22 de abril de 2026. La Oficina Antifraude de Catalunya ha presentado esta tarde su primer proyecto participativo, centrado en la elaboración de la futura Carta de servicios de protección de las personas alertadoras. La jornada se ha celebrado en la Escuela de Administración Pública de Catalunya, y ha contado con la participación de representantes institucionales, académicos, activistas y ciudadanía en general.

El acto ha servido para dar a conocer los objetivos del proyecto, explicar su carácter innovador y animar a una participación activa en el proceso participativo que se iniciará el próximo mes de mayo.

La protección de las personas alertadoras, una función clave de la Oficina Antifraude

En su intervención de bienvenida, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomàs Salàs, ha contextualizado el proyecto dentro de la misión de la institución y ha recordado que, desde marzo de 2023, Antifrau ejerce como autoridad competente en materia de protección de las personas alertadoras.

En este marco, ha destacado la creación de la Unidad funcional de protección, constituida en junio de 2023 con el objetivo de dar respuesta a un ámbito todavía poco conocido pero fundamental para garantizar la seguridad y derechos de las personas que informan de irregularidades. "Las funciones principales de esta unidad son recibir y gestionar las solicitudes de protección, evaluar el riesgo de represalias, adoptar medidas de protección y realizar todo el seguimiento de la casuística que se da", ha explicado Josep Tomàs Salàs.

El funcionamiento de la Unidad de protección y los servicios a las personas alertadoras

A continuación, el jefe de la Unidad de protección de las personas alertadoras, Àlex Madariaga, ha presentado el funcionamiento del sistema de protección y ha explicado el sentido y alcance del proyecto participativo para la elaboración de la Carta de servicios.

"Hemos detectado que hay un desconocimiento generalizado de lo que se puede hacer y de lo que no en la Unidad de protección", ha expuesto Madariaga y ha añadido que es necesaria una pedagogía para explicar qué hacemos, y ha pedido que para enriquecer el debate hay que escuchar a mucha gente, de opiniones heterogéneas.

Madariaga ha recordado que la Oficina Antifrau es la autoridad independiente de protección de las personas alertadoras en Cataluña y que, como tal, asume funciones como la gestión del canal externo de alertas, la supervisión de los sistemas internos de información y la protección efectiva de las personas alertadoras. También ha explicado lo que establece la Ley 2/2023 sobre la condición de persona alertadora, destacando que la protección se dirige a las personas que facilitan información veraz sobre infracciones del derecho de la Unión Europea o sobre infracciones penales o administrativas graves o muy graves, obtenida en un contexto profesional o laboral y con finalidad de defensa del interés general.

El jefe de la Unidad ha detallado los servicios de los que se pueden beneficiar las personas alertadoras protegidas, entre los que figuran el asesoramiento independiente y personalizado, los requerimientos inmediatos ante posibles situaciones desfavorables, la intervención mediante informes en procedimientos administrativos o judiciales, el ofrecimiento de vías alternativas para prevenir represalias.

Además de la protección formal, Madariaga ha puesto de relieve otros servicios que presta la Unidad, dirigidos tanto a la ciudadanía como a entidades públicas y privadas, como el asesoramiento previo o posterior a una comunicación, la valoración inicial de las posibilidades de reconocimiento como persona alertadora protegida o el apoyo a las organizaciones para gestionar adecuadamente situaciones internas relacionadas con personas alertadoras.

En cuanto a la actividad de la Unidad, ha compartido algunos datos relevantes de 2025 y ha destacado que, a fecha de hoy, la Oficina ya ha reconocido y protegido a más de 80 personas alertadoras.

Una carta de servicios para transparentar derechos, deberes y compromisos

Durante la jornada se ha explicado que la Carta de servicios de protección de las personas alertadoras se concibe como un instrumento de calidad que recogerá, en un documento único, los servicios de protección prestados por la Oficina, los compromisos de calidad asumidos y los derechos y deberes de las personas alertadoras.

Su elaboración responde a la necesidad de transparentar el sistema de protección, comunicar de forma clara la función y los límites de la actuación de Antifraude y definir expectativas realistas en un ámbito especialmente sensible y complejo.

Un proyecto pionero con un proceso participativo abierto

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación del carácter innovador del proyecto. La carta de servicios se elaborará mediante un proceso participativo abierto a la ciudadanía y, de forma destacada, a las personas alertadoras.

