13 de febrero de 2025. La Oficina Antifraude de Cataluña presenta los resultados del Barómetro 2024 ’La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas’.

La encuesta, realizada a una muestra de 2.000 personas mayores de 16 años, revela que el 82% de la población considera que hay mucha o bastante corrupción en el país, una cifra que se mantiene estable respecto a la edición anterior (2022), que se situaba dos puntos por debajo, pero que representa un aumento significativo si se compara con los datos de 2020, un 67%.

La percepción de la corrupción aumenta respecto al Barómetro de 2022

De los resultados del Barómetro de 2024 se desprende que la percepción de corrupción está asentada en niveles altos: el 82% de los encuestados considera que hay mucha o bastante corrupción frente al 80% del barómetro de 2022. La tendencia, que había ido a la baja desde 2014, este año vuelve a subirse a cifras de hace diez años, en 2014 alcanzó su punto más álgido con dos décimas más que este año (gráfico 1).

Además, este año un 82,5% de los encuestados percibe la corrupción en Cataluña como un problema grave o bastante grave, un porcentaje idéntico que en la ola anterior (gráfico 2).

La edad tiene una influencia significativa en la percepción de la corrupción: casi el 90% de los jóvenes entre 16 y 34 años perciben que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción, mientras que entre las personas de 65 o más años, la cifra baja hasta el 71%.

Aumenta la tolerancia con las conductas corruptas

En el Barómetro 2024 los índices de tolerancia, relativización y justificación de las conductas corruptas son elevados y se aprecian dificultades para identificar conductas corruptas. Por ejemplo, que una persona aproveche el cargo público para beneficiarse de él personalmente no lo consideran corrupto un 43% de los más jóvenes (de 16 a 24 años), mientras que el 29% del total no vería corrupción. Además, que un político vote un proyecto para favorecer a la empresa del hijo lo considera corrupción un 55% de los más jóvenes frente al 70% del total.

La conducta que más justificación recibe es, como en anteriores ediciones, empadronar un hijo en casa de los abuelos para que lo acepten en la escuela deseada (en una proporción mucho más alta, ya que el 42% lo encuentra mucho o bastante justificable, mientras que en 2022 lo aceptaba un 36%) seguida de llamar a un médico amigo para saltarse la lista de espera (26%) o no pagar el IVA correspondiente (25%). Estas conductas han disminuido en aceptación, puesto que en el anterior Barómetro los porcentajes se situaban en un 32% y un 29%, respectivamente.

Llaman la atención las cifras que evidencian las dificultades para identificar la corrupción en graves conductas, que casi serían la propia definición de corrupción. Por ejemplo, un 28% no considera corrupción que un empresario pague por obtener un contrato público frente al casi 22% de 2022, o un 29% no ve corrupción cuando una persona aprovecha el cargo público para un beneficio personal, un porcentaje de aceptación que sube 7 puntos respecto a la anterior ola (gráfico 3).

Los jóvenes toleran más la corrupción que la gente mayor

La edad se convierte en un factor relevante en la normalización de la corrupción. La tolerancia hacia conductas corruptas disminuye en las personas mayores, especialmente en la franja de más de 65 años. Los jóvenes, especialmente en la franja entre 16 y 24 años, presentan unos índices sensiblemente más elevados de aceptación y justificación de las conductas corruptas que el conjunto de la población.

Por ejemplo, un 42% de los jóvenes entre 16 y 24 años considera muy o bastante aceptable que un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite, en contraste con el total de la población encuestada (12%). Que un policía perdone una multa a un amigo suyo, un 45% de los más jóvenes lo considera mucho o bastante aceptable en comparación con el sólo 16% del conjunto de la población.

Los jóvenes de menor edad también tienen mayores dificultades para identificar conductas potencialmente corruptas. Por ejemplo, que una persona aproveche el cargo público para beneficiarse personalmente no lo consideran corrupto un 43% de los más jóvenes, mientras que el 29% del total no vería corrupción. Que un político vote un proyecto para favorecer a la empresa de su hijo lo considera corrupción un 55% de los más jóvenes frente al 70% del total.

Los hombres aceptan más la corrupción que las mujeres

En los umbrales de tolerancia también influye la variable de género. Por ejemplo, que un cargo político contrate a un amigo íntimo por un cargo de confianza es considerado muy o bastante aceptable por el 19% de los hombres, en comparación con un 15% de las mujeres. Si nos fijamos en la variable de ocultar ingresos para pagar menos impuestos sobre la renta, el 21% de los hombres lo encuentran muy o bastante justificable, mientras que un 15% de las mujeres comparten esta opinión. También hay diferencia a la hora de contratar un servicio sin factura para ahorrarse el IVA con porcentajes del 27% de los hombres frente al 23% de las mujeres.

La ciudadanía

Un 70% de los encuestados opina que los catalanes son muy o bastante honestos, mientras que el 30% considera que lo son poco o nada. A la pregunta sobre la confianza interpersonal (medida en una escala del 0 al 10), el 57% cree que se puede confiar en la mayoría de la gente (con puntuaciones de 6 a 10), el 25% cree que no es suficientemente prudente con el trato con los demás (con puntuaciones de 0 a 4), y un 18% se sitúa en una puntuación media de 5.

En cuanto a las posibilidades de la ciudadanía de involucrarse en la lucha contra la corrupción: un 35% considera que puede hacer algo para ayudar a combatirlo, un porcentaje que se mantiene estable respecto al 2022. Lo que se ve como más efectivo es denunciarlo con un 39% proseguido del voto a candidatos netos o partidos que prometan una lucha eficaz contra la corrupción, 25%. Otras opciones incluyen hacer difusión pública del problema (12%) o asociarse o apoyar a organizaciones anticorrupción (20%) (gráfico 4).

