3 de febrero de 2022. El Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña ha publicado el “Plan de medidas antifraude en la ejecución de actuaciones financiadas por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en la Generalitat de Cataluña” y la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado las “Orientaciones para el Refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, referidos en el artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”.

Ambos documentos dan cumplimiento al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, de acuerdo con el principio de buena gestión financiera, que obliga a los Estados miembros a incluir, en los planes de recuperación y resiliencia que presenten, el diseño de un sistema que contemple medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la UE, incluyendo la prevención, detección y corrección de los conflictos de interés, la corrupción y el fraude en la utilización de los fondos otorgados.

El documento del Gobierno de la Generalitat guía las actuaciones de la Generalitat de Cataluña y su sector público en la ejecución de los fondos del MRR con un doble objetivo: garantizar un buen uso de los recursos provenientes de la Unión Europea y asegurar que la utilización de estos fondos se ajusta a las finalidades por las que han sido asignados. Para ello, el texto plantea una serie de medidas, que se estructuran en torno a las cuatro áreas del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución.

El Plan es aplicable a las actuaciones que lleve a cabo la Administración de la Generalitat de Cataluña y su sector público, así como a las de los consorcios y fundaciones adscritas a la Generalitat. Para las entidades que ya disponen de un plan antifraude propio que dé respuesta a los requerimientos de la Orden ministerial, este plan tiene carácter supletorio.

Por lo que respecta al documento del Gobierno español, es una propuesta que tiene por objeto servir como referencia y ayudar a las diferentes entidades decisoras y ejecutoras a definir un modelo/sistema de gestión del riesgo de fraude en la ejecución del PRTR. Esta iniciativa tiene finalidades orientativas y aborda consideraciones funcionales y organizativas, que deben concretarse en el plan que se defina para cada ámbito (entidad decisora/entidad ejecutora), de la forma que se considere más adecuada para el cumplimiento de los requerimientos funcionales , atendiendo a su capacidad auto-organizativa.

El documento con las orientaciones se enmarca en el ámbito de las obligaciones de control de gestión. Ambos documentos nacen como herramientas dinámicas y flexibles, que se actualizarán de forma periódica para incorporar instrucciones y normativa que sirvan para perfeccionar las actuaciones planteadas en la lucha contra el fraude y la corrupción.

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next Generation EU para estimular la recuperación económica y la reparación de los daños causados ​​por la pandemia de COVID19 con una asignación de fondos para avanzar hacia una Unión Europea más ecológica, más digital y más resiliente ante los cambios y retos futuros. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es la pieza central de este programa. Para acceder a él, el Estado desarrolló el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre configura el sistema de gestión del PRTR y establece que toda entidad, decisora ​​o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» para garantizar que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés.