En este número del Boletín de la Oficina Antifraude de Catalunya conversamos con el director, Josep Tomàs Salàs Darrocha. Hace dos meses que tomó posesión del cargo, el pasado 14 de enero. Primero superó su idoneidad en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya y, posteriormente, el Pleno aprobó su candidatura.
Hasta antes de ser director de Antifraude, Josep Tomàs Salàs ha sido magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Barcelona. También ha ejercido como magistrado en Manresa, Vic y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde, entre 2011 y 2013, fue letrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adscrito a la Presidencia del TSJC.
Anteriormente había sido letrado de la Administración de Justicia (2008-2010) y abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) (1996-2008). Paralelamente, ha desarrollado una destacada actividad docente y científica, con la publicación de más de 50 artículos académicos.
Por lo que respecta a la formación, es doctor y tiene el Diploma de Estudios Avanzados y la licenciatura en Derecho (UAB y UB). También cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados y la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración (UB) y con la licenciatura en Criminología (UB), entre otros cursos de formación especializada.
¿Cuáles son las prioridades de su mandato?
Las podríamos resumir en empoderar y fortalecer la Oficina Antifraude de Catalunya como una agencia integral de lucha contra la corrupción, con tres pilares básicos: prevención, investigación y protección de las personas alertadoras, así como las actuaciones derivadas.
Usted habla de tres pilares básicos. Centrémonos primero en la prevención. ¿Cómo quiere encarar esta competencia que, en más de una ocasión, le hemos oído decir que es exclusiva de la Oficina Antifraude?
Sí, es una competencia exclusiva. Somos la única institución que posee competencias en materia de prevención de la corrupción. El vehículo que normalmente utilizamos es el de la formación, con varios cursos. Tenemos actuaciones formativas presenciales y otras virtuales. Lo que ocurre es que probablemente estamos llegando al límite de nuestras capacidades, tanto en cuanto a contenidos como en cuanto al número de participantes.
Así pues, la idea sería intentar llegar a otros públicos a través de otras instituciones educativas o formativas. En este sentido, nos gustaría dirigirnos a lo que consideramos que es la cantera de los cargos electos y de los funcionarios con capacidades decisorias de las administraciones catalanas: la universidad.
Queremos plantear, y de hecho ya hemos empezado a hacerlo, la posibilidad de que las universidades puedan ofrecer una asignatura transversal en materia de lucha contra la corrupción y en materia de integridad pública, ofreciéndoles el apoyo normativo, logístico y propiamente formativo de la Oficina Antifraude.
Y también queremos hablar con una serie de instituciones formativas, como pueden ser el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, la Escuela de Administración Pública de Catalunya o la Escuela de Policía, para incluir también contenidos en materia de integridad pública y llegar así a un público más amplio.
¿Sobre los electos también tiene alguna propuesta?
Pues recogiendo uno de los acuerdos de la Tercera Cumbre contra la Corrupción, que lidera el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, queremos ofrecer, y ya lo hemos ofrecido, al Parlament de Catalunya la posibilidad de formar a los diputados en materia de integridad, y lo estamos trabajando con los órganos correspondientes del Parlament.
Ahora hablemos sobre la protección de los alertadores, una competencia relativamente nueva para la Oficina Antifrau de Catalunya. ¿Cómo enfoca este pilar?
Desde la novedad de la legislación, hace escasamente tres años que se promulgó la ley, pero es una ley que después se ha ido desarrollando a un ritmo muy lento. Había la previsión de un desarrollo reglamentario que no se ha producido, así como la previsión de la constitución de un organismo estatal que no se materializó hasta septiembre de 2025.
Lo cierto es que es un concepto novedoso, en construcción, y que se está desarrollando a un ritmo lento. Por nuestra parte, intentamos maximizar todas las opciones que la ley nos permite e ir incluso un poco más allá con iniciativas, desde dotar a la Oficina de personal con formación en psicología, hasta intentar suministrar atención psicológica a las personas que lo necesiten, o incluso, entre comillas, "subrogarnos" en iniciativas judiciales en favor de personas declaradas alertadoras. Todo lo posible para llevar a la práctica, de manera real, el mandato de proteger a las personas alertadoras.
Sabemos que el Govern está trabajando, como usted ha dicho en alguna ocasión, en una nueva ley catalana sobre protección de las personas alertadoras. ¿Qué le pediría a una ley catalana?
Sobre todo, le pediría un buen producto normativo en términos de operador jurídico: una ley clara y concreta, que no tuviera grandes necesidades interpretativas y que diera solución a todas las carencias que, como oficina, encontramos en el día a día frente a la protección de las personas declaradas alertadoras.
En su hearing habló de la posibilidad de explorar una orden de protección para las personas alertadoras. ¿Cómo se traduce en la realidad esta propuesta?
Se trataría de poder diseñar un mecanismo más ejecutivo y expeditivo que el actual. También de aclarar y concretar determinados conceptos que ahora nos dan muchos problemas a la hora de su aplicación, fundamentalmente el concepto de represalia, que es el tuétano de la protección a los alertadores.
