17 de junio de 2026. El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomàs Salàs, ha participado en la jornada de debate "Tres años de vigencia de la Ley 2/2023", celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. El acto, organizado por la AIPI y el CEPC, ha reunido a académicos, responsables institucionales y expertos en integridad pública para analizar los retos pendientes en la protección de las personas informantes.

La realidad autonómica, tres años después de la Ley 2/2023

Salàs ha intervenido en la mesa "La realidad autonómica tres años después de la Ley 2/2023: modelos previos, nuevas autoridades y sistemas de cooperación", dedicada a analizar la realidad autonómica y los modelos de cooperación entre autoridades competentes. En su intervención, ha subrayado que la experiencia acumulada en Cataluña “demuestra que la protección efectiva de las personas alertadoras requiere herramientas jurídicas más robustas y una coordinación institucional más ágil”.

Según el Director de Antifraude, la Ley 2/2023 ha sido “un paso adelante imprescindible”, pero todavía presenta limitaciones que dificultan una protección integral.

Salàs también ha destacado que “la protección de las personas informantes sólo es real cuando la Administración actúa con diligencia y coherencia institucional.” Esta reflexión ha servido para reforzar su llamamiento a mejorar los mecanismos de ejecución de las resoluciones de protección y a dotar a las autoridades competentes de mayor capacidad operativa.

La mesa ha contado también con la participación de Francisco de Paula Sánchez Zamorano, director de la Oficina Andaluza Antifraude, y ha sido moderada por Teresa de Jesús Sánchez Armas, directora del Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador de la AIPI.

Un espacio de debate con expertos de primer nivel

A lo largo de la jornada se han abordado cuestiones como:

• —los retos jurídicos y operativos de la protección del informante
• —la diversidad de modelos autonómicos y la necesidad de armonización
• —el papel del Estado en territorios sin autoridad propio
• —la relación entre la Ley 2/2023 y las políticas de cumplimiento normativo en el sector privado

Un balance de tres años con mirada de futuro

La jornada ha permitido poner en común experiencias y detectar áreas de mejora en un sistema todavía en fase de consolidación. Tal y como ha remarcado Salàs, “la protección de las personas informantes es un pilar esencial de la integridad pública, y sólo avanzará si todas las administraciones comparten diagnóstico y compromiso”.