4 de marzo de 2022. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).

La Directiva, que se aplica a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión (art. 1). En este marco, la Directiva determina las infracciones cuya denuncia está protegida (art. 2); se trata de ámbitos como la contratación pública, la protección del medio ambiente, la seguridad de los alimentos o la salud pública.

El anteproyecto amplía el ámbito de protección, ya que incluye la denuncia de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave o cualquier vulneración del resto del ordenamiento jurídico, siempre que exista una afectación directa al interés general y no exista una regulación específica.

La aprobación del anteproyecto de ley llega con retraso, ya que el plazo para adaptar la Directiva UE 2019/1937 se había agotado el pasado 17 de diciembre de 2021. De hecho, a finales de enero la Comisión Europa inició un procedimiento de infracción a 24 paises, entre ellos España, por no trasponer la directiva de protección a las personas alertadoras de corrupción.