Las declaraciones de intereses constituyen la herramienta principal para que las instituciones detecten intereses de sus servidores públicos susceptibles de originar situaciones de conflictos de interés en cualquiera de sus modalidades: reales, potenciales o aparentes. Constituyen el ejemplo más claro de instrumentos legales de prevención del conflicto de interés que facilitan la transparencia necesaria sobre las circunstancias personales y patrimoniales del servidor público.
Con este fin, las declaraciones documentan formalmente las manifestaciones de interes a las que está obligado cada colectivo profesional. Resulta indispensable que sean completas, precisas y veraces. En caso de omisiones o falsedades, involuntarias o dolosas, la mayoría de los países son sistemas de declaración de interés razonablemente desarrollados definen infracciones que incluyen cualquiera de los defectos anteriores. Once de los veinte países examinados por la OCDE en su estudio de 2011 establecen sanciones en todos estos casos, incluso penales.
En determinados casos, la simple declaración puede ser suficiente para manejar los problemas que se derivan de una situación de conflicto de interés. Es el caso de los conflictos aparentes, en que la declaración, por sí misma, tiene la aptitud de desvanecer la duda, por tanto, de eliminar el conflicto, el cual sólo era aparente pero podía erosionar la confianza pública.