2 de septiembre de 2024. en Galicia, la Ley 10/2023, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas determina el comienzo del ejercicio de las funciones de la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante, desde el 1 de enero de 2024. La institución, que se adscribe a la Valedora do Pobo —homólogo del Síndic de Greuges—, vía la modificación de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buenn gobierno de Galicia, se rige por las disposiciones de la Ley estatal (2/2023, de 20 de febrero) y por la correspondiente normativa autonómica.

Tiene asignadas las siguientes funciones:

a. La adopción de las medidas de protección previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, en su ámbito competencial.

b. La gestión del canal externo de comunicaciones.

c. La instrucción y decisión relativas a las informaciones y comunicaciones previstas en la Ley 2/2023.

d. La tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores y la imposición de las sanciones por las infracciones de la Ley 2/2023.

e. El fortalecimiento de la cultura de la información, de los mecanismos de promoción y defensa de la integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas en materia de fraude o corrupción.

f. La aprobación de normas de organización y funcionamiento.

g. La elaboración y aprobación de un informe anual sobre la actividad de la Autoridad, que se incluirá en lo que presenta anualmente el Valedor do Pobo ante el Parlamento de Galicia. Contendrá al menos el número y naturaleza de las comunicaciones presentadas, las que han sido objeto de investigación, su resultado y el número de procedimientos abiertos.

h. Las demás funciones previstas en la Ley 2/2023, siempre que se refieran al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

La norma también prevé también que los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación deben prestar a la Autoridad la colaboración necesaria para el correcto desarrollo de sus funciones y facilitar la información que solicite. En este sentido, podrá solicitar valoraciones periciales o técnicas, sobre los hechos contenidos en las informaciones o comunicaciones, en el sector público autonómico o local o en los órganos estatuarios, las cuales deberán aportarse en el plazo de un mes.

En Castilla y León, la Autoridad Independiente en materia de corrupción, creada mediante la Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas (4/2024, de 9 de mayo), mantiene una dependencia orgánica y presupuestaria del Consejo de Cuentas de la Comunidad.

Ejerce sus funciones en relación a: el sector público autonómico y local del territorio de Castilla y León; el Procurador del Común; el Consejo Consultivo; el Consejo Económico y social y el propio Consejo de Cuentas. También sobre la actividad (administrativa y de gestión patrimonial) del Parlamento autonómico si, por acuerdo de la Cámara, así se solicita.

Actúa como canal externo de comunicación. Le corresponde, además, dentro de su ámbito de actuación, la potestad sancionadora en relación con las infracciones de la citada Ley; la adopción de las medidas de apoyo a las personas alertadoras; y el desarrollo de funciones de asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y otras medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y corrupción, en colaboración con los órganos de control existentes. También le corresponde la realización de propuestas y recomendaciones con el fin de promover, en su ámbito de actuación, los máximos niveles de seguridad.

La rendición de cuentas anual se realiza ante las Cortes, por parte del presidente del Consejo de Cuentas.