace todo un abanico de posibilidades por este concepto. En este sentido, es para todas aquellas personas que hayan recibido información o crean que tienen información que pueden revelar o comunicar, porque puede ser una infracción grave o muy grave administrativa o penal. Cuando la persona tiene la percepción de que podría tratarse de una irregularidad, cuando haga esa alerta, en cualquier ámbito.
Estamos hablando de informaciones en el marco del ámbito laboral y, temporalmente, después de la entrada en vigor de la directiva. Esto también es muy importante, cuando tenemos algún caso de antes de la directiva, éstos quedarían fuera de la protección de la ley. La ley específicamente menciona que es a partir de su entrada en vigor, pero también con la entrada en vigor de la directiva.
Y una vez han venido aquí y han solicitado la protección, ¿qué medidas de apoyo y acompañamiento reciben o pueden recibir a estas personas informantes?
Contamos con dos líneas de actuación básicas. La primera de ellas es que una vez escuchamos a las personas y verificamos rápidamente que cumplen con los requisitos, lo que hacemos es darles el certificado de persona protegida y lo comunicamos a la organización donde trabajan. Entonces hacemos un acompañamiento y velamos por esta relación laboral y tutorizamos qué pasa en aquella organización respecto a esa persona. También nos coordinamos con otras administraciones públicas y esto lo hacemos caso a caso, por ejemplo, con fuerzas y cuerpos de seguridad, con inspección de trabajo, o con otras administraciones. Le ayudamos, le acompañamos para recordar a las administraciones que como persona protegida debemos darle el máximo apoyo.
Desde que entró en funcionamiento esta nueva ley y tienen estas nuevas competencias, ¿Antifraude a cuántas personas ha protegido?
Como decía antes, a través del reglamento ya hacíamos protección a personas de forma más incompleta que ahora con la nueva ley. Desde que se aprobaron las normas internas del 2018 hasta que entra la ley, en febrero del 2023, hemos atendido a unas 18. Pero desde la entrada en vigor de la ley, en febrero, llevamos ya 19.
¿Si las instituciones no hacen caso o no hacen caso del todo a las indicaciones de la Oficina Antifraude tiene potestad sancionadora?
Sí, la potestad sancionadora está prevista en la ley, y, como siempre decimos, estamos en un sistema que es preventivo y éste debe ser la última acción. Para nosotros es muy importante realizar el seguimiento, comunicarlo a la organización, estar pendiente de que no se produzca ningún acto que sea contrario o que pueda ser constitutivo de una represalia. Y llegado el caso, si es necesario, empezar la potestad sancionadora, porque esa organización no ha encontrado la manera de hacer las cosas bien hechas. Pero, como insisto, aquí hay que hacer mucha prevención para no llegar a utilizarla. Y si debe utilizarse, obviamente, iniciarla.
No se ha hablado demasiado, pero la ley también contempla una figura que es la del afectado. Esta figura, ¿a quién se refiere?
Éste es un aspecto que también nos interesa mucho por una serie de garantías que también otorga la ley. De hecho, hemos tenido siempre en nuestro sistema a las personas que están afectadas en el sentido de investigadas, dentro de lo que es la alerta o la denuncia. Aquí hay derechos como el de la confidencialidad o el derecho de defensa de esa persona, o la presunción de inocencia. Durante todo el tiempo en el que dura una investigación, aquella persona debe tener la posibilidad de realizar todos los actos de defensa que considere. Pero también la directiva está pensando en las denuncias falsas. Si una persona es víctima de una denuncia falsa también puede protegerse.
Ahora vamos a otro aspecto de esa ley, que es el sistema interno de información. ¿En qué consiste?
El sistema interno de información, en el fondo, es una especie de infraestructura, un instrumento que se pone al servicio de las organizaciones para promover la cultura de la integridad. Dicho esto, lo que hace la ley es conseguir que deba crearse un buzón interno en las organizaciones para que las personas puedan comunicar estas irregularidades, porque esto también tiene que ver con la reputación y la marca de la organización. Y en este sentido se le da la oportunidad de poder gestionar, investigar y tomar medidas en la línea de corregir las irregularidades o de lo que deba hacerse.