En este sentido, la mayoría de las personas encuestadas, un 55,5%, sigue identificando como principal escollo para denunciar un caso de corrupción la dificultad de reunir pruebas (en 2022 era un 50%). Sin embargo, aumenta la confianza en el sistema, ya que más personas creen que el responsable será castigado, la desconfianza afectaba al 45% en 2022 y ahora ha bajado al 34%, y también se ha incrementado el conocimiento sobre dónde acudir a denunciar -en 2022, el 27% no sabía a dónde ir, mientras que ahora sólo es un 21%-. Además, disminuye el miedo a las represalias, que pasa del 37% al 31%.

El 65% cree que los políticos son poco o nada honestos

La visión que tiene la ciudadanía de la política y de quienes se dedican a ella no es buena, aunque la mayoría de parámetros se mantienen estables respecto al año 2022. La percepción de poca o nula honestidad se sitúa en un 65% (gráfico 5). Además, un 80% de las personas encuestadas observa mucha o bastante falta de transparencia en las decisiones públicas. En cuanto a la rendición de cuentas, el 83% considera que los políticos no ofrecen explicaciones suficientes sobre su gestión y el 81% percibe vínculos demasiado estrechos entre negocios y política. Sobre el afianzamiento ilegal de los partidos, un 38% considera que los partidos políticos se financian ilegalmente, un porcentaje que ha disminuyendo respecto a la anterior ola, que se situaba en un 44%.

La honestidad del personal de la administración

En cuanto a la percepción sobre la honestidad del personal al servicio de la administración, el dato ha mejorado respecto a 2022, ya que este año el 40% de la población encuestada considera que, en Cataluña, el personal al servicio de la administración es muy o bastante honesto (frente al 35% en 2022).

Se registra una mínima mejora sobre cómo las situaciones de emergencia (como una pandemia o una catástrofe) pueden aumentar el riesgo de corrupción. Un 80% de la ciudadanía percibe esta vinculación (mucho o bastante), una cifra similar a la de 2022 (79%).

Las administraciones públicas

El servicio público en el que se considera más extendida (mucho o bastante) la corrupción es el de las obras públicas (69%), en segundo lugar el urbanismo (64,5%) y en tercer lugar la justicia (59%) (gráfico 6). Los tres primeros servicios públicos considerados más corruptos y los porcentajes obtenidos se mantienen similares a 2022.

Los partidos políticos (74,5%) son las instituciones en las que se percibe una mayor presencia de corrupción, seguidos de los medios de comunicación (61%) y de las entidades financieras (60%). Las universidades ocupan el último lugar, con un 36% (gráfico 7). Respecto al Barómetro anterior, la primera posición se repite, en cambio se invierte la segunda y la tercera.

Las empresas y los medios de comunicación

Un amplio porcentaje considera que las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés no son suficientemente transparentes, ya que un 74,5% las califica de poco o nada transparentes. Por otro lado, el 68% considera que la información que ofrecen los medios de comunicación sobre los casos de corrupción es poco o nada objetiva, una cifra que no se aleja demasiado de la de 2022 pero sí queda, por debajo, en la distancia, del 75% que así lo consideraba el 2020 (gráfico 8).

Transparencia en las instituciones

La mayoría de catalanes y catalanas encuestados (69%) opina que las administraciones públicas son poco o nada transparentes, una variable que se mantiene estable. El principal motivo aducido por la ciudadanía para no pedir información en poder de la administración es la complicación para hacerlo (42%). Además, otros motivos mencionados son la falta de respuesta, el desconocimiento o la falta de tiempo, por este orden (gráfico 9).

Cuando una institución no da la información que se le pide, la principal razón por la que la ciudadanía cree que no lo hace es que tiene algo que esconder (45%, disminuye cinco puntos respecto a 2022). Además, un 41% lo achaca a que no hay sanciones, mientras que un 28% apunta a que el proceso es costoso y complicado. Por último, un 12% señala que la gente pide cosas absurdas.

Para un 80% de los encuestados, el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos debería estar controlado por un organismo independiente. De este grupo, un 81% considera que este control debería extenderse también a la familia del político.

La lucha contra la corrupción

En opinión del 76% de las personas encuestadas, frente a indicios de corrupción que impliquen un cargo público, la reacción de las instituciones y los partidos debería ser apartarle de sus funciones. Por el contrario, un 17% considera que debería mantenerse en el cargo hasta que se dicte sentencia.

En cuanto a los obstáculos para denunciar la corrupción, la dificultad para reunir pruebas se mantiene como principal escollo para denunciar un caso de corrupción del que se tenga conocimiento para el 55,5% de los participantes. En segundo lugar, un 34% argumenta que existe falta de respuesta del sistema, con la percepción de que el responsable no será castigado. El miedo a las represalias disuadiría al 31% de los encuestados, mientras que un 21% afirma no saber dónde denunciar.

En el ranking de confianza en las instituciones para combatir la corrupción, la Oficina Antifraude de Catalunya ocupa la primera posición, con una puntuación media de 5,73 entre las personas que la conocen o han oído hablar de ella (42%). Le siguen la policía (5,48), las ONG y otras asociaciones (5,19), la justicia (4,95) y, finalmente, los medios de comunicación, la prensa y los periodistas (4,72).

Trabajo de campo

El Barómetro de Antifraude es un estudio que recoge datos sobre la percepción de la corrupción en Cataluña, sobre los niveles de transparencia e integridad en las Administraciones Públicas catalanas y sobre actitudes y comportamientos de la ciudadanía y se realiza de forma bianual desde el año 2010.