2 de febrero de 2021. El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado esta mañana un documento con directrices para prevenir las situaciones de irregularidad en la vacunación de la COVID-19 detectadas últimamente.

Gimeno ha manifestado que Antifraude ante las últimas informaciones que han aparecido en los medios de comunicación sobre vacunaciones irregulares considera que es necesaria “una respuesta inmediata”. En este sentido, el director de Antifraude ha manifestado, que tal y como ya hizo la institución que dirige al principio de la pandemia emitiendo recomendaciones Prevención de riesgos en el ejercicio de potestades públicas durant la crisis de la COVID-19, ahora hace público un documento con indicaciones para evitar las situaciones de irregularidad en la vacunación de la COVID.

Gimeno ha recordado que en una situación como la actual, donde las vacunas son un bien escaso, que ha sido adquirido con dinero público y que administran servidores públicos es más necesario que nunca que haya un control institucional estricto de la administración de la vacuna.

En este sentido, ha detallado que el documento de Antifraude recomienda a las autoridades sanitarias de carácter técnico que hagan una transposición detallada de criterios sobre supuestos concretos. Un mecanismo que prevea una respuesta a las contingencias que se puedan producir con pautas detalladas para que las personas que administran la vacuna sepan cómo deben actuar.

Asimismo, el director de Antifraude ha añadido que este mecanismo de segundo nivel debe delimitar también la responsabilidad de los diferentes actores que participan en la toma de decisiones respecto a la vacunación.

El documento de Antifraude también recomienda instaurar referentes de consulta o asesoramiento para casos dudosos o problemáticos. Un mecanismo que resuelva las dudas éticas de las personas que administran las vacunas. Sobre esta propuesta el director de Antifraude ha manifestado “es un mecanismo que no se debe crear de cero ya que el sistema sanitario público catalán dispone de un avanzado sistema de ética pública.”

Miguel Ángel Gimeno ha subrayado, de la misma manera que ya hacía el primer documento que emitió Antifraude en la primera fase de la pandemia, la necesidad de extremar la transparencia en la Administración pública: “se debe seguir haciendo pública la información sobre los protocolos básicos así como ampliarla a las adaptaciones que se puedan realizar a nivel territorial o institucional. Esto incluye la publicidad y el acceso a la información que la ciudadanía solicite sobre los protocolos y el procedimiento en la administración de las vacunas y otras cuestiones relacionadas.”

Gimeno ha manifestado que “estas actitudes contrarias a la salud pública y al interés general no pueden quedar impunes y sin respuesta”. Y ha anunciado que “Antifraude investigará todas aquellas denuncias que hagan referencia a las actitudes descritas. De hecho ya lo estamos haciendo. También pensamos que en las administraciones donde se han producido vacunaciones irregulares se deben abrir los expedientes administrativos pertinentes.”

En referencia a las recomendaciones presentadas hoy, Miguel Ángel Gimeno ha dicho que la habilitación de canales para alertar, también de manera anónima, de posibles irregularidades, permite la detección de prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas.

En esta línea, ha recordado que la Oficina Antifraude ofrece un canal de denuncias confidencial y anónimo donde poder alertar con seguridad sobre irregularidades de las que se tenga conocimiento a efecto de investigarlas.

Antifraude insiste en que las circunstancias actuales incrementan los riesgos de irregularidades, fraude y corrupción

El documento que hoy ha hecho público Antifraude se suma a las recomendaciones que hizo públicas en el mes de abril de 2020 Prevención de riesgos en el ejercicio de potestades públicas durante la crisis de la COVID-19. Un documento extenso donde se reserva un apartado importante en cuanto a ética y valores del sector público.

De hecho, el director de Antifraude ha recuperado una parte de aquelles recomendaciones para recordar que “las circunstancias actuales incrementan los riesgos de irregularidades, fraude y corrupción en las actuaciones públicas de nuestra competencia.” Y ha insistido en que la ejemplaridad de la conducta de los mandos y altos cargos de los entes públicos es essencial para garantizar el tono ético institucional. Además, ha dicho que se deben adecuar los estándares éticos existentes (códigos, protocolos, recomendaciones, guías) a las circunstancias específicas de esta crisis.

Finalmente, ha concluido que la imprevisibilidad de la pandemia y su evolución piden un esfuerzo de adaptabilidad continua en la toma de decisiones y que conviene hacer una revisión acerca de cómo se adecuan las herramientas de orientación ética habituales en la situación actual. Eso puede requerir añadir algún criterio o principio que quizás no se había tenido en cuenta hasta el momento o bien modificar la prioridad de los mismos.