27 de novembre de 2019. La Oficina Antifraude de Cataluña ha formulado una propuesta con recomendaciones concretas al Acuerdo de Gobierno de 06/11/2019, que hace referencia a la elaboración de una estrategia de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad pública. Este acuerdo plantea un horizonte temporal de seis meses para elaborar la estrategia y dos años más para implementar las actuaciones en que se concrete.

Dentro de este plazo, Antifraude, desde su posición institucional de adscripción parlamentaria e independencia de las administraciones, hace esta propuesta desde su potestad para formular indicaciones y propuestas que ayuden a definir políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Es desde esta potestad que la Oficina vehicula esta propuesta para participar de forma activa en el diseño de las políticas de integridad. Las recomendaciones que incorpora la propuesta de Antifraude no se circunscriben necesariamente a los ámbitos definidos por dicho Acuerdo de Gobierno sino que incluye otros.

La experiencia acumulada a lo largo de los diez años de funcionamiento de la Oficina Antifraude, tanto a nivel de investigación como de actividad de prevención, ha permitido identificar cuáles son aquellas áreas de riesgo más expuestas a la corrupción, el fraude o de otras irregularidades y hacer la propuesta actual.

Las propuestas que se plantean en este documento se estructuran en 15 ámbitos de actuación: Transparencia y acceso a la información, Integridad institucional, Organismos de control, Conflictos de interés, Función Pública, Contratación Pública, Subvenciones, Urbanismo, Partidos Políticos, Poder judicial, Medios de comunicación, Grupos de interés, Protección de las personas alertadoras y canales de denuncia, Educación y Implicación de la sociedad civil.

Para Antifraude, adoptar una metodología basada en el análisis de riesgos y de los factores que son determinantes ayuda a entender mejor las dinámicas de cada área de riesgo y, por tanto, a concebir y adoptar, previa evaluación, aquellas medidas preventivas tendentes a que el riesgo no ocurra, así como planificar aquellas acciones contingentes para cuando no haya sido posible evitar el daño y así revertirlo o, al menos, atenuar sus consecuencias.

Este planteamiento pretende ser respetuoso con la responsabilidad que corresponde al poder ejecutivo de establecer las prioridades así como la creación de alianzas sociales y complicidades institucionales para encontrar aquellos consensos necesarios que hayan de posibilitar el cambio, y no aspira a otra cosa que facilitar a el ejecutivo un elemento más de trabajo y el conocimiento especializado que la Oficina tiene en esta materia.

Propuestas de la Oficina Antifraude para una política de integridad en Cataluña | 10/10/2019

Cuadro de las 45 recomendaciones de la Oficina Antifraude para una política de integridad en Cataluña