3 de junio de 2026. La Oficina Antifraude de Cataluña ha participado en la undécima Asamblea General de la Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores (NEIWA), celebrada en Bratislava (Eslovaquia) el 21 y 22 de mayo, y ha suscrito la Declaración de Bratislava, un documento que insta a reforzar el marco europeo de protección de las personas alertadoras de irregularidades.

El encuentro, acogido por la Oficina de Protección de los Alertadores de Eslovaquia (Úrad na Ochranu Oznamovateľov), ha reunido a representantes de autoridades de toda Europa con el objetivo de consolidar la cooperación internacional en materia de integridad institucional y de mejorar los mecanismos de denuncia y protección.

En representación de Antifraude han participado el Jefe de la Unidad de Personas Informantes, Àlex Madariaga Venegas, y la Técnica de Prevención, Elisabet Martínez Mariné.

La Técnica de Prevención de Antifraude,
Elisabet Martínez, presenta el projecte Open
the Whistle. Imagen: NEIWA

Aportaciones a la evaluación de la Directiva europea

Uno de los puntos centrales de la asamblea ha sido la presentación de los resultados del grupo de trabajo sobre la evaluación de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. En este marco, NEIWA ha elaborado un documento conjunto que ha sido trasladado a la Comisión Europea con propuestas para reforzar y ampliar la eficacia del sistema.

Asimismo, la Oficina Antifraude de Cataluña ha participado, conjuntamente con la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia, en la presentación del proyecto europeo Open the Whistle, orientado a mejorar las herramientas y los canales de denuncia.

Durante el encuentro también se ha aprobado la incorporación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Letonia (KNAB) en la red NEIWA, lo que refuerza el carácter paneuropeo de la organización.

Hacia un marco más robusto

La culminación de la asamblea ha sido la adopción de la Declaración de Bratislava, que recoge una serie de recomendaciones dirigidas a instituciones europeas, gobiernos y actores implicados.

El documento propone revisar y adaptar la legislación nacional para su alineación con la nueva Directiva (UE) 2026/1021 sobre lucha contra la corrupción, así como ampliar el alcance de la protección para incluir todas las irregularidades graves e infracciones del derecho nacional.

En cuanto a la protección efectiva de las personas alertadoras, la declaración reclama establecer estándares mínimos de apoyo jurídico y psicológico en todos los Estados miembros, reforzar las garantías contra las represalias -incluidas las indirectas- e introducir medidas preventivas desde las fases iniciales de los procedimientos.

En el ámbito institucional, se hace hincapié en la necesidad de garantizar la independencia de las autoridades competentes, dotarlas de recursos suficientes y establecer mecanismos de ejecución y sanción efectivos. También se apuesta por mejorar la recogida y publicación de datos comparables sobre alertas para favorecer políticas basadas en evidencias.

La declaración incide igualmente en la importancia de gestionar adecuadamente las denuncias anónimas y asegurar que las personas alertadoras sigan protegidas incluso si posteriormente son identificadas.

Por último, se destaca la necesidad de impulsar acciones de sensibilización, formación y orientación, especialmente dirigidas a profesionales jurídicos y responsables de canales de denuncia, con el objetivo de promover una cultura de confianza y apoyo a la denuncia responsable.

Compromiso con la integridad y la cooperación europea

Con esta participación, la Oficina Antifraude de Cataluña reafirma el compromiso con la colaboración internacional y con la promoción de marcos normativos sólidos que garanticen la protección de las personas alertadoras. Esta labor sirve para fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.