La Oficina Antifraude puede actuar, con distinto alcance, en los siguientes ámbitos:
El sector público de Cataluña, que incluye:
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La Administración de la Generalidad: Gobierno y sus departamentos y organismos, agencias y otros entes de derecho público.
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Los entes locales: ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos comarcales, entidades metropolitanas, mancomunidades de municipios, consorcios y otras entidades integrantes de la Administración local.
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El Parlamento de Cataluña.
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Los entes estatutarios y las autoridades independientes.
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Las Universidades públicas y sus entes instrumentales.
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Las empresas públicas.
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Los consorcios.
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Las fundaciones, públicas o privadas, en las que participen organismos públicos.
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Otros entes instrumentales, de derecho público o privado, vinculados a las administraciones catalanas.
Las empresas y entidades privadas y las personas físicas que gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas o reciban subvenciones.
