27 de abril de 2020. Antifraude emite un documento de recomendaciones para prevenir los riesgos en el ejercicio de las potestades públicas durante la crisis de la COVID-19. El documento, que se ha enviado a todas las administraciones públicas de Cataluña, incluye una serie de recomendaciones de aplicación inmediata y de futuro para que los poderes públicos que están gestionando esta crisis tengan en cuenta y, así, favorecer entre todas las administraciones implicadas la gestión íntegra de los fondos extraordinarios que se están movilizando.

Las recomendaciones que ha emitido la Oficina Antifraude de Cataluña buscan incrementar la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos afianzando el compromiso ético, la transparencia, el control y, más adelante, la evaluación y la rendición de cuentas de los entes públicos durante esta crisis para preservar los derechos de las personas, particularmente de aquellas más desfavorecidas.

Recomendaciones de la Oficina Antifraude a los poderes públicos

El documento elaborado por la Oficina Antifraude contempla dos tipos de recomendaciones: inmediatas y de futuro. En cuanto a las recomendaciones inmediatas, el documento incorpora varias propuestas de 8 ámbitos diferentes.

Cabe destacar, la octava de las propuestas, que contempla crear un mecanismo de coordinación de los entes con responsabilidad de supervisión sobre el uso de fondos públicos durante la crisis generada por la COVID-19. Antifraude insta al Parlamento de Cataluña a que impulse la creación de un mecanismo ad hoc para el seguimiento y control del gasto vinculado a la contingencia de la crisis. Este mecanismo, según el documento de la Oficina Antifraude, podría incorporar la Intervención General de la Generalidad de Cataluña, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Catalana de la Competencia y la Oficina Antifraude. Y, así, aglutinar el conocimiento experto de las instituciones de control interno y externo. Según Antifraude, debería comenzar sus tareas de manera inmediata y prolongarlas el tiempo en que las acciones de administración de los recursos produzcan efectos, más allá de la finalización del estado de alarma.

Sobre ética y valores del sector público, son destacables las siguientes propuestas:

• - Crear canales internos seguros para reportar conductas impropias
• - Extender a todo el sector público referentes éticos institucionales, a quien el personal pueda dirigir dilemas, como ya funciona en algún ámbito profesional específico, por ejemplo, el sanitario (Comité de Bioética de Cataluña)
• - También se recomienda adecuar los estándares éticos existentes a las circunstancias específicas de esta crisis

Antifraude también hace una serie de propuestas referidas a transparencia. Propone, específicamente, crear un espacio propio de COVID-19 en los portales de transparencia del entes públicos donde se pueda encontrar de manera sencilla toda la información relacionada con la respuesta a esta crisis para facilitar la rendición de cuentas a la ciudadanía y el escrutinio de la sociedad civil.

Además, también se hacen recomendaciones sobre transparencia, trazabilidad de la regulación aprobada y motivación de la misma. Concretamente, se recomienda a la Generalitat y a los entes locales:

• - Motivación suficiente y adecuada de todo el contenido objeto de regulación para evitar dudas sobre la necesidad de determinadas medidas limitadoras de derechos y libertades individuales y colectivos como sobre la objetividad o imparcialidad de medidas que favorecen o discriminan ciertos colectivos.
• - Publicación de los informes previos emitidos por las unidades técnicas responsables de cada ámbito material, por medio de las unidades encargadas del asesoramiento jurídico y la fiscalización económica.
• - Garantizar la trazabilidad de los procesos decisorios, documentando los procesos, las personas que han intervenido y los canales empleados.

En el marco de recomendaciones inmediatas también se destina una parte importante a propuestas para velar por la asignación transparente y eficiente de los fondos públicos. Se recuerda, entre otros aspectos, la necesidad de que los criterios de elegibilidad para ser beneficiarios de fondos públicos sean claros, objetivos y transparentes para evitar sospechas de arbitrariedad.

El documento aborda el ámbito de los recursos humanos. Y recomienda entre otros, incorporar al espacio COVID-19 los planes de contingencia aprobados con la dotación de recursos humanos, el sistema de trabajo establecido, el personal nombrado para suplir el personal que haya causado baja o para reforzar los servicios públicos. En este sentido, también se propone incluir las medidas de prevención de riesgos laborales activas para reducir los contagios y las futuras para detectar casos positivos.

