12 de mayo de 2026. El Director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Josep Tomàs Salàs Darrocha, ha participado en el II Congreso de Integridad y Protección de las Personas Informantes que se celebra en Madrid los días 12 y 13 de mayo, en el marco de la Mesa de autoridades autonómicas en materia de protección de la persona alertadora.

La conciencia social en Catalunya y la exigencia institucional

Durante su intervención, Salàs ha destacado el grado de sensibilización existente en la sociedad catalana hacia la corrupción y la necesidad de proteger a las personas que alertan de irregularidades. En este sentido, ha señalado que en Cataluña hay "observatorios, comisiones y asociaciones que interactúan con empresas, instituciones y entidades que facilitan el trabajo en materia de integridad".

El Director de Antifraude ha manifestado que esta misma conciencia social se transforma a menudo, desde el punto de vista institucional, en una fuerte exigencia hacia los organismos de protección.

Factores limitadores de la protección según la práctica

En este contexto, Josep Tomàs Salàs ha presentado un documento elaborado por la Oficina Antifraude de Catalunya, expuesto en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya. El documento se ha basado en la experiencia real de la Oficina Antifraude, que hasta ahora ha reconocido la protección a 84 personas alertadoras, de entre todas las que lo han solicitado.

El estudio identifica 34 factores limitadores que dificultan una protección plenamente efectiva de las personas alertadoras. De éstos, 27 derivan directamente del marco normativo actual, especialmente de la Ley 2/2023. A pesar de reconocer que esta ley "ha sido un paso adelante indiscutible", Salàs ha asegurado que "la experiencia nos dice que no es suficiente".

Entre los principales problemas detectados ha destacado la carencia de ejecutividad de las resoluciones de las autoridades de protección. "Declaramos la protección, lo notificamos a la Administración y a la persona afectada, pero quedamos a expensas de la lealtad institucional", ha explicado, y ha añadido que, en ausencia de mecanismos efectivos, la persona alertadora puede acabar sufriendo graves dificultades.

Además, ha señalado otras carencias relevantes, como la ausencia de medidas cautelares, la insuficiente delimitación del concepto de interés público, la falta de regulación de la figura del “prealertador”, el no reconocimiento del derecho automático a la justicia gratuita o la limitación temporal de la protección, que no siempre es coherente con los plazos de prescripción de las infracciones.

Dificultades procedimentales, organizativas y económicas

El director de Antifraude también ha hecho referencia a las dificultades procedimentales que aparecen cuando se inician procesos judiciales, lo que obliga a las autoridades de protección a detener sus actuaciones. Esto, según ha advertido, "supedita la protección de las personas alertadoras a los tiempos de la administración de justicia, que no siempre son compatibles con una protección eficaz".

En el ámbito organizativo, ha destacado las deficiencias en la implantación de los sistemas internos de información y la carencia de responsables con autoridad efectiva.

Por último, Salàs ha dicho que una legislación más clara y robusta puede contribuir a mejorar este escenario, ya que "las leyes también modelan nuestras actitudes y convicciones" y son una herramienta clave para avanzar hacia una protección integral de las personas informadoras.

Otras autoridades participantes

En esta mesa redonda han intervenido también representantes de otros organismos autonómicos competentes en transparencia, integridad y protección de personas informadoras, como Jesús María González García, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid; Fernando Muñoz Jiménez, presidente del Consejo Regional de Transparencia de Castilla-La Mancha; José Manuel Pérez Fernández, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias; Ricardo Pedro Ron Latas, subdirector de la Autoridad Galega de Protección de Persoa Informante, y Francisco Sánchez Zamorano, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.