Se trata de la primera vez que una autoridad de protección impulsa una carta de servicios a través de un proceso de este tipo, con la voluntad de construir un documento útil, comprensible y compartido.

Miradas diversas desde el grupo motor del proyecto

La jornada ha incluido una mesa redonda en la que miembros del grupo motor del proyecto han compartido reflexiones sobre las oportunidades, dudas y retos del proceso participativo, moderada por la técnica de la Unidad de protección, Aitana Álvarez.

En la mesa redonda ha participado el profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Ismael Peña-López, quien ha expresado que “en el proceso se debe escuchar a la ciudadanía desde el comienzo del proceso, en el diseño y en el propósito, y que la organización sea capaz de cambiarse, incluso de cambiar el propósito de la entidad".

Por su parte, el activista por la protección de personas alertadoras, Jordi Perales Pons, ha dado una visión más humana de las personas alertadoras: "hay que ver qué hay detrás de estas 80 vidas que han decidido alertar de alguna cuestión, el alertador tiene una vida antes, una vida durante y una vida después".

La visión de Antifraude en la mesa redonda la ha añadido la jefa de Relaciones Institucionales, Lourdes Parramon, que ha señalado que "tenemos que dar el mejor servicio a la ciudadanía pero hay algunas limitaciones de otra naturaleza: presupuestarias, técnica, de capacitación, de conocimiento, nosotros no somos psicólogos, pero sí debemos articular".

De izq. a dcha.: Ismael Peña-López, Jordi Perales, Aitana Álvarez, Lourdes Parramon y Àlex Madariaga. Foto: Antifraude

El debate ha puesto el foco en la necesidad de un proceso participativo real, que vaya más allá de la validación de decisiones ya tomadas, y en la importancia de articular compromisos claros sin generar expectativas que no puedan cumplirse.

El proceso participativo se abrirá el 15 de mayo

Para acabar la jornada, la subdirectora de la Oficina Antifraude de Catalunya, Olinda Anía, algunas de las ideas clave surgidas durante la jornada. En primer lugar, ha subrayado el carácter pionero del proyecto, tanto para Catalunya como para la Oficina Antifraude. “Somos, una vez más, pioneros en el desarrollo de un instrumento de calidad como la carta de servicios, aplicada a un servicio final como la protección de los denunciantes. No existe otra experiencia similar en nuestro estado”, ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que ser pionero conlleva retos y riesgos, y que por ello “la participación y colaboración de todos se convierten en un activo esencial y adquieren un valor muy relevante”.

La subdirectora ha explicado además que la futura carta de servicios debe delimitar claramente el alcance de la actuación de la Oficina: “Debe permitirnos aclarar qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo y hasta dónde podemos llegar, y, por consiguiente, qué pueden esperar y exigir los denunciantes de nuestra institución”. En definitiva, añadió, la carta de servicios debe plasmar compromisos claros con la ciudadanía y los denunciantes.

Olinda Anía también ha insistido en que el sistema de alertas debe ser “fácil, útil y seguro”, pero que, más allá de estas características, debe garantizar una protección efectiva para los denunciantes. En este sentido, ha señalado que el proceso participativo debe servir precisamente para definir “cómo hacerlo”. Finalmente, ha destacado el valor democrático del proyecto: “Este es un proyecto que nos permite abrir un espacio para el diálogo, facilitar la escucha activa y reconocer el valor de la participación ciudadana”.Finalment, ha posat l’èmfasi en el valor democràtic del projecte: “Aquest és un projecte que ens permet obrir un espai de diàleg, facilitar l’escolta activa i reconèixer el valor de la participació ciutadana”.

La directora adjunta ha animado a la ciudadanía a participar en el proceso participativo, que se desarrollará en formato online del 15 de mayo al 15 de junio y se complementará con sesiones presenciales los días 2 y 3 de junio, previa inscripción. Toda la información estará disponible en el espacio Decidim de la Oficina Antifraude de Catalunya.

La sesión ha concluido con la proyección de un breve vídeo explicativo sobre el proceso participativo para la elaboración de la Carta del Servicio de Protección de Denunciantes.

Enlace al vídeo de la sesión: https://www.youtube.com/live/P_fXFhPCJ-0