Finalmente, uno de los aspectos que contemplan las recomendaciones inmediatas se refiere a los órganos de control interno. Sobre estos, el documento remarca que "la celeridad con la que hay que actuar en esta crisis no debe ir en detrimento del control del uso de los fondos públicos". Y, por ello, exige la necesidad de que estos órganos de control interno reciban toda la información sobre la manera de distribuir o gastar los fondos públicos.

Recomendaciones de futuro

Las propuestas que contempla el documento finalizan con diversas propuestas de futuro. Concretamente, se hacen propuestas en cinco ámbitos: evaluación de las políticas públicas, garantizar una auditoría externa, desarrollar un marco normativo eficaz para proteger a las personas alteradoras, el fortalecimiento del control político sobre la gestión de la crisis y la regulación de la actividad del lobby.

El documento señala que "una vez superada la fase más crítica de la crisis sanitaria, cuando la urgencia de las decisiones más inmediatas o estratégicas haya disminuido, la Oficina Antifraude recomienda al Gobierno de la Generalitat que haga una evaluación exhaustiva, objetiva e imparcial de las políticas públicas adoptadas para gestionar esta crisis y que haga público el informe de los resultados". En este sentido, también propone al Parlamento de Cataluña que inste a la Sindicatura de Cuentas a realizar una auditoría específica de los recursos destinados a responder a esta crisis.

Sobre los alertadores de actos o conductas irregulares, se propone la transposición con prontitud de la Directiva europea para la protección de las personas informantes.

Las propuestas incorporan la recomendación que el Parlamento de Cataluña y las corporaciones locales constituyan una comisión de estudio específica de la gestión política de esta crisis.

Finalmente, las recomendaciones se finalizan con la reiteración por parte de Antifraude de pedir "el compromiso de los grupos políticos con representación parlamentaria para impulsar una mejora sustancial de la regulación de la actividad de los grupos de interés.

Aunque no es el único pilar del sistema nacional de integridad que aún presenta graves déficits, en escenarios tan graves como el actual, las carencias de la regulación actual amplían las oportunidades para la materialización de influencias indebidas sobre las decisiones públicas. Y en escenarios de crisis económica y social como las que ya se están previendo, reformas como esta son importantes para fundamentar la confianza ciudadana en la imparcialidad y la objetividad de la actuación pública."

 

“Adoptar estas recomendaciones constituiría un mensaje inequívoco al conjunto de la ciudadanía: toda decisión pública puede ser explicada”

El último apartado del documento, Antifraude lo dedica a las conclusiones del análisis realizado y asevera que la pandemia global de COVID-19 ha generado una situación de crisis excepcional que ha pedido de los gobiernos estatal, autonómicos y locales medidas extraordinarias para frenar la expansión de la enfermedad y garantizar la capacidad del sistema sanitario de ofrecer una respuesta adecuada.

En este sentido, el documento señala que la situación ha generado un considerable incremento de las necesidades de la sociedad y, por tanto, también de las necesidades de los entes públicos de adquirir con rapidez los suministros, servicios y obras necesarios para responder adecuadamente. Sobre este extremo Antifraude asegura: "los poderes públicos están obligados a actuar siempre de acuerdo con el interés general y, en momentos de crisis que piden actuaciones urgentes, a menudo las previsiones jurídicas no son suficientes. El riesgo de abuso se incrementa."

En la última parte de las conclusiones del documento, se dice que la Oficina Antifraude de Cataluña es consciente de la complejidad de gestionar esta crisis sanitaria, económica y social; de la dificultad de tomar decisiones con rapidez, en un contexto de incertidumbres y de graves consecuencias para la ciudadanía. Y, se añade que "como institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, así como a prevenir el uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de interés o el uso de la posición o cargo público en beneficio privado, la Oficina Antifraude formula estas recomendaciones con el convencimiento de que adoptarlas constituiría un mensaje inequívoco al conjunto de la ciudadanía que toda decisión pública puede ser explicada, que ningún interés particular ha prevalecido sobre el interés general."

Documento de recomendaciones Prevención de riesgos en el ejercicio de potestades públicas durante la crisis de la COVID-19

Infografía para acompañar la difusión de las Recomendaciones COVID-19

Gráfico Por qué la COVID-19 incentiva los riesgos en el ejercicio de potestades públicas?

Gráfico Recomendaciones inmediatas y Recomendaciones futuras