El Parlamento ha encomendado a la Oficina Antifraude preservar la transparencia y la integridad de las administraciones, autoridades, y funcionarios de Cataluña, con la intención de que se convierta en una de las herramientas para reforzar las buenas prácticas de la Administración y del sector público con el que se relaciona.
Situaciones en las que puede actuar la Oficina Antifraude
A efectos ilustrativos, se recogen a continuación algunas de las situaciones que pueden motivar la actuación preventiva e investigadora de la Oficina Antifraude:
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Uso o destino ilegal de fondos públicos.
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Desviación de subvenciones para fines ajenos a los que determinan su otorgamiento.
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Parcialidad, pago de comisiones ilegales y otras irregularidades en la contratación pública.
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Negociaciones y actividades prohibidas a los decisores políticos, las autoridades y los funcionarios.
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Pagos no admitidos a empleados y autoridades públicas.
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Operaciones urbanísticas que generen un enriquecimiento indebido.
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Arbitrariedades que determinen un acceso desigual a bienes, subvenciones y servicios públicos.
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Aprovechamiento particular y arbitrario de bienes e instalaciones públicas.
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Favoritismo u otras irregularidades en la concesión de licencias, permisos o autorizaciones.
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Conflictos de intereses, incumplimientos del deber de abstención y de la normativa de incompatibilidades.
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Aceptación de regalos o tratos de favor por parte de servidores públicos.
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Uso en beneficio privado de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones públicas.
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Incumplimiento grave de la normativa de acceso a la ocupación pública o de incompatibilidades.
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Falta de neutralidad política o ideológica en la actuación profesional de servidores públicos.
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Toma de decisiones bajo influencias indebidas.
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Tráfico de influencias.
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Lucro patrimonial injustificado de autoridades y funcionarios, derivado del ejercicio de sus responsabilidades públicas.
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Falta de transparencia y presencia de obstáculos indebidos en el acceso a la información pública.
Supuestos en los que no puede actuar la Oficina Antifraude
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No es competente para intervenir en casos de fraude tributario y mercantil, en las relaciones societarias, las que se dan entre empresas y particulares o en los asuntos privados derivados del comercio y del consumo.
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No puede cumplir funciones que correspondan a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la policía judicial, ni puede indagar sobre hechos que sean objeto de la investigación de éstos.
