Ante el incumplimiento de cualquiera de los deberes derivados de las herramientas preventivas mencionadas, es necesaria la reacción administrativa y, incluso, penal, entendida como una medida contingente que tiende a reducir la gravedad de las consecuencias del incumplimiento, sin perjuicio de valor punitivo inherente a la sanción.
La reacción, pues, contribuye de manera decisiva a la eficacia del sistema, porque reafirma el ordenamiento jurídico ante los sujetos obligados y ante la misma ciudadanía, al tiempo que sirve de elemento disuasorio respecto a futuros comportamientos transgresores.
