14 de mayo de 2026. El director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Josep Tomàs Salàs Darrocha, ha alertado sobre las principales disfunciones de los sistemas internos de información en el marco de su intervención en el 9º Congreso de Compliance (ONE DAY COMPLIANCE), organizado por la asociación CUMPLEN en la sede de la Universidad Internacional de Catalunya.

Salàs ha intervenido en la mesa redonda titulada 'Sistemas internos de información: confianza, transparencia y protección del informante', moderada por Miquel Fortuny Cendra, socio director de Fortuny Legal y vicepresidente de CUMPLEN. La sesión ha contado también con la participación de Manuel Villoria Mendieta, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; Dunia Florenciano, directora de Advisory-Forensic en KPMG; y Mimmo Santonicola, Country Manager South de EQS Group.

Durante la ponencia, el director de Antifraude ha presentado un trabajo en curso elaborado por la Oficina que identifica 29 factores limitadores del correcto funcionamiento de los canales internos de denuncia previstos en la Ley 2/2023 de protección de las personas informantes. "Hemos hecho una especie de forensic de la propia ley: junto a los aspectos positivos, hemos detectado elementos claramente mejorables", ha explicado.

Un impacto masivo en miles de organizaciones

El director de Antifraude ha diferenciado entre la incidencia cuantitativa de la protección de las personas alertadoras -relativamente reducida- y el alcance de los sistemas internos, que afectan a miles de entidades obligadas. "Los problemas vinculados a las personas alertadoras son cuantitativamente limitados. En cambio, los sistemas internos de información afectan a un número muy elevado de organizaciones y, por tanto, sus déficits tienen un impacto mucho más amplio", ha subrayado. En este sentido, ha recordado que la Oficina Antifrau ha protegido a 84 personas desde la entrada en vigor de la Ley.

Carencias normativas e inseguridad jurídica

Entre los factores detectados, Salàs ha destacado: "la Ley habla de infracciones graves o muy graves, pero esta formulación es demasiado genérica. Es necesario orientar mejor sobre qué es denunciable y qué no lo es".

También ha señalado otros déficits normativos, como la carencia de regulación de infracciones menores, la insuficiente delimitación de conceptos como el interés público o la ausencia de protección específica para los responsables de los sistemas internos. Otro elemento crítico que remarcó es la aplicación de la obligación de canales a entidades con escasa capacidad. "En Catalunya hay cientos de municipios pequeños con recursos muy limitados que tienen dificultades reales para cumplir con lo que establece la ley", ha alegado Salàs.

Por otra parte, el director de Antifraude también ha puesto el foco en deficiencias procedimentales y organizativas en la implementación práctica de los sistemas como la falta de regulación clara de los procedimientos internos, la ausencia de coordinación entre canales internos y externos, las dificultades para preservar la identidad de las personas informantes en procesos judiciales o la inexistencia de obligación de resoluciones motivadas.

A nivel organizativo, ha advertido que a menudo los canales no disponen de los recursos necesarios: "En muchas organizaciones, el sistema existe formalmente, pero no está dotado de los medios humanos y económicos suficientes para funcionar de forma efectiva".

Por último, Salàs ha recordado que las deficiencias en los sistemas internos pueden comportar sanciones importantes: "Las disfunciones en el funcionamiento de los canales pueden constituir infracciones sancionables con multas que pueden llegar hasta el millón de euros". Por eso, ha defendido la necesidad de introducir cambios normativos: "Hay que aprovechar el actual proyecto de ley de integridad pública o bien impulsar una normativa propia en Catalunya para corregir estas disfunciones".

El director ha concluido que la mejora de los sistemas internos de información beneficiaría tanto a las organizaciones obligadas como a las autoridades de protección, y contribuiría a reforzar la integridad institucional.