25 de marzo de 2026. El director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Josep Tomàs Salàs Darrocha, ha participado hoy en la jornada 'El cumplimiento normativo como herramienta de sostenibilidad en salud', celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Clínic Barcelona. El acto ha reunido a representantes del sector sanitario, juristas y especialistas en bioética para analizar cómo los modelos de cumplimiento normativo pueden contribuir a reforzar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema.

El director de Antifraude ha puesto sobre la mesa un dato contundente: "Antifraude recibió en 2016 unas 150 denuncias; en 2025 hemos recibido 2.100". Un crecimiento exponencial que ha querido interpretar desde una perspectiva positiva: "La buena explicación es que cada año nos conocen más y nos dan más confianza."

Según Josep Tomàs Salàs, ésta es la lógica que deberían seguir también las organizaciones sanitarias cuando despliegan programas de cumplimiento: generar sistemas que merezcan la confianza de los profesionales y que ofrezcan garantías de funcionamiento cuando aparezca una alerta o una denuncia. "Cuando llega la primera alerta, los profesionales deben creer que la organización actuará", ha asegurado.

Conflictos de interés: un reto estructural del sistema sanitario

Preguntado por los conflictos de interés en el sector salud, Salàs ha remarcado que se trata de "un tema especialmente complejo" porque el sistema catalán combina una provisión pública con una fuerte interacción con la industria sanitaria. Ha recordado que es habitual que directivos o responsables públicos provengan del ámbito privado y que vuelvan después: "Este tráfico público-privado es muy fácil en el sector sanitario, lo que nos lleva directamente al riesgo de puertas giratorias. Los programas de cumplimiento normativo y las normas de incompatibilidades deben ser estrictas y efectivos, con el coste que tenga."

Salàs ha apuntado que Antifraude ya elaboró un informe específico sobre conflictos de interés en la administración pública con un apartado dedicado al sector sanitario.

Protección de los profesionales que alertan

El director de Antifraude ha explicado que los canales internos a menudo dependen de la propia dirección de la organización, lo que puede generar desconfianza: "Las investigaciones internas no siempre son bien acogidas por las direcciones. Y esto es un problema real." 
 
Sobre el canal externo, que gestiona la Oficina Antifraude, ha afirmado: "La práctica nos demuestra que en ocasiones las personas alertadoras están muy expuestas a represalias, y que aunque después les damos la razón, han quedado retratadas." Por eso ha recomendado que cualquier profesional que se plantee dar el paso "primero se asesore y consulte", ya sea en Antifraude o a través de otros canales de apoyo.

Josep Tomàs Salàs ha remarcado la necesidad de la ley catalana de protección de las personas alertadoras, y ha expresado el deseo de que "solucione muchas de las carencias actuales y permita ofrecer una protección real y efectiva".

"El trato que damos a las personas alertadoras es un indicador de calidad democrática"

El director de la Oficina Antifraude ha acabado con una reflexión: "En los años 80 nos decían que la situación de las prisiones era un indicador de la calidad de un estado. Hoy me atrevería a decir que uno de los indicadores de la calidad democrática es cómo tratamos a las personas alertadoras. Y ahora mismo, no les podemos garantizar la protección que necesitan."

La jornada ha contado también con las intervenciones de Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya; de la magistrada Montserrat Comas; del comisario de Mossos d'Esquadra Ramon Chacón; y de Núria Terribas, vicepresidenta del Comité de Bioética de Catalunya. Todos ellos han coincidido en la importancia de reforzar la cultura de cumplimiento y de avanzar hacia modelos preventivos que reduzcan la judicialización y mejoren la seguridad paciente-organización.