26 de enero de 2021. La Oficina Antifraude ha enviado un documento a los partidos políticos que concurren a los próximos comicios al Parlamento de Cataluña con recomendaciones referidas a la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa tiene su origen en el documento que emitió Antifraude por primera vez en 2017 para las elecciones al Parlamento.

Antifraude emite este documento cumpliendo su potestad indicativa que le reconoce su Ley de creación, dirigiéndose a aquellos actores que, tras los comicios, pueden llegar a obtener representación en el Parlamento, ocupar posiciones de gobierno y dirigir la Administración. La institución, sin embargo, no olvida, en este documento, el contexto actual provocado por la pandemia de la COVID-19 ni tampoco los pasos realizados hasta ahora en las políticas de lucha contra la corrupción por las instituciones públicas catalanas como la puesta en marcha de la Estrategia de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad de la Administración de la Generalidad y de las entidades de su sector público o los varios plenos monográficos sobre corrupción celebrados en el Parlamento, que han incorporado la lucha contra esta lacra en la agenda pública.

El documento, que se ha enviado a todos los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, organiza en 8 ámbitos prioritarios que, según Antifraude, deberá abordar el futuro Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Destaca especialmente, el apartado destinado a la contratación pública, uno de los apartados en el que se pone más énfasis en el documento. Donde se recoge la necesidad de planificar el abastecimiento público poniéndolo al servicio de la recuperación como instrumento de política económica.

Antifraude alerta del papel destacado de la contratación pública en la recuperación económica y recuerda que es uno de los ámbitos más expuestos a los riesgos de irregularidades

En este sentido, Antifraude alerta que el ámbito de la contratación es uno de los más expuestos a los riesgos de irregularidades, fraude y corrupción. Y afirma que "el mecanismo de recuperación y resiliencia impulsado por la Comisión Europea supondrá un inédito paquete de ayudas a medio y largo plazo concebido para contrarrestar los efectos de la COVID-19." Y concreta que la contratación pública podría llegar a tener un papel determinante.

Por esta razón, se propone impulsar proyectos orientados a la implantación de las nuevas tecnologías digitales aplicadas al ciclo de gestión de la compra pública así como la implantación de sistemas de alerta basados ​​en la ciencia de datos. También alerta de la necesidad de planificar estratégicamente la contratación y afirma "hasta la fecha, la mayoría de los entes públicos no programan o no publican las obras, suministros y servicios que requerirán durante la legislatura o mandato". En esta recomendación también se dice que "La programación de las adquisiciones y las inversiones previstas permite evaluar cada necesidad de contratar dentro del conjunto de necesidades institucionales". Y añade que la publicación facilita, además, la transparencia y la rendición de cuentas.

Sobre el proceso de contratación pública, Antifraude recomienda diferenciar dos roles y evitar interferencias. Por un lado, la función política directiva tiene su campo de actuación en la planificación estratégica del abastecimiento. Y por otro lado, el nivel técnico-administrativo. Al que deja la tarea de buscar la manera más eficiente, neutral, objetiva, imparcial de conseguir aquellas prestaciones y velar por el respeto a los principios y normas que regulan los procedimientos, así como los derechos de las personas o colectivos interesados.

Finalmente, en este contexto de recuperación, Antifraude detiene en las medidas tendentes a flexibilizar la gestión y, incluso, a derogar determinadas reglas de la contratación del sector público. Sobre este extremo, afirma que "hay que recordar que las normas que eventualmente lo hagan posible deben invocar y respetar en todo caso los principios generales de la contratación, concretando cuáles sean los motivos de interés general que deban prevalecer sobre aquellos."

Antifraude considera inaplazable impulsar una nueva Ley de la Función Pública para despolitizar la administración

Por otra parte, Antifraude también destaca la necesidad de impulsar una nueva Ley de la Función Pública. Según menciona el documento "resulta inaplazable para hacer frente a todos los retos que supone la despolitización de la administración, requisito indispensable para preservar la actuación imparcial y objetiva de los poderes públicos."

