30 de septiembre de 2025. La Oficina Antifraude de Catalunya ha celebrado una nueva sesión del Ciclo de conversaciones sobre integridad y actualidad, centrada en los riesgos éticos derivados del aumento del gasto militar en Europa. El seminario web, titulado 'Integridad y defensa: riesgos éticos en tiempo de rearme europeo', ha abordado los retos que este contexto plantea para la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública.

La sesión ha sido presentada por Lourdes Parramon, jefe de Relaciones Institucionales de Antifraude, y moderada por Lara Baena, presidenta de la Comisión Asesora en Ética (CAE) y consultora de Prevención de la Oficina Antifrau.

Francesc Cardona, experto en integridad y asesor del Ministerio de Defensa de Noruega, ha denunciado que en muchos países europeos "la razón de estado sigue siendo el argumento principal para mantener el secreto en materia de defensa", a menudo en detrimento del derecho a la información y del control democrático. Cardona, también exadministrador principal de la OCDE y miembro externo de la CAE, ha distinguido tres niveles de secreto -seguridad nacional, secreto burocrático y secreto político- y ha advertido que esta "burocracia del secreto" es muy difícil de revertir.

Ha criticado el control judicial reverencial sobre las cuestiones de defensa y ha puesto en duda el uso del concepto de seguridad nacional, que ha calificado de "huelga e imprecisa". Por parte de la mayor parte de los estados. También ha alertado sobre la desprotección de los alertadores, lamentando que la directiva europea deja demasiado margen a los reguladores nacionales, "que en general no tienen un gran interés en actuar".

Como ejemplo de buenas prácticas, ha destacado el caso de los países nórdicos, con una regulación estricta del control político sobre el armamento, y ha recordado que en España el derecho de acceso a la información no es reconocido como derecho fundamental, sino como derecho constitucional, lo que "deja en manos de los tribunales su aplicación, con el riesgo de arbitrariedad que esto comporta".

Fragmentación presupuestaria y opacidad financiera

Tica Font, presidenta del Centro Delàs de Estudios por la Paz, ha denunciado las graves carencias de transparencia y control democrático en el gasto militar español. Explicó que el presupuesto de defensa está fragmentado entre varios ministerios, lo que dificulta conocer el gasto real, y criticó que las misiones militares, las aportaciones a la Seguridad Social o los intereses del déficit no se computen como gasto militar, aunque deberían ser incluidos según los criterios de la OTAN.

Font ha puesto el foco en la opacidad de la financiación de la industria armamentista, especialmente en lo que se refiere a la banca y los fondos de inversión. "La banca invierte masivamente en armamento, a menudo en armas prohibidas como las nucleares, pero no hay ningún control político ni transparencia sobre estas operaciones", ha afirmado. También ha denunciado que el Banco Europeo de Inversiones ha modificado sus estatutos para poder invertir en armamento, lo que incrementa la opacidad institucional.

Connivencia estructural y falta de debate público

Font ha señalado la connivencia entre la industria armamentista y el gobierno, con relaciones muy fluidas y prácticas como las puertas giratorias, especialmente entre militares y empresas del sector. Ha criticado la debilidad del control parlamentario, puesto que la Comisión de Defensa del Congreso no debate cuestiones relacionadas con el comercio de armas, y que sólo se haga una comparecencia anual para informar de los datos más relevantes.

Por último, ha puesto en cuestión el papel de los grandes medios de comunicación, que "están en manos de grandes grupos financieros y actúan como altavoces del discurso bélico y del estatus quo", y ha denunciado que muchas empresas del sector tienen contratos de confidencialidad con el Estado, lo que dificulta aún más la rendición de cuentas.