20 de febrero de 2026. La Comisión Asesora en Ética (CAE) de la Oficina Antifraude de Catalunya ha celebrado la tercera sesión del Ciclo de conversaciones sobre integridad y actualidad, dedicada a examinar el impacto de las demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

La sesión ha sido conducida por Lourdes Parramon, jefe de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de Antifraude y miembro de la CAE, y ha contado con las intervenciones de Pau Esparch, periodista y autor del informe 'SLAPPs, las siglas que quieren acallar el periodismo' elaborado por Mèdia.cat, e Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace-España.

Las SLAPP: un mecanismo de presión y silenciamiento

Pau Esparch ha iniciado la sesión explicando qué es una SLAPP y por qué constituye una amenaza directa para la integridad democrática. Ha remarcado que se trata de demandas impulsadas por actores poderosos -grandes empresas, figuras políticas o instituciones- con el objetivo de generar miedo, desgaste y autocensura en personas o entidades que trabajan en la esfera pública.

Según Esparch, el denominador común es el desequilibrio de poder: "El poderoso es quien presenta la demanda contra el pequeño para promover el silencio informativo". Este mecanismo busca que la parte más vulnerable se plantee si vale la pena seguir informando o denunciando, frente al riesgo económico y emocional que comporta un proceso judicial.

Durante su intervención, Esparch ha repasado varios casos recientes que ilustran esta dinámica. Estos ejemplos, ha subrayado Esparch, demuestran que las SLAPP no son episodios aislados, sino un problema global que afecta a la calidad democrática y la integridad informativa.

La perspectiva de las organizaciones sociales: un problema global con consecuencias graves

Inés Díez ha aportado la visión de Greenpeace-España, una de las organizaciones que más a menudo se encuentra expuesta a litigios intimidatorios. Ha explicado que detrás de una SLAPP "siempre hay una gran corporación o una administración pública" que actúa contra periodistas, activistas o personas que participan en la vida pública.

Díez ha destacado la asimetría y la desproporción entre las partes: grandes empresas con recursos prácticamente ilimitados frente a personas físicas o entidades pequeñas que a menudo no pueden asumir los costes de una defensa jurídica prolongada. Ha recordado casos como el de Greenpeace en Estados Unidos, donde una demanda por 660 millones de dólares, un importe inasumible que podría obligar a cerrar una de sus sedes más emblemáticas.

Según Díez, estas demandas no buscan obtener justicia, sino atemorizar y disuadir. "El fin intimidatorio es el objetivo", ha remarcado, señalando que a menudo las demandas se retiran antes de sentencia porque el propósito real es generar miedo y desmovilización.

Las consecuencias para las personas individuales pueden ser devastadoras: desamparo, riesgo de privación de libertad, ruina económica y una profunda afectación emocional. Citó el caso del Reino Unido, donde una sentencia impide hablar de una petrolera concreta, lo que limita la capacidad de Greenpeace para cumplir su misión fundacional.

Díez ha alertado de que cualquier persona puede verse afectada por una SLAPP, especialmente en un contexto de vulnerabilidad y miedo a que pueda desmovilizar la participación ciudadana y erosionar los valores democráticos. Además, ha subrayado que la duración de los procedimientos -a menudo muy larga- "pone la vida de la gente en pausa". También ha remarcado la necesidad de que el sistema judicial conozca mejor el fenómeno de las SLAPP y de que los abogados tengan un papel activo en su identificación y prevención.

Una directiva europea con margen de mejora y retos en la transposición estatal

Díez ha coincidido con Esparch en señalar que la directiva europea es un paso adelante, pero todavía insuficiente. Ha explicado que "tiene mucho margen de mejora" y que su aplicación práctica dependerá en gran medida de cómo se haga la transposición a los estados miembros.

En España, ha advertido, no existe todavía ningún texto de transposición, y preocupa que pueda hacerse de forma incompleta. La transposición implicaría modificar diversas normas, incluido el Código Penal y la Ley de seguridad ciudadana. Ha recordado que los delitos de injurias, calumnias o contra el honor -incluidos los relativos a la Corona- no se han revisado desde 1995 y que, según Díez, "tendrían que haber desaparecido hace mucho tiempo".

Una transposición rigurosa, ha afirmado, comportaría una revisión en cadena de varias leyes, pero "falta voluntad para aplicar todo esto".

Integridad, ética y defensa del interés público

La sesión ha concluido con una reflexión compartida: las SLAPP son una amenaza directa a la integridad, a la ética pública y al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Por eso, es imprescindible continuar generando espacios de debate, sensibilización y formación que permitan identificar estas prácticas y reforzar la protección de los colectivos más expuestos.

Con esta tercera sesión, la CAE reafirma su compromiso con la promoción de la integridad y la defensa del interés público frente a nuevas formas de acoso y presión.