Las recomendaciones instan a efectuar sin demora los nombramientos en los organismos y entes de relevancia institucional pendientes de renovación 

Antifraude insiste, ahora en este documento, en la necesidad de un compromiso inequívoco para la renovación de los cargos que ocupan puestos de relevancia institucional en los organismos de supervisión y control -cuyo nombramiento depende del Parlamento- como el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y la GAIP, entre otros.

Por otra parte, también propone que estos, previa modificación de las normas, sean elegidos por una convocatoria pública y abierta, para evitar eventuales situaciones de bloqueo y reforzar así su independencia e imparcialidad.

Sobre este ámbito de recomendaciones, también se propone impulsar mecanismos de coordinación entre los organismos de control y supervisión, adaptados a las necesidades de monitorización sobre el uso de los recursos empleados para la recuperación de los efectos de la pandemia.

Sobre otros ámbitos contemplados en este documento, la Oficina Antifraude de Cataluña insiste en que hay que evitar que los relieves de las personas en las instituciones puedan favorecer intereses individuales. Concretamente, se hace hincapié en que hay que unificar, aclarar y completar la regulación de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña, una recomendación contemplada ya en las Propuestas para una política de integridad en Cataluña, elaborado por Antifraude. Sobre esta propuesta, también se reafirma que se debe evitar cualquier movimiento de puerta giratoria que pueda ser percibido como un aprovechamiento personal, incluso si resulta amparado por la literalidad de la legislación aplicable, "hoy por hoy insuficiente y fragmentaria".

Las recomendaciones también dedican un apartado a los grupos de interés y hacen hincapié en evitar "la influencia indebida en la toma de decisiones públicas". Sobre este extremo, se mantiene que es necesario que los partidos políticos estén dispuestos a este riesgo y estudien e impulsen iniciativas normativas que incrementen la información pública disponible sobre la actividad de los lobbies así como la trazabilidad de las decisiones públicas, particularmente, la actividad de regulación (huella normativa).

Antifraude también se reafirma en la importancia de regular de manera obligatoria que todas las organizaciones públicas elaboren planes de integridad para gestionar los riesgos inherentes a las funciones que realizan. Y afirma que "la integridad de nuestras instituciones es la base para trabajar en la recuperación de la situación actual." Y añade que hay que extremar la transparencia en los procesos de toma de decisiones.

El documento incorpora también otros temas fundamentales y estratégicos para la institución: la protección de las personas alertadores de corrupción. Sobre este eje estratégico, Antifraude reclamar acelerar la acción para transponer y aplicar la Directiva (UE) 2019/1937. La Directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, ya ha entrado en vigor. Antifraude pide que, paralelamente a los necesarios trabajos legislativos de transposición, se avance en el diseño organizativo de los canales internos de alerta de que deberán disponer todas las instituciones públicas.

Finalmente, el documento de recomendaciones de Antifraude incorpora la urgencia de reformar la Ley de creación de la Oficina Antifraude de Cataluña para reforzar y ampliar las competencias de la misma. Concretamente, afirma que la atribución de la condición de autoridad competente en Cataluña en materia de protección de las personas alertadores y de la supervisión de las herramientas de detección de los conflictos de interés (declaraciones) a la Oficina Antifraude es perfectamente asumible, manteniendo la arquitectura institucional actual. Ambas medidas fueron acordadas en la I Cumbre anticorrupción, con la participación de los grupos parlamentarios y los órganos de control junto con la sociedad civil organizada.

El documento de recomendaciones concluye instando a los partidos políticos a asumir las recomendaciones realizadas por la institución: "los partidos tienen la ocasión de mostrar sintonía con un sentir social ampliamente compartido que rebasa ideologías que, en definitiva, luchar contra la corrupción y en favor de la integridad es percibido por todos como un objetivo en beneficio del interés común".

Documento: Recomendaciones a los partidos políticos. Elecciones al Parlamento de Cataluña | 2021