Antifraude plantea una evaluación continuada para responder a la demanda social de transparencia e integridad

En la 17ª Jornada de Auditoría del Sector Público, Josep Tomàs Salàs ha expresado el deseo de que se incorpore la evaluación continua a los códigos éticos, los conflictos de interés y los mapas de riesgo

Olinda Anía, directora adjunta de la Oficina, ha presentado la visión estratégica de futuro de la institución

 268 De izquierda a derecha: la síndica de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Llum Rodríguez; presidente del CCJCC, Joan Vall, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomàs Salàs, y el interventor general de la Generalitat, David Canada. Foto: Antifraude

17 de abril de 2026. La Oficina Antifraude de Catalunya ha participado hoy en la 17ª Jornada de Auditoría del Sector Público, un encuentro de referencia organizado por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya (CCJCC), que este año se ha celebrado en el Parlament de Catalunya, con motivo del 30 aniversario del Colegio.

La jornada 'La evaluación continua, el nuevo reto del control del sector público' ha reunido a profesionales de la auditoría, del control externo e interno, responsables públicos y representantes institucionales, con el objetivo de analizar los nuevos desafíos en el control y la supervisión de la gestión pública.

El acto ha sido inaugurado por el presidente del CCJCC, Joan Vall, la síndica de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, Llum Rodríguez, el interventor general de la Generalitat, David Canada, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Josep Tomàs Salàs.

En su intervención, el director de la Oficina Antifrau ha defendido la necesidad de ampliar el alcance de la evaluación continua más allá de los ámbitos tradicionales del control, incorporando los instrumentos clave de la política de integridad.

Salàs ha remarcado que la evaluación debe permitir verificar la efectividad real de elementos como los códigos éticos, los sistemas internos de información, la gestión de los conflictos de interés o la elaboración de mapas de riesgo, y ha subrayado que estos mecanismos deben entenderse como parte de una cultura organizativa orientada a favorecer la integridad. "La evaluación continua no es sólo una cuestión de procedimientos, sino sobre todo un cambio cultural. No es una tarea exclusiva de los órganos de control, sino que requiere la implicación activa de las propias administraciones", ha afirmado.

El director de Antifraude también ha advertido que esta transformación responde a una exigencia social creciente, y que las instituciones públicas deben asumirla como un elemento estructural de su actuación. "La demanda social de transparencia, de lucha contra la corrupción y de mejora del control del servicio público es un imponderable que debemos asumir", ha concluido.

Visión estratégica de Antifraude

En el marco de la jornada, la directora adjunta de la Oficina Antifraude, Olinda Anía, ha presentado el documento de visión estratégica de futuro de la institución, un trabajo que define las líneas maestras que deben guiar la actuación de la Oficina en los próximos años.

La directora adjunta d'Antifrau, Olinda Anía, presenta l'estratègia de futur

Durante su intervención, Anía ha situado el momento actual como un punto de inflexión con la asunción de nuevas competencias -especialmente en el ámbito de la protección de las personas alertadoras- y un contexto marcado por la creciente desconfianza ciudadana, el incremento y la complejidad de las investigaciones y un marco normativo exigente.

La directora adjunta ha subrayado que el nuevo enfoque estratégico tiene como objetivo "orientar la actuación de la Oficina para que pueda desarrollar con eficacia y eficiencia sus funciones, generar impacto real en la lucha contra la corrupción y contribuir a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas".

Olinda Anía ha explicado que el documento estratégico se ha elaborado a partir de un proceso participativo con la implicación de académicos, entidades de la sociedad civil, expertos y representantes de los medios de comunicación, y define una visión que apuesta por consolidar la Oficina como un actor independiente y referente en integridad pública, tanto en Cataluña como en el ámbito estatal e internacional. Esta visión, según Anía, se concreta en cinco grandes ejes estratégicos: el fortalecimiento del liderazgo institucional y la gobernanza; el impulso de la cultura de la integridad; la mejora de la protección efectiva de las personas alertadoras; el refuerzo de la lucha contra la corrupción; y el desarrollo de la capacidad técnica y operativa de la Oficina, con una apuesta clara por la formación, el uso de datos y la inteligencia artificial.

Por último, la directora adjunta ha avanzado que la institución trabaja en la elaboración del Plan de mandato para los próximos años, que debe desplegar operativamente la visión estratégica presentada. Anía ha destacado que este Plan de mandato debe ir necesariamente acompañado de un sistema de gobernanza sólido, que defina cómo se hace el seguimiento de los objetivos, cómo se evalúan los resultados y cómo se garantiza la rendición de cuentas. "Un Plan de mandato no tiene sentido sin un sistema de gobernanza adecuado, que establezca cómo y con quién se hace el seguimiento, cómo se debe evaluar y cómo, cuándo y al que se debe rendir cuentas", ha afirmado.

En este sentido, la directora adjunta ha subrayado que el despliegue del Plan de mandato requiere la implicación de todos los actores relevantes con los que la Oficina se relaciona habitualmente. "Es ineludible contar con la academia, la sociedad civil, la ciudadanía, las personas expertas, los profesionales de la Oficina y los colegios profesionales y expertos en el ámbito del control, tanto en la definición del Plan como en su seguimiento y evaluación", ha concluido.

Con su participación en esta jornada, la Oficina Antifraude de Catalunya reafirma su compromiso con la prevención, el control y la transparencia, así como con la colaboración con el resto de instituciones de control y los profesionales de la auditoría del sector público, como elementos clave para la mejora de la calidad democrática del país.