En la medida en que el concepto de represalia quede más claro y más concretamente definido, podríamos afinar qué le pedimos a la administración concernida o a la entidad privada implicada como medida de protección respecto a la persona declarada alertadora.
Fruto de las nuevas competencias que tienen atribuidas por la Ley 2/2023, se deriva su capacidad sancionadora. El pasado año finalizó con una sanción, pero usted ha manifestado que son varios los expedientes abiertos en tiempos diferentes. ¿Podemos recordar el motivo por el que Antifraude puede sancionar a una organización pública o privada?
Enlaza con lo que acabo de decir. Fundamentalmente, el primer motivo son las represalias adoptadas contra una persona alertadora por serlo. Los demás motivos de sanción serían la infracción de obligaciones formales en materia de sistemas internos de alerta y en materia de confidencialidad.
Sobre los Sistemas Internos de Información, la tasa de cumplimiento es bastante desigual según se trate del ámbito público o privado. ¿Cree que las organizaciones obligadas no han entendido adecuadamente su importancia para una cultura fuerte de integridad pública?
Desgraciadamente, la respuesta es que sí. Tanto cualitativa como cuantitativamente, nuestra experiencia nos dice que los sistemas internos de información no funcionan del todo. Lo sabemos porque las más de 2.000 denuncias recibidas por el canal externo indican que los canales internos no funcionan, probablemente por un déficit de confianza de las personas que podrían denunciar a través de este canal, y, desde un punto de vista cuantitativo, porque los informes que tenemos de entidades registradas y personas designadas son muy bajos.
En cuanto a las entidades privadas, es complicado definir por la ausencia de un censo, pero en las administraciones públicas sí detectamos carencias notables, sobre todo en el ámbito de la administración local.
Usted mismo ha hecho referencia a la cifra de denuncias con la que se cerró el 2025, más de dos mil, pero en los últimos años han aumentado exponencialmente. En sus palabras: ¿se puede morir de éxito? ¿Por qué ese incremento de denuncias?
Esto es como una moneda con dos caras. Lo bueno es que, si se reciben más denuncias, es porque los ciudadanos y los servidores públicos confían en la Oficina Antifraude, confían en su rigor y en su independencia.
Lo malo es que no podemos asumir un incremento exponencial de denuncias como el que hemos registrado estos últimos años. Hasta ahora, la respuesta de la Oficina ha sido incrementar personal y medios, y hemos llegado a situaciones cómicas en el sentido de que no tenemos mesas suficientes para albergar a todo el personal que necesita la Oficina para gestionar este volumen de denuncias.
Confiamos, en adelante, en poder priorizar denuncias y confiamos también en la ayuda que nos puedan ofrecer herramientas de inteligencia artificial, que estamos viendo cómo incorporar al día a día de la Oficina. La idea básica sería que nos ayudaran a gestionar sobre todo el trámite inicial, que es quizás el más pesado y también el más fácil, pero que numéricamente es complejo. Si aquí pudiéramos recibir apoyo, nos permitiría concentrarnos en las fases de instrucción e investigación de estos procedimientos, donde verdaderamente es necesario llegar hasta el final.
Déjeme hacerle una pregunta de lectura simple sobre el incremento de denuncias: ¿somos una sociedad más corrupta?
Aquí nos movemos en cifras negras. Sabemos las denuncias que tenemos, pero no sabemos exactamente las denuncias que existen en los canales internos, que suponemos que también puede ser una cifra importante. Ahora bien, también es cierto que la Oficina Antifraude abarca a unas administraciones que gestionan del orden de 70.000 millones de euros al año.
En cualquier caso, y haciendo referencia a aquella campaña de accidentes de tráfico de hace unos años, un solo caso de corrupción es demasiado y es inadmisible. El objetivo debe ser la corrupción cero.
Por último, hablamos de sociedad civil organizada. ¿Cómo quiere incorporar en su mandato la visión de la sociedad civil organizada?
Nosotros ya tenemos incorporada a la sociedad civil. La actuación de la que hablábamos antes, en cuanto a la formación en materia de integridad dispensada a los diputados del Parlament, de hecho, es un acuerdo de la sociedad civil que la Oficina Antifraude hace suyo. Quisiera pensar que, en un sentido amplio, estamos absolutamente pendientes de todo lo que nos llega desde la sociedad civil y que, en la medida en que podemos, lo incorporamos y lo hacemos nuestro.
Más allá de esta forma informal de trabajar, nos gustaría que esta colaboración quedara plasmada institucionalmente. A ver si, en paralelo a la nueva ley de alertadores, se pudiera reformar también —mediante alguna disposición adicional o el vehículo normativo que fuera más adecuado— la ley fundacional de la Oficina Antifraude de Catalunya e incorporar, por ejemplo, un consejo de participación o un consejo consultivo que diera carta de naturaleza a la intervención y participación de la sociedad civil y del mundo académico, que también sería importante para la Oficina.