¿Y qué entidades están obligadas a tener este sistema?
Este buzón interno lo deben tener todas las organizaciones, debe estar en todas las organizaciones privadas y públicas, en un sentido amplio. En cuanto a organizaciones privadas, afecta a todas las personas jurídicas y en el ámbito público, a todas las entidades del sector público. Incluso a fundaciones, sindicatos, partidos políticos, todo tipo de entidades. Y en ese sentido se pone el foco especialmente en las que tienen más de 50 trabajadores. Para implementar y crear este sistema entre las organizaciones, todas tienen hasta diciembre de este año, de 2023.
¿Qué papel tiene Antifraude en la implementación de este sistema interno?
La propia ley ha configurado la Oficina Antifraude como el canal externo y también como la autoridad de protección de alertadores, en el sentido de que nosotros tenemos facultades de supervisión y control de estos canales internos, que se implementen correctamente y que su funcionamiento sea correcto. Obviamente también, como última opción, existe una potestad sancionadora, pero es para aquellos casos en los que las organizaciones no dispongan de este canal o no hagan la investigación o las investigaciones correspondientes.
En el contexto actual, ¿cómo fomentar la cultura de la alerta y la cultura de la integridad?
Insisto en esa concepción de la prevención. Todo el trabajo que hacemos en la Oficina Antifraude de Catalunya, donde tenemos una Dirección de Prevención que se dedica a trabajar y promover esta integridad en el sector público y también en el privado, tenemos mucha experiencia en este ámbito. Con datos de 2022, hemos realizado más de 3.500 horas de formación. Tenemos en funcionamiento un servicio que es innovador, que es el DialÈtic, que sirve para que trabajadores de las administraciones públicas puedan plantear dilemas éticos que se encuentran, para ayudarles con nuestra experiencia a resolverlos, porque está claro que cualquier persona puede tener un dilema ético a lo largo de su vida profesional. No pasa nada, simplemente debe gestionarse.
Trabajamos también haciendo todo tipo de enmiendas y propuestas a normativas locales, autonómicas, estatales, también a la directiva, e incluso hacemos recomendaciones a las entidades, como recientemente hemos hecho a los electos en las elecciones municipales. Trabajar la cultura de la integridad es básico para disuadir comportamientos, irregularidades, incluso aquellos comportamientos en la administración que después, como Oficina Antifraude, estamos obligados a investigar.
Antes de llegar a que se perpetre cualquier irregularidad nos gusta trabajar todo lo que es la integridad. Un sistema interno, dentro de una organización, le sirve a ésta para realizar estas políticas de integridad. No es necesario llegar a una situación compleja ante juzgados u otras entidades de control, sino que pueden trabajar internamente el fomento de la ética y los valores públicos.
La desaparición de algunas agencias u oficinas en los últimos tiempos está sobre la mesa, ha sido titular de medios de comunicación y es como una moneda de cambio a la vez, en algunas comunidades, de hacer pactos de gobierno. ¿Qué posicionamiento tienen ante esta situación, con ese juego político de agencias y oficinas antifraude que se está haciendo?
Partimos de la base de que la corrupción es un fenómeno global, que debe tratarse de forma coordinada por todos los agentes que tenemos, incluso del ámbito geográfico y en el funcional. Es necesario que todas las agencias estén coordinadas y que trabajemos en hacer políticas de prevención en la lucha contra la corrupción. En este Estado tenemos diferentes agencias y diferentes oficinas que se coordinan en esta línea porque no existe una entidad de ámbito estatal que se dedique a ella.
Cuando vemos que esto sucede, creemos que se está dando un paso atrás en la lucha contra la corrupción y lamentamos muchísimo que esto sea una moneda de cambio de pactos postelectorales, porque creemos firmemente que todas estas entidades deberían formar parte del ADN de la sociedad. Porque la corrupción no sólo es una lacra, sino que, además, debilita muchísimo el estado social y el estado de derecho y atenta contra los valores democráticos. Por tanto, nosotros no estamos cómodos con esta situación. No nos gusta, pedimos que se valoren y se tomen otros tipos de medidas, y que den pasos atrás en este sentido.
