Canales internos de denuncia

Los canales de denuncia sirven para vehicular, dentro de las mismas instituciones públicas, la alerta ante actos o conductas que puedan suponer un incumplimiento de las herramientas preventivas de los conflictos de interés de los servidores públicos. Estos canales, también llamados de whistleblowing, se orientan a proporcionar «una alternativa segura al silencio» tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos que, de buena fe, quieran comunicar posibles situaciones de conflictos de interés o actos de presunta corrupción.

La actuación de oficio de los órganos de control existentes (internos o externos) no siempre será suficiente para tener conocimiento de las situaciones mencionadas, especialmente en los casos más graves. Desde un pragmatismo prudente, hay que reconocer que algunas veces habrá que contar con el conocimiento de que sólo ciertas personas dentro o iniciadas tienen los hechos que determinan el conflicto de interés.

A diferencia de los mecanismos ya existentes de comunicación o de las denuncias dirigidas a los órganos competentes, los canales internos de denuncia añaden garantías de confidencialidad y protección a la persona que comunica los hechos, y favorecen la revelación de situaciones que, de otro modo, seguirían ocultas, muchas veces por miedo a represalias. Estas comunicaciones pueden constituir alertas justificadas y deben desencadenar los mecanismos de protección y de investigación de la información revelada.

En cualquier caso, las instituciones públicas no deben percibir en la actuación de estos alertadores un acto de deslealtad; al contrario, se trata de un comportamiento leal que les da la oportunidad de conocer las carencias de funcionamiento interno y actuar en consecuencia para corregirlas. En este sentido, cuanto más establecidos estén los canales de denuncia y como más garantías de protección ofrezcan, menos probabilidad habrá de que los alertadores de buena fe trasladen la información a los medios de comunicación o en la opinión pública en general. En estas situaciones, las instituciones públicas no habrán tenido la oportunidad de gestionar y corregir las irregularidades mencionadas en perjuicio de la confianza pública y de otros derechos o intereses legítimos concurrentes.