Este verano se han mantenido los primeros encuentros entre el Director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, y los representantes del Parlament de Catalunya con quien tendrá más comunicación institucional, en principio. La primera reunión fue con la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, el 30 de junio en la cámara catalana. La segunda, con el presidente de Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament de Catalunya, Jordi Terrades, el 13 de julio, en la sede de Antifraude.

En las dos reuniones, Miguel Ángel Gimeno ha trasladado la necesidad de establecer más canales de comunicación estables y sólidos con la cámara legislativa catalana, a través de los cuales se puedan canalizar las estrategias, propuestas y/o iniciativas y actuaciones impulsadas por Antifraude para poder ampliar su transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía catalana.

El Director de Antifraude ha manifestado en ambos encuentros la urgencia de desarrollar una ley de protección de las personas alertadoras, en el marco de la Directiva Europea, que debe estar transpuesta el 17 de diciembre de este año, teniendo presente el consenso existente que Antifraude asuma las competencias como institución de protección de los alertadores. Gimeno ha trasladado tanto a Laura Borràs como a Jordi Terrades la voluntad de asumir competencias en materia de gestión de conflictos de interés.

En cuanto al reconocimiento de potestad reglamentaria a la Dirección de la Oficina Antifraude de Catalunya, Gimeno ha recordado a la Presidenta del Parlament y al Presidente de la CAI que es necesario disponer de esta potestad para poder desarrollar la estructura organizativa de la Oficina y adaptarla a las nuevas necesidades, para generar mejor prestación del servicio público que tiene encomendado la institución de una manera ágil y eficiente para poder dar respuesta, por ejemplo, al incremento de denuncias que ha experimentado Antifraude en los últimos tres años y medio.

Gimeno también ha expuesto, en ambas audiencias, la necesidad de llegar a un compromiso inequívoco de todos los grupos parlamentarios para la renovación de los cargos que ocupan puestos de relevancia institucional en los organismos de supervisión y control. En este sentido, la Dirección de Antifraude ha reiterado su posicionamiento hecho a través de las Recomendaciones a los partidos políticos (documento emitido en el marco de las Elecciones al Parlamento de Cataluña de febrero de 2021), donde se manifiesta que mantener sin cobertura adecuada a estos organismos debilita la capacidad que tienen de cumplir con eficacia sus misiones y debilita el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.