16 de noviembre de 2021. El proyecto de cumplimiento normativo e integridad, que se está impulsando, debe contribuir al fortalecimiento de la integridad institucional mediante la implantación generalizada de programas de cumplimiento normativo y planes de integridad en el sector público, a partir del desarrollo de estándares que actúen como modelo de referencia para a la difusión de las buenas prácticas en todos los entes del sector público institucional.

Es con este objetivo que en marzo de 2020 Antifrau firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Vigo (UVIGO) para realizar un estudio para promover una cultura de cumplimiento normativo y de integridad en diversos tipos de entes del sector público (sociedades mercantiles públicas, entidades públicas de carácter empresarial, consorcios) del ámbito de actuación de la Oficina Antifraude. En el estudio se tiene en cuenta que, dentro de esta tipología de ente, algunos están sometidos al régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica -la responsabilidad penal de la persona jurídica se incorporó en 2010 y la inclusión de las sociedades públicas de carácter mercantil en este régimen a todos los efectos en el año 2015- y de otras que no lo están.

Este estudio se realiza conjuntamente con profesores e investigadores de estas universidades, expertos en la materia, así como la participación de personal técnico de la Dirección de Prevención de la Oficina Antifraude. Por parte de la UAB también colabora el proyecto "La prevención de la corrupción en el sector público empresarial" (PRECOSPE). Además, también cuenta con expertos independientes de la Universidad Abierta de Catalunya y de la Universidad de Módena (Italia), dado que el proyecto incluye un estudio de experiencias internacionales comparadas.

El Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha destacado que “las instituciones tienen la obligación de rendir cuentas y ser ejemplares con el cumplimiento de las normas pero la confianza de la ciudadanía necesita algo más: los valores. Tienen que actuar con coherencia con los fines por los que se han creado. Como dice la OCDE sólo con un cumplimiento muy estricto de las normas no se alcanza la máxima eficacia contra la corrupción, también debe apostarse por una estrategia de integridad pública”.

Las fases del proyecto

El estudio, que actualmente está en elaboración, se inició en febrero de 2020, debe servir para elaborar y desarrollar estándares de cumplimiento normativo y de integridad aplicables a la tipología de entes públicos que forman parte del estudio .

En una fase posterior, previo análisis de la información obtenida, se elaborarán unos estándares de cumplimiento normativo y de integridad referidos a la tipología de entes que participan en el estudio. La difusión de los resultados del estudio, complementado con sesiones formativas y de sensibilización, debe llegar a todos los entes públicos potencialmente destinatarios. Éste es un proyecto de largo alcance y ambicioso vinculado a la innovación y la investigación en cumplimiento normativo e integridad. El objetivo es el de elaborar unas directrices comunes que permitan convertir a los entes públicos catalanes en referentes de buenas prácticas a nivel nacional e internacional.

Sobre la metodología del proyecto, Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal de la UCLM -universidad que participa en el proyecto- ha remarcado que la metodología de éste es el diálogo, la confianza y el trabajar con los sujetos con los que se intenta establecer estándares de cumplimiento normativo. Y ha añadido que “establecer patrones de cumplimiento es muy complejo y sólo desde la confianza se puede llegar a soluciones convincentes, adecuadas, pioneras e innovadoras. Sólo así, estos estándares tendrán una gran legitimidad y serán de referencia”.

 

Cumplimiento normativo e integridad institucional

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 y la inclusión de las sociedades públicas de carácter mercantil en este régimen con carácter general en 2015, supone un importante reto. Es este nuevo marco legal el que incentiva a que estas empresas dispongan de modelos de organización y gestión o programas de cumplimiento normativo para la prevención de la comisión de delitos y las consecuencias que, para la persona jurídica, podrían derivarse.

La filosofía de este proyecto parte de la idea de que las instituciones que generan confianza sólo pueden ser aquellas que actúan de forma coherente y consistente con las finalidades y valores que justificaron su creación. Esta integridad institucional no puede alcanzarse sólo con medidas de cumplimiento normativo, sino que también es necesario adoptar otras basadas en los valores del servicio y la ética pública, para dar prioridad a los intereses públicos por encima de los privados en el sector público.

Los modelos de cumplimiento normativo en el sector público deben ser incluso más exigentes que en el sector privado y deben ir más allá de la existencia o no de responsabilidades penales. La adopción de un programa de cumplimiento normativo debe servir para crear una cultura corporativa ética y de integridad, además, lógicamente, de cumplir con los principios que les sean de aplicación como entes del sector público en función del régimen jurídico de cada uno de